La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación por los altos índices de desnutrición en el país, la escasez de alimentos y la falta de acciones efectivas por el gobierno de Nicolás Maduro
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Erick S. González Caldea
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó el uso de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) como un método discriminatorio y de control político y social.
“El acceso a planes de asistencia alimentaria no debe estar subordinado a la manifestación de adhesión a un partido político determinado”, señaló la CIDH en el Informe País titulado Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela, publicado este lunes 12 de febrero de 2018.
“Si bien es cierto que la CIDH saluda que el Estado haya tomado medidas para garantizar el acceso a la alimentación de su población, como la creación de los CLAP, expresa su mayor inquietud por las denuncias de falta de criterios técnicos de este programa y por medidas de discriminación basada en motivos políticos”, reza el documento.
El organismo aseguró que recibió información sobre la carencia de criterios del Estado venezolano para la asignación y periodicidad en la entrega de los productos subsidiados. “Según la información al alcance de la Comisión, este sistema no prioriza la atención de instituciones como las escuelas, entidades de atención a niños, niñas y adolescentes, centros de salud pública y otros contextos donde se encuentran menores de edad”, se precisó.
En el informe se señala que algunos pueblos indígenas, como los Warao, han denunciado que desde la creación del Clap en 2016 no habría mejorado el acceso a los alimentos. Se cita como ejemplo que en la comunidad Yakariyene se les dejó de llevar los productos financiados por el gobierno luego de que hicieran una manifestación. “Las bolsas de los Clap solo serían distribuidas una vez al mes en la comunidad Mata Tapaquire, sin ser suficientes para alimentar a una familia por más de una o dos semanas”, añade el texto.
La Comisión calificó la crisis alimentaria que atraviesa Venezuela como “alarmante” y destacó que ha empeorado en los últimos dos años. El organismo considera que los más afectados son personas en situación de exclusión como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes; privados de libertad, pueblos indígenas y mujeres.
La CIDH lamentó que, a pesar de haber sido solicitadas cifras oficiales sobre la situación alimentaria y nutrición, el gobierno venezolano no las haya suministrado.
“La información brindada por la sociedad civil indica que en 2016 la escasez de productos de la canasta alimentaria alcanzó 82,8%. De otro lado, la Encuesta sobre Condiciones de Vida (Encovi) de ese año sobre alimentación reportó que aproximadamente 9,6 millones de personas ingerían dos o menos comidas al día con la frecuencia ausencia de proteínas en sus platos, existiendo inseguridad alimentaria en 9 de cada 10 hogares venezolanos. Más de 70% de los encuestados señaló que -durante el 2016- había bajado de peso en promedio 8,7 kilogramos, cifra que se incrementaba a 9 kilogramos en el caso de personas en situación de extrema pobreza. El 93,3% de la muestra consideró que sus ingresos eran insuficientes para comprar alimentos”, reza el informe.
Niños, niñas y adolescentes
Para la CIDH es “profundamente” preocupante que diez niños menores de diez años de edad, fallecieran por desnutrición en el país durante los primeros meses del 2017, y que “informaciones recientes indiquen que el número habría seguido aumentando exponencialmente, sin que existan datos oficiales sobre la cuestión”.
Destacó que: “Entre los factores que hace que los niños, niñas y adolescentes más pequeños sufran especialmente las consecuencias del desabastecimiento, se encuentran la escasez y altos costos de productos esenciales para su adecuada nutrición como la leche y sus derivados, alimentos de alto valor biológico, cereales, complementos vitamínicos y suplementos alimenticios. A ello se suma, la prohibición que existiría de vender a los jóvenes”.
A la CIDH le resultó inquietante el mal funcionamiento del Sistema de Alimentación Escolar venezolano, según los datos que tuvieron “al alcance” para realizar el Informe País. El documento sugiere que muy pocas instituciones proveídas por el programa a cargo del Ministerio del Poder Popular para la Educación, tienen la cantidad y variedad adecuada de dotación de comidas. “Los problemas relacionados con los alimentos han tenido un impacto significativo en el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes”, resseña.
La Comisión exhortó al Estado venezolano a garantizar el derecho a la alimentación y dejó claro que para poder solucionar la crisis deben existir “disponibilidad de los alimentos en cantidad y calidad suficiente y accesibilidad de los mismos en formas que sean sostenibles y no dificulten el ejercicio de otros derechos”.
Feminización de la crisis
La CIDH destacó que la mujer integra uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. “Las mujeres deben invertir entre ocho y catorce horas semanales haciendo filas para adquirir los productos regulados por el Estado estando expuestas, durante ese tiempo, a condiciones de inseguridad y violencia”, se señala en el documento.
En el informe también se afirma que la malnutrición las afecta especialmente a las mujeres durante el embarazo y la lactancia. “En estas circunstancias, muchas mujeres han optado someterse a operaciones de esterilización”, recalcó el organismo.
Privados de libertad
También se analizaron las dificultades de los privados de libertad para acceder a los alimentos. Según lo reportado al organismo internacional, los altos costos de los insumos dificultan que parientes y amistades de personas en arrestadas en cárceles y centros de detención preventiva, puedan llevarles comida a diario.
El presunto cobro de coimas por parte de funcionarios a los familiares para permitirles el ingreso de alimentos y la reclusión de personas en zonas alejadas de sus pueblos de origen, dificultan aún más el acceso a la alimentación de los privados de libertad.
“La Comisión recuerda que las personas privadas de su libertad se encuentran en una situación de sujeción frente al Estado, quien actúa como garante de sus derechos. En ese contexto, la CIDH expresa su mayor preocupación por las denuncias realizadas relativas a problemas con la alimentación de los reclusos. Anteriormente, la Comisión ha llamado la atención de los Estados sobre situaciones similares a las descritas. En esa medida, reitera que las personas privadas de libertad tienen derecho a recibir una alimentación adecuada, suficiente y en horarios regulares”, destaca el documento.
La CIDH manifestó que no deben ser dejados de lado la situación de alimentación en los calabozos venezolanos. “Hasta septiembre de 2017, al menos ocho personas murieron por desnutrición en centros de detención preventiva tan solo en este año”, especificó.
Según el informe “de acuerdo a información al alcance de la CIDH para el 2017, el 86,52% de 89 centros de detención preventiva, ubicados en nueve estados, no tenía un servicio de comedor, lo cual impacta de manera directa en el ejercicio del derecho a la alimentación”.
