Representantes de organizaciones civiles que velan por el derecho a la información en países de América del Sur que participaron en el debate sobre libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos coincidieron que la persecución judicial contra trabajadores de medios es reiterada en investigaciones sobre corrupción.
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David Matos
En 2017 hubo 518 atentados contra el ejercicio periodístico en Venezuela. La cifra forma parte del Índice de Libertades Informativas del Instituto Prensa y Sociedad Venezuela y representa un incremento de 57% en los ataques contra periodistas y medios de comunicación social en el país en comparación con 2016.
La cifra superó las 297 agresiones sucedidas en Ecuador y las 136 en Bolivia en el mismo período y formó parte de las denuncias que presentaron la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Bolivia, Fundamedios de Ecuador y los Instituto Prensa y Sociedad de Perú y Venezuela, asociaciones que velan por las libertades informativas en la región, durante el 167° Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se llevó a cabo este miércoles 28 de febrero.
Representantes de la sociedad civil venezolana se reunieron este martes en la ciudad de Bogotá para denunciar abusos cometidos contra las libertades periodísticas en la región durante 2017.
Marianela Balbi, directora ejecutiva del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela), afirmó que las políticas restrictivas y el abuso de poder de los cuerpos de seguridad del Estado contra periodistas, directivos de medios y empresas de comunicación social son las principales causas de una situación preocupante: 2017 es considerado el peor año para la libertad de expresión y el derecho a la información en Venezuela desde 2002, cuando fue creada la organización en el país.
74% de los ataques contra la libertad de expresión fueron cometidos por funcionarios o instancias estatales
Balbi explicó que las restricciones al acceso a la información de interés público y la censura constituyen un denominador común que impide a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional contar con información en materia económica y social, en un contexto en el que el gobierno no responde eficientemente a las denuncias ciudadanas que surgen por la escasez de alimentos y medicinas. La situación deja a sectores como niños y ancianos, en un estado grave de vulnerabilidad.
IPYS Venezuela alertó que la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente al margen de la constitucionalidad democrática, representa un mecanismo creado para controlar los mensajes a través de medios digitales y propiciar la censura y la autocensura.
El texto legal establece penas con prisión entre 10 y 20 años, además de sanciones administrativas y restricciones en materia de acceso, pluralidad y diversidad para quienes incurran en lo que la ley tipifique como situaciones que inciten a odio.
La organización contabilizó que entre abril y julio de 2017 hubo 54 detenciones contra periodistas mientras éstos se encontraban cubriendo las protestas sucedidas en el Área Metropolitana de Caracas y las principales ciudades del país. Para la representante de Ipys la situación implica un uso desproporcionado de la fuerza pública para impedir el ejercicio reporteril. Algunos de estos reporteros fueron presentados ante tribunales penales y militares.
IPYS Venezuela registró 507 agresiones y ataques contra periodistas y sus herramientas de trabajo
El Estado venezolano ejecutó entre, 2003 y 2017, 70 acciones legales contra reporteros, directivos y miembros de juntas editoriales de medios de comunicación social, de los cuales 31 fueron por el delito de difamación e injuria. “Estas medidas han sido desproporcionadas y se han enmarcado en la aplicación de delitos penales que por su vaguedad resultan violatorios del principio de legalidad y de los estándares interamericanos, como los delitos de difamación”, aseguró Balbi.
La periodista recordó el hostigamiento judicial contra los editores y periodistas del portal Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg, Joseph Poliszuk y Roberto Deniz, quienes debieron abandonar el país por las amenazas y acciones penales ejercidas por la presunta comisión de los delitos de difamación e injuria agravada, luego de la publicación de dos reportajes relacionados con el proceso de distribución de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), plan estatal con el que se distribuyen alimentos a precios subsidiados en sectores de la población.
Cerca de 100 medios nacionales de radio y TV han sido censurados desde que se aprobó la Ley Resorte-Me
Ipys Venezuela denunció que los medios de comunicación social que forman del espacio radioeléctrico son víctimas de inseguridad jurídica, dados los condicionamientos editoriales y administrativos impuestos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) que vela por el cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorte-Me) como condición para otorgarles la concesión (permiso que les permite operar en el margen de legalidad establecida por las leyes venezolanas).
35 diarios han dejado de circular debido a dificultades en la adquisición de papel periódico y otros insumos requeridos en la producción informativa
Hostigados por informar sobre corrupción
En Ecuador hubo 297 alertas a la libertad de expresión en 2017. Para César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamendios la cifra representa, por primera vez en diez años, una disminución de 40% de las agresiones sucedidas si se compara con el año 2016.
Ricaurte considera la gestión del presidente ecuatoriano, Lenin Moreno, tiene que ver con la baja en las cifras. Asegura que desde mayo pasado de 2016 se ha podido registrar un cambio en la administración de medios públicos hacia una línea editorial independiente y se han dejado de utilizar las cadenas nacionales de radio y televisión para señalar, amenazar y criminalizar a periodistas, luego de publicaciones en las que se hayan hecho críticas al papel que desempeñan los funcionarios públicos.
El periodista considera que aunque ahora existe una voluntad política para escuchar a los periodistas y sancionar a los responsables de los ataques, el gobierno ecuatoriano continúa permitiendo que funcionarios como el alcalde del municipio Loja, José Bolívar Castillo, continúen hostigando a trabajadores de medios.
Recordó los seis procesos judiciales que pesaron sobre el periodista Freddy Aponte desde 2007 luego que Castillo lo demandara por el delito de injuria.
Alertó a la Comisión que destacan las agresiones y limitaciones en el entorno digital. “En 2017 se registraron 59 casos que se caracterizaron por acciones de vigilancia por parte de trolls para espiar y hostigar a periodistas, trabajadores de medios y defensores de derechos humanos”, dijo.
El hostigamiento contra periodistas ha empeorado en Perú, donde reporteros de medios independientes han sido amenazados y enjuiciados por el delito de difamación e injuria a partir de investigaciones relacionadas con hechos de corrupción, la trata de personas, narcotráfico, la tala de madera y la minería ilegal.
Adriana León, periodista y coordinadora del departamento de Área Informativas del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, aseguró que la organización representó en 2017 a cinco reporteros que fueron demandados por funcionarios públicos. Explicó que estos procesos judiciales se caracterizaron por la dilación de los mismos.
Destacó que existen 10 proyectos de ley que pretenden condicionar la labor informativa con el fin de que los periodistas revelen su fuente de información, y aquellas con las que se procura condicionar la publicidad oficial.
Marcelo Miralles Iporre, presidente de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) en Bolivia aseguró que en su país se ejecuta una sistematización de la censura a través del aparato estatal para acallar a periodistas y sancionar económicamente empresas de medios de comunicación social para condicionar sus líneas editoriales.
“Hemos pasado de explosiones, atentados terroristas a normas legales e inconstitucionales que metodológicamente declaran la muerte social de periodistas que hacen análisis sobre la gestión gubernamental”, sentenció.
Las ONG hicieron una serie peticiones a los miembros de la CIDH:
- Dado que son varias las ocasiones en las que se ha solicitado una visita in loco sin que esta se haya concretado, solicitamos que la Comisión inste a nuestros Estados a que se establezca un cronograma que permita a la Comisión y al Relator Especial monitorear y elaborar un informe sobre la situación de la libertad de expresión en nuestros países.
- Ante el panorama restrictivo que se impulsa en varios de nuestros Estados, en clara oposición a las recomendaciones y compromisos adoptados en el ámbito internacional, solicitamos se exija garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar órdenes de bloqueos y censura, respetando el derecho a la información.
- Exigir a los Estados actúen de manera eficaz y eficiente para garantizar que los periodistas y los medios de comunicación puedan desempeñar sus funciones libremente, sin presiones económicas, sin procesos injustificados, riesgos, amenazas ni presiones, pero, sobre todo, sin censura previa.
- La Comisión debe exhortar a los Estados su deber de garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas.
