106 de los casos tienen como móvil el robo de arma de fuego a los efectivos. La fundación calificó la cifra como alarmante ante la situación del país
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Erick S. Gonzalez Caldea | e.gonzalez@proiuris.org
309 miembros de las fuerzas policiales y armadas fueron asesinados en el país durante 2017. Así lo detalla la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro) en su informe anual sobre las víctimas de la violencia en los cuerpos de seguridad de la nación.
En el estado Miranda 58 funcionarios perdieron la vida de forma violenta, en Aragua 50 y en Distrito Capital 42. Estas entidades encabezaron el listado nacional con las cifras más altas de uniformados fallecidos a manos del hampa.
Las instituciones con mayores bajas de oficiales durante el año pasado fueron: la Guardia Nacional (GNB) con 48 fallecidos; la Policía Nacional Bolivariana (PNB) con 41; el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 34; y la Policía del estado Aragua (PoliAragua) con 31. Solo un oficial del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) fue asesinado en 2017.
2017 representó la tasa más baja de homicidios de oficiales en comparación a los últimos tres años, en 2016 la cifra cerró en 344 y 338 en 2015.
En el informe se explica que 63 militares de los diferentes organismos adscritos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) fueron asesinados. La mayoría perteneciente a la Guardia Nacional.
Las muertes de oficiales mujeres representaron 3% de los más de 300 funcionarios asesinados (9 víctimas) y están distribuidas en los siguientes entes de seguridad: 3 Cicpc, 1 PoliLara, 1 PoliAragua, 1 Polizamora, 1 Poliguanipa, 1 GNB y 1 del Ejército.
Según cifras suministradas por la organización no gubernamental, en los últimos cinco años 1.636 agentes de seguridad fueron asesinados de forma violenta.
Asesinados mientras cumplían su labor
83 funcionarios de seguridad fallecieron mientras desempeñaban sus funciones diarias. En la estadística, esto representa 27% de los asesinatos. Por otro lado, 66% de los ataques ocurrieron cuando los oficiales estaban se encontraban en sus días libres.
La organización indica que 106 de los 309 casos tuvieron como móvil el robo de armas de fuegos.
De manera accidental, 9 funcionarios de seguridad perdieron la vida a manos de sus propios compañeros de trabajo, por el uso inadecuado de sus armas; esto representa 7% de las muertes. Para Fundepro la cifra de oficiales asesinados “es alarmante”.
“Los familiares de los funcionarios quedan, en su mayoría, desamparados al fallecer este, quien generalmente era cabeza de familia y quien hacía los aportes más importantes. No existen políticas públicas que garanticen alguna concesión; tramitar alguna indemnización se hace un calvario en términos generales. No hay seguridad económica”, explica Fundepro mediante su informe.
