El director general de la ONG Proiuris cuestionó “el silencio absoluto” que han mantenido el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz
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Andreína Domínguez U.
El director de Proiuris, organización no gubernamental de promoción y defensa de los derechos humanos, Nizar El Fakih, considera que existen elementos para presumir que el ex inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) Óscar Pérez y otras seis personas que lo acompañaban fueron ejecutadas.
Durante una entrevista en el programa La Tarde, transmitido este lunes 22 de enero por el canal NTN24, el abogado condenó la opacidad con la que han procedido las autoridades del Estado antes, durante y después de los hechos ocurridos el 15 de enero, en una vivienda ubicada en el sector Araguaney, en El Junquito, donde se ocultaban Pérez y los demás integrantes del movimiento Equilibrio Nacional. Cuestionó “el silencio absoluto” que han mantenido el fiscal general de la República, Tarek William Saab, y el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz.
“Todas estas prácticas de ocultamiento de los cadáveres e intimidación a los familiares parecieran formar parte de una estrategia para tratar de encubrir los hechos”, dijo El Fakih. Aseveró que los videos grabados por el propio Pérez revelan que el ex funcionario policial y su grupo manifestaron estar dispuestos a entregarse, e inclusive que estaban a la espera de un fiscal del Ministerio Público para concretar una negociación. “En esas transmisiones se demuestra una comunicación, un intercambio entre estas personas y los agentes de los cuerpos de seguridad que se encontraban allí”, detalló.
Asimismo, afirmó que el material audiovisual difundido por redes sociales muestra que la vivienda donde se encontraban Pérez y su grupo habría sido impactada por distintos tipos de municiones, disparos de armas de fuego de alto calibre, ráfagas de tiros correspondientes a armamento de tipo militar. “Incluso, unos de los videos indica cómo se habría usado un misil balístico, especialmente diseñado para acciones propiamente militares”, añadió.
El Fakih, destacó que las ejecuciones nos remontan a épocas superadas en el continente, como las dictaduras del Cono Sur, en las que se practicó la ejecución y se intentó evadir cualquier tipo de investigación imparcial, con el propósito de que estas situaciones quedaran en absoluta impunidad.
Recordó que en 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció el caso de Manfredo Velásquez Rodríguez vs Honduras, y que en el fallo incluyó una frase que calificó demoledora: “La práctica de ejecución es frecuentemente llevada a cabo en secreto y es seguida por el ocultamiento del cadáver o la obstrucción de la investigación con el objeto de borrar toda huella material del crimen y procurar la impunidad de quienes lo cometieron”.
El abogado explica: “Quiere decir que en la mayoría de los casos en los que ocurren ejecuciones ocultar el cadáver, impedir que se dé información certera a la opinión pública, impedir a los familiares que accedan a la morgue -algo que es absolutamente normal en cualquier procedimiento en el que hay algún fallecido- son prácticas que ratifican que hay toda una intencionalidad de ocultar la información y confirman la presunción de la ocurrencia de la ejecución. Así lo estableció la Corte IDH en esa sentencia histórica y lo ha ratificado posteriormente”, insistió.
El Fakih rechazó las declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, y del ministro de Interior y Justicia, Nestor Reverol, a través de la cuales felicitaron a los funcionarios policiales y militares que intervinieron en la llamada “Operación Gedeón”. “Los términos usados por estos altos funcionarios dan a entender que efectivamente hicieron uso de dispositivos militares y trataron de asemejar este uso con el empleado contra de células terroristas”, agregó.
Reiteró que las evidencias hasta ahora disponibles indican que durante el operativo no se habría aplicado el uso progresivo de la fuerza y se habrían violado los principios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad. “En un contexto como ese, en el que se encontraban unas personas armadas, siempre se debe agotar la posibilidad de mantener con vida a todas las personas y respetar su integridad. En un Estado de Derecho, si las autoridades tienen elementos para presumir que una persona cometió delito, debe detenerla, investigarla y juzgarla, si fuese el caso, conforme al debido proceso. Pero, en modo alguno, ejecutarla, como todo indica que ocurrió en El Junquito, el pasado 15 de enero”, enfatizó.
