La escasez de productos agroindustriales se ubica en 70% y afecta a casi todos los sectores de la población.
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David Matos
La caída de 67% de la producción agroalimentaria en los últimos cuatro años produjo que los venezolanos redujeran, drásticamente, el consumo de alimentos necesarios para mantener condiciones de vida saludables. Ante la escasez de leche, azúcar, quesos, grasas vegetales entre otros productos básicos, la ingesta de calorías disminuyó de 2.441 en enero de 2013 a 1.265 en enero de 2017.
Así lo precisó Juan Luis Hernández, director del Observatorio Venezolano de Seguridad Agroalimentaria, este jueves 22 de febrero, durante la presentación del Informe Anual de Amnistía Internacional correspondiente a 2017. “La crisis alimentaria en Venezuela atraviesa su peor momento en los últimos 50 años”, alertó el experto.
“Los venezolanos no tienen disponibilidad de calorías y proteínas debido a 70% de escasez de los productos agroindustriales. La crisis alimentaria no solo afecta a las personas con menor poder adquisitivo, sino también a todos los estratos de la sociedad venezolana”, dijo.
Hernández cuestionó la opacidad sobre las cifras que mantiene el gobierno. “En Venezuela desaparecieron datos que hacen posible evaluar el sector agroalimentario. Los que vamos a presentar son el producto de 6 expertos que trabajaron con información aportada por sectores productivos”, aseveró.
Hernández precisó que entre 2016 y 2017 el incremento en los precios de las carnes y los huevos se ubicó en 25% y que a partir de ese período, se detectó una reducción de 40% en la ingesta de proteínas.
Vivian Díaz, gerente de Amnistía Internacional reiteró la preocupación de la organización por el impacto que tiene el incremento de la escasez de productos básicos para el consumo humano.
El informe presentado por AI incluye los registros del Centro de Documentación y Análisis Social para los Trabajadores (Cendas) que indican un incremento en el costo de la cesta de bienes de consumo de una familia de cinco miembros de 2.123% desde noviembre de 2016, lo que representa un costo 60 veces superior al salario mínimo.
