La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de la víctima (Cofavic y Cejil) han emplazado al máximo tribunal hemisférico a hacer una calificación jurídica justa de los los hechos que truncaron el proyecto de vida de la joven y de sus familiares
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Edgar López
Se ha dicho, con razón, que Linda Loaiza lleva en su cuerpo las marcas de todas las violaciones de derechos humanos que se pueden cometer contra una persona. Diez intervenciones quirúrgicas no han borrado las evidencias de la brutalidad extrema del agresor, Luis Antonio Carrera Almoina. Sin embargo, los jueces venezolanos que habrían tenido la oportunidad de mirar a Linda Loaiza de cerca no le creyeron, y consideraron que no estaba suficientemente demostrado que fue víctima de violación sexual. Así pues, Carrera Almoina apenas fue condenado a una pena de seis años de prisión que, ni remotamente, alcanzaría a reparar los daños sufridos por la joven a partir de 2001.
16 años después del ultraje extremo que padeció durante tres meses y 22 días de cautiverio, Linda Loaiza compareció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 6 de febrero de 2017. Cuando el juez Patricio Pazmiño Freire le preguntó qué esperaba del máximo tribunal hemisférico, Linda Loaiza, ahora abogada, respondió con contundencia: “investigación, sanción y reparación”.
Fue enfática al explicar que la víctima no solo es ella sino toda su familia. “Fue una catástrofe”, resumió para indicar que su proyecto de vida y el de sus familiares se truncó después de las atrocidades que sufrieron. Igual advirtió que el victimario no es solo Carrera Almoina, sino también todos los fiscales, jueces y demás operadores judiciales venezolanos que les negaron justicia.
Ana Cecilia, la testigo clave
Después de que Linda Loaiza rindió su testimonio, le tocó el turno a su hermana Ana Cecilia López Soto. “Yo siempre he estado a su lado”, dijo Ana Cecilia. Recordó la primera vez que vio a Linda después de haber sido rescatada: “Estaba en una silla de ruedas, desnuda, con el cabello corto, con una herida inmensa en la cabeza, con el rostro desfigurado y todo el cuerpo amoratado. Mi hermana parecía un monstruo”.
Ana Cecilia fue preguntada y repreguntada incisivamente por la delegación del Estado venezolano, encabezada por Larry Davoe. La intención era desvirtuar los señalamientos de negligencia estatal, con la excusa de que Ana Cecilia estaba al tanto del cautiverio de su hermana y no formuló la denuncia. Sobre esa base, el Estado venezolano hizo un reconocimiento “parcial” de su responsabilidad por las violaciones de derechos humanos en contra de Linda Loaiza. Es decir, reconoció que Linda Loaiza fue víctima de “terribles hechos de violencia” (así lo dijo Davoe), pero no admitió que el Estado fue negligente en la investigación de los hechos, al insistir en que no se formalizó una denuncia.
Ana Cecilia aseguró que sí formuló la denuncia sobre la desaparición de Linda Loaiza ante la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ), y que, posteriormente, volvió a denunciar ante el mismo organismo policial las amenazas de muerte que le hizo Carrera Almoina. La primera denuncia no habría sido recibida, pero la segunda sí. Y hay documentos que lo demuestran, se destacó en la audiencia realizada en San José de Costa Rica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que funge como denunciante, alegó que el Estado venezolano debió conocer la situación de riesgo en que se encontraba Linda Loaiza y actuar oportunamente para evitar daños mayores. Alegó que la falta de recepción de la denuncia no sirve como coartada. Insistió en señalar que en mayo de 2001, dos meses antes del rescate de Linda Loaiza, su hermana Ana Cecilia logró formalizar la denuncia sobre las amenazas de muerte de Carrera Almoina, y que el Estado venezolano incumplió su obligación de investigar.
El presidente de la CIDH y relator para Venezuela, Francisco Eguiguren Praeli, lo planteó en forma sencilla: “¿Dónde si no en la policía se denuncia este tipo de hechos? Podría haber otras instancias para denunciar (como alegó el Estado) pero no hay dudas de que la PTJ era competente para recibir y tramitar eficazmente la denuncia que formuló Ana Cecilia. Incluso, si la PTJ no hubiera orientado a Ana Cecilia sobre la forma adecuada de formular la denuncia el Estado venezolano habría fallado. Indolencia, negligencia, tolerancia anuencia… todo conduce esencialmente a lo mismo, a la responsabilidad estatal por la no investigación oportuna y eficaz de estos hechos”.
Más allá de la violación
Si la violación sexual de una mujer es grave, mucho más lo es la tortura y la esclavitud sexual. En ese sentido argumentaron la CIDH y los representantes de la víctima (el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Cofavic), a efectos de la calificación jurídica de los hechos.
“Solicitamos a esta Corte que califique los hechos como tortura y esclavitud sexual. A tales fines les solicitamos que tomen en consideración los desarrollos jurisprudenciales y doctrinarios aportados por la Corte Europea de Derechos Humanos y por los procedimientos especiales del sistema universal de protección de los derechos humanos de Naciones Unidas en cuanto a la comisión de estos delitos en el ámbito privado, con aquiescencia del Estado”, alegó la CIDH. Recordaron que el ex relator para la Tortura de Naciones Unidas, Juan Méndez, que sirvió como perito en el caso, considera que es posible calificar de tortura actos de violación sexual cometidos por un particular.
Y la representación de la CIDH insistió en la responsabilidad del Estado venezolano: “No se trata de un simple descuido, porque los agentes del Estado descartaron la denuncia formulada por la hermana de la víctima, Ana Cecilia. No se trata de del incumplimiento del deber de prevenir, sino que el Estado venezolano fue aquiescente.”
