Si la Fiscalía venezolana no realiza una investigación efectiva de los excesos en la represión de las protestas antigubernamentales de 2017, el tribunal internacional tendrá una razón adicional para intervenir, explicó el penalista Jesús Ollarves
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María Yolanda García
Si el Estado venezolano no colabora con el examen preliminar que emprendió la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para determinar si en Venezuela se cometieron delitos de lesa humanidad durante las manifestaciones antigubernamentales ocurridas entre abril y julio de 2017, aumentará la posibilidad de que los responsables tengan que rendir cuentas en el tribunal internacional con sede en La Haya.
Así lo aseguró Jesús Ollarves, abogado experto en Derechos Humanos y profesor de la UCV y la UCAB, al ser consultado acerca de los alcances jurídicos de la acción que este jueves anunciara la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda.
Ollarves explicó que en estos casos debe operar el principio de complementariedad, según el cual las instancias internacionales intervienen en la administración de justicia cuando las instancias nacionales no han sido efectivas en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos.
“Si la Fiscalía venezolana actúa correctamente para evitar que los excesos cometidos durante la represión de las protestas queden impunes, la Corte Penal Internacional cesará la averiguación que ha iniciado. Pero si persisten las fallas en la determinación de responsabilidades penales en cada uno de los casos, sobre todo los 121 asesinatos registrados por el mismo Ministerio Público, el tribunal internacional hará lo posible por evitar la impunidad, claro está, previa determinación de que los referidos hechos constituyen algunos de los delitos tipificados en el Estatuto de Roma: genocidio, crímenes de guerra, delitos de lesa humanida y agresión”, advirtió el experto.
“En el Derecho Internacional y en base al criterio de complementariedad ‘o lo juzgas tu o lo hago yo’. Fundamentalmente, lo que ocurre es que muchos de los atropellos cometidos el año pasado no se han investigado eficazmente los hechos”, explica Ollarves.
El abogado lamentó las declaraciones del fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, quien rechazó el anuncio de la fiscal Bensouda. “La información que maneja la fiscal de la Corte Penal Internacional pareciera sesgada” aseguró Saab.
Ollarves dijo: “Lamento mucho la opinión del fiscal. Lo prudente es no adelantar una opinión para defender a ultranza al gobierno ni descalificar las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos. Él (Saab) debe actuar con celeridad. Tiene que tratarse de una investigación real y seria. No se puede subestimar lo que ocurrió”.
Ollarves indicó que si la Fiscalía de la Corte Penal Internacional avanza hacia una investigación propiamente dicha, cada uno de los investigados deberá responder en forma personal, sin fueros ni prerrogativas procesales.