La organización internacional cuestionó el uso que se ha dado a la Asamblea Nacional Constituyente para promulgar leyes que sancionan penalmente mensajes críticos al gobierno.
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Human Right Watch destacó en su informe 2017 el deterioro de la institucionalidad democrática en Venezuela a través de organismos que responden a los intereses del Ejecutivo nacional en ejercicio de una política de persecución, represión y opacidad contra quienes denuncian y hacen crítica de las políticas públicas y económicas del gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno venezolano ha empleado en forma sistemática fuerza brutal, incluidas torturas, contra manifestantes críticos del gobierno y opositores políticos. Cortesía Human Right Watch.
El texto cuestiona el uso abusivo de la fuerza para enjuiciar y encarcelar de manera arbitraria a más de 5.400 personas que formaron parte de las protestas antigubernamentales entre abril y noviembre de 2017. De esta cifra, 3.900 se encuentra en libertad pero aún enfrentaban causas penales.
“Miembros de las fuerzas de seguridad han disparado municiones antidisturbios a quemarropa contra manifestantes, arrollado con vehículo blindado a personas que se manifestaban, golpeado brutalmente a personas que no mostraron resistencia y llevado a cabo violentos allanamientos en edificios de departamentos”, refiere el Informe.
De acuerdo al informe, 124 personas murieron a causa de las protestas registradas entre el 1 de abril y el 31 de julio, según cifras del Ministerio Público venezolano. En de 50% de estas muertes estuvieron involucrados los cuerpos de seguridad del Estado y miembros de colectivos y simpatizantes del oficialismo.
El texto también refiere al éxodo venezolano hacia países de Europa y Latinoamérica debido al alto costo de la vida, la escasez de alimentos y la crisis sanitaria, hechos que ubican a Venezuela como un país en medio de emergencia humanitaria compleja y que ha sido alertada por representantes de la sociedad civil.
“En 2017, la ministra de salud venezolana divulgó datos oficiales correspondientes a 2016 que indicaban que, en un año, la mortalidad materna aumentó un 65 %, la mortalidad infantil un 30 % y los casos de malaria un 76 %. Algunos días después, la ministra fue despedida. Según Cáritas Venezuela, los casos de desnutrición severa de niños y niñas menores de 5 años aumentaron del 10,2 % en febrero de 2017 al 14,5 % en septiembre de 2017, lo cual traspasó el umbral de crisis establecido por la Organización Mundial de la Salud”.
La Asamblea Nacional Constituyente sigue siendo el centro de la polémica al aprobar y promulgar legislaciones, como la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con la que se sanciona con penas de 10 a 20 años a quienes emitan mensajes que promuevan e inciten el odio a través de medios de comunicación social.
Señalan que Por más de 10 años se ha ejercido un control sobre el uso del espacio radioeléctrico que devino en la suspensión y revocación de licencias para el ejercicio del periodismo a medios de comunicación social cuando el gobierno “lo juzgue conveniente a los intereses de la Nación”, mientras que la legislación nacional permite la suspensión y el bloqueo arbitrarios de sitios web que hacen crítica a la gestión gubernamental.
Funcionarios de seguridad estatal fueron señalados por Human Right Watch como “agentes que detuvieron, agredieron y limitaron a periodistas nacionales y corresponsales de prensa extranjera durante el cumplimiento de sus funciones en coberturas de hechos de interés público en las fuentes de política, salud y sucesos”.
Accede al informe completo de Human Right Watch aquí: Informe mundial. Venezuela, eventos 2017.
