Francisco Valencia, presidente de Codevida, denunció que pacientes crónicos no cuentan con paliativos para aliviar el sufrimiento por los efectos relacionados a enfermedades como el cáncer terminal.
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David Matos
“2018 comenzó como un tsunami que está arrasando vidas en el país”. Así describió Francisco Valencia, presidente de la Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud (Codevida), la situación de pacientes renales, oncológicos, hemofílicos y tantos otros quienes, además de las dolencias propias de sus enfermedades crónicas, padecen las consecuencias de la escasez y altos costos de los medicamentos.
La crisis humanitaria golpea a diario a estos pacientes. Según Valencia 30 trasplantados presentaron rechazo de órganos en los primeros 31 días de enero, 90% de los centros de salud del país no cuentan con sangre para atender emergencias y existe 95% de escasez de medicamentos de alto costo.
Durante la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional (AI), Valencia responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por la crisis sanitaria que atraviesa Venezuela y que pone en riesgo la vida de 4.000.000 de personas con enfermedades.
“En 2017 advertimos que el gobierno debía tomar medidas urgentes en materia de cooperación internacional para evitar que en 2018 se produjera una situación devastadora. Lamentablemente, no lo han hecho y, es por ello, que este año hemos visto con preocupación y mucha alarma que se están reportando daños irreversibles a la salud, e incluso, la muerte de personas”, aseguró Valencia.
300.000 personas con enfermedades crónicas están en riesgo de sufrir daños irreversibles en su organismo
Codevida registró la muerte de 22 pacientes hemofílicos durante 2017 por no tener acceso a los medicamentos que requerían. En el caso de los pacientes trasplantados, 7 fallecieron debido a la falta de inmunosupresores y medicinas anti rechazos. En enero de 2018, 16.000 personas con problemas renales no pudieron dializarse y otras 30 presentaron rechazo de órganos debido al cierre de 35 unidades de diálisis y la falta de insumos médicos.
La mortalidad materna se ubicó en 65.8% entre 2016 y 2017
El presidente de la ONG aseguró que en el país no existen medicamentos paliativos para personas en etapa terminal. “Las ONG ya no nos damos abasto y el gobierno mantiene una deuda con el sector salud de 5.000.000 de dólares. ¿Qué más quiere el gobierno? ¿Cuántos más tienen que morir? Vivimos momentos dramáticos. Los venezolanos están muriendo con dolor físico y psicológico continuo y este gobierno no ha sido capaz de garantizar plenamente el derecho a la salud consagrada en la Constitución”, aseveró.
Una situación que se agrava
La denuncia de la ONG se suma a las de otras organizaciones como Acción Solidaria (Acsol), Prepara Familia y Acción Ciudadana contra el Sida (Accsi) que de manera reiterada han convocado protestas pacíficas y movilizaciones hacia las sedes de la Defensoría del Pueblo y el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) en la ciudad de Caracas y las principales ciudades del país.
Valencia rechazó el discurso gubernamental que niega la existencia de una emergencia humanitaria compleja y, a su vez, afirma que la situación en Venezuela es controlable. “No existe otra alternativa. Nosotros hemos presentado propuestas de cooperación internacional que no fueron tomadas en cuenta en las mesas de negociación”, dijo.
La propuesta de Codevida involucra la participación de representantes del gobierno y de la sociedad civil, así como del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y requiere de la autorización gubernamental para activar de los fondos de Emergencia, Estratégico y Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). A través de estos mecanismos, se podría proveer medicina e insumos para el diagnóstico y tratamiento de un amplio número de enfermedades transmisibles y no transmisibles de manera inmediata para un período no menor a seis meses.
77.000 personas con VIH/Sida no cuentan con medicamentos antirretrovirales para hacer frente al virus
“El gobierno establece como política de Estado la omisión de la emergencia humanitaria y condena a muerte a miles de personas con situación de salud crónica”, aseveró Valencia.
