En el capítulo IV “Pobreza, y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales” del Informe País presentado este lunes 12 de febrero, el organismo recalcó que en la actualidad habría un colapso sanitario. De acuerdo a las cifras ofrecidas por Provea y Codevida, la escasez de medicinas e insumos médicos aumentaría 90% este 2018
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Andreina Domínguez
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó que el Estado Venezolano aplique medidas de control mediante el “carnet de la patria” para el acceso a servicios de salud. En el tercer Informe País sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el órgano destacó los artículos 83 y 84 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, en los cuales se establece la “gratuidad de la atención sanitaria sin exigir requisitos”, por lo que calificó de “discriminatorio” que se condicione el derecho a la salud a la posesión de un documento de tendencia oficialista.
“En efecto, según declaraciones públicas del Vicepresidente de la República, Tareck El Aissami del 7 de septiembre de 2017, para acceder de manera gratuita al Plan Nacional de Vacunación –que cuenta con 15.319 puntos de vacunación en todos los estados- debe presentarse el carnet de la patria”, argumentó la CIDH. Recalcó que el 83,49% de la población venezolana mayor de quince años es poseedora del documento que certifica el apoyo al partido de gobierno, según cifras oficiales.
La Comisión manifestó su profunda preocupación ante la escasez y desabastecimiento de medicinas e insumos médicos en el país, lo que ha causado una situación sanitaria alarmante, miles de muertes y empeoramiento de las condiciones de salud de los venezolanos desde 2014. En el ámbito de la salud, la CIDH utilizó como referencia las cifras ofrecidas por Provea y Codevida y aseguró que, según los números de estas organizaciones defensoras de derechos humanos, en la actualidad habría 90% de escasez de medicinas en todo el territorio nacional y un “colapso” de la infraestructura hospitalaria. “50% de quirófanos estarían inactivos y 80% de servicios de diagnóstico estarían inservibles, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hospitales (…) tres millones de personas con enfermedades crónicas habrían pasado al menos un año sin acceder a ningún tratamiento”.
El organismo internacional lamentó que pacientes con diversas patologías se hayan visto obligados a obtener medicamentos mediante otras vías porque el Estado –a quien le compete hacerlo- no los suministra. Las personas con cáncer, VHI o SIDA, párkinson, alzhéimer, hemofilia, deficiencias renales y con trasplantes de órganos son algunos de los más afectados por la prolongada escasez de medicamentos. La CIDH hizo énfasis en la ausencia de tratamientos como quimioterapias, diálisis, inmunosupresores, marcapasos y antiretrovirales.
“Unas 77.000 personas con VIH/Sida registradas para recibir tratamiento por medio del sistema público de salud, están viéndose afectadas por las fallas de entrega regular de los medicamentos antirretrovirales”
La carencia de fórmulas lácteas para los bebés nacidos con madres que viven con VIH u otras enfermedades que les impiden amamantar fue otra de las denuncias presentadas por la Comisión Interamericana este año. “Esta información ha sido corroborada por otros actores de la sociedad civil. Así, distintas asociaciones para la protección de los derechos de las mujeres denunciaron que solo 27% de las embarazadas seropositivas recibían antirretrovirales para reducir el riesgo de la transmisión vertical. Asimismo, indicaron que existía escasez de las fórmulas lácteas para bebés de madres con VIH y de los tratamientos para combatir el cáncer de mamas. También advirtieron la escasez de métodos anticonceptivos, que tenía un impacto negativo en el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”, señala el documento.
Mortalidad en aumento
La situación de niños, niñas, y adolescentes (NNA) así como de mujeres embarazadas resultó “especialmente” alarmante para la CIDH. En el informe se recordó que en 2016 fueron registradas 11.466 muertes infantiles, un aumento de 30,12% respecto a 2015. También se reportaron 756 mujeres que murieron durante el parto, lo que indica un incremento de 65,79% en relación al año anterior. Las cifras fueron reveladas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud y luego de la publicación, el gobierno destituyó a la entonces ministra de esa cartera, Antonieta Caporale.
De acuerdo al informe de la CIDH la situación de los neonatos no ha mejorado. En el primer trimestre de 2016 se registraron “82 fallecidos en el estado Zulia y 71 en el estado de Táchira, lo cual significó un incremento del 25% en relación al mismo periodo de 2015. Este escenario continuó en 2017”. El texto añade que en el mes de agosto “murieron 19 neonatos prematuros en el Hospital Central de Maturín, y de enero a julio de 2017, murieron 100 neonatos en el Hospital Universitario de los Andes por infecciones nosocomiales”.
También aseguran que la negligencia médica, crisis alimentaria y falta de acceso a medicamentos fueron las causas de 10 muertes de personas de la tercera edad entre enero de 2016 y marzo de 2017. La Comisión Interamericana, basándose en las cifras de la Asociación Civil Convite, señaló que en octubre de 2016 “la escasez de medicamentos para la diabetes arterial y la hipertensión insulinodependiente, son las principales causas de morbilidad de los adultos mayores, equivalente al 90,13% y 95,98%, respectivamente”.
“La Observación General N° 14 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas establece que toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad. Además, este derecho debe cumplir con las características de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad”
En el Informe País sobre Venezuela también se denunció la reaparición de epidemias que ya habían sido erradicadas en el país como la malaria y la difteria. Los casos de malaria incrementaron 76% del 2015 a 2016 y para julio de 2017 el aumento fue de 63,1% respecto a julio 2016. “De acuerdo a la Asamblea Nacional, solo en el estado Bolívar, entre enero y octubre de 2017, se habrían registrado 206 mil casos; cifra que podría duplicarse a nivel nacional y se agravaría debido a las dificultades para obtener un tratamiento adecuado. Ello llevó a que la Asamblea Nacional decretara emergencia sanitaria en este estado el 21 de noviembre de 2017. En este contexto, cabe señalar que la CIDH ha recibido información respecto del incremento del número de personas venezolanas que migran a Guyana (hasta 200 por día) en busca de tratamiento contra la malaria y otras enfermedades” recalcó la CIDH. Sobre el rebrote de la difteria, aseguró que habrían sido conocidos 17 casos pero hasta los momentos no hay información oficial.
