Fundepro: 309 funcionarios fueron asesinados en 2017
106 de los casos tienen como móvil el robo de arma de fuego a los efectivos. La fundación calificó la cifra como alarmante ante la situación del país.
106 de los casos tienen como móvil el robo de arma de fuego a los efectivos. La fundación calificó la cifra como alarmante ante la situación del país.
Escasez y altos costos operativos merman la impresión y distribución de medios impresos.
¿Quién mató a Juan Pablo Pernalete? Para sus familiares y abogados no hay dudas: un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana. No obstante, la identidad del autor material del asesinato aún no se ha determinado por las fallas en esta y todas las investigaciones sobre los excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado contra las personas que salieron a la calle a protestar contra el gobierno entre abril y julio de 2017.
La asociación civil que promueve los derechos fundamentales de las personas LGTBI del país, recordó que desde 1999 hasta el 2015 el gobierno desestimó legislar a favor de las personas homosexuales aun cuando fueron presentados diversos proyectos de ley ante la Asamblea Nacional.
Una zuliana de 22 años de edad alza su voz para denunciar el horror que sufrió en los calabozos de la policía política, donde permaneció recluida casi dos meses junto con otras mujeres criminalizadas por protestar contra el gobierno. Para proteger a la víctima, Proiuris reserva su identidad. “Si nadie habla esto nunca se va acabar», dice la joven.
El hecho ocurrió a las 10:00 de la mañana en el barrio Sisipa de El Hatillo. Funcionarios aseguraron que hubo un enfrentamiento dentro de su residencia. La policía asegura que el joven era miembro de una banda hamponil.
Todos los presos políticos detenidos desde noviembre de 2017 podrían de ser juzgados en base a una ley que vulnera el Estado de Derecho, carece de legalidad absoluta, y no tiene antecedentes en otras legislaciones del mundo. Expertos consideran que su objetivo busca silenciar la crítica ciudadana.
Las investigaciones sobre los excesos cometidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales se han obstaculizado por el relevo de los representantes del Ministerio Público asignados a cada caso, luego de que Tarek William Saab asumió la conducción de la Fiscalía.
Los comunicadores sociales que documentaron y sufrieron en carne propia los atropellos cometidos por los cuerpos de seguridad contra los que salieron a la calle a protestar contra el gobierno consideran que es muy poco probable que se haga justicia.
La ayuda se tramitaría a través de los fondos de la Organización Panamericana de la Salud y permitiría la provisión de medicinas e insumos para el diagnóstico y tratamiento de muchas enfermedades. Pero es imprescindible la autorización del gobierno, recordó el presidente de Codevida, Francisco Valencia.
Salió a la calle, a protestar contra el gobierno, al menos 60 veces. Aún padece las consecuencias de los maltratos por los cuales responsabiliza a la Policía Nacional Bolivariana. Cuenta cómo fue reprimida y por qué ahora está decepcionada.
De 48 adquiridos en 2012, solo 31 están funcionando, aseguró Alberto Vivas, vicepresidente de la Asociación Civil Familia Metro.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica y a los otros 24 países que integran el sistema regional de protección hacer valer el derecho a la igualdad ante la ley y proscribir la discriminación por razones de sexo, orientación sexual, identidad o expresión de género. Expertos y representantes de la comunidad LGBTI debaten sobre la aplicación del dictamen en Venezuela.
Sin informes oficiales del hospital, la familia Blanco-Flores se basa en los análisis hechos en la clínica donde la joven fue atendida por primera vez.
Los excesos cometidos por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana durante las protestas contra el gobierno entre abril y julio de 2017 dejaron secuelas físicas y psicológicas en las víctimas. Un estudiante de Comunicación Social, cuya identidad resguarda Proiuiris, cuenta lo caro que pagó haber sido solidario.
Representantes de las víctimas de las matanzas de “La Cantuta” y “Barrios Altos” exigieron que se efectúe nuevamente una revisión de las sanciones hechas por la comisión interamericana.
La escasez de materia prima dejó al estado Táchira sin el único impreso de circulación diaria en la entidad.
Freddy Bernal, coordinador nacional de los CLAP, solicitó la creación de la figura de “Fiscal Popular”, para «combatir» los factores que distorsionan la economía nacional.