De los 60.000 funcionarios que suman todos los cuerpos de seguridad del país, 5.000 se encuentran en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc)
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Erick S. González Caldea
Venezuela necesita 30.000 oficiales de seguridad en el área de investigaciones penales y criminalísticas para combatir la acción delictiva en el país que en 2018 se podría incrementar. Así lo aseguró el criminólogo Fermín Mármol García, durante el foro Derechos Humanos dentro de la Seguridad Ciudadana, que tuvo lugar en la sede del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice).
Mármol García explicó que en el país debe haber 4 policías por cada 100.000 habitantes, lo que significa formar a 120.000 funcionarios para un país con una población de aproximadamente 30.000.000 personas. Sin embargo, la realidad es que solo hay 60.000 efectivos policiales que deben atender a los 114 entes municipales, 23 estadales y 4 de rango nacional. “Cuando decimos que no vemos policías en las calles, es porque no hay”, agregó.
El abogado reprochó al Estado no priorizar la captación de profesionales capacitados en investigación criminalística, penal y forense. Explicó Mármol García que, en general, los funcionarios realizan tareas diversas, lo cual les impide especializarse y optimizar sus competencias en áreas específicas.
“La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) tiene competencia en drogas, patrullaje, investigación; de las cinco estructuras que lo componen, tres son de investigación. Ninguna las hacen bien”, sostuvo.
Indicó que en el país existen ocho bloques delictivos y que sus acciones violentan los derechos a la vida, a la justicia y a la seguridad ciudadana. Mármol los enumeró: “Los colectivos armados, las fuerzas extranjeras (como la Fuerza Armada Revolucionaria Colombiana), los paramilitares y disidentes de la guerrilla colombiana, los boliches o Frentes Bolivarianos de Liberación, las mega bandas criminales, los pseudo sindicatos (vinculados a los sectores minería y construcción), los pranatos carcelarios y las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y corrupción”.
Mármol García teme que para este 2018 comience a materializarse lo que calificó como una “mutación de delitos como el robo y el hurto” y que se produzcan “saqueos de los hogares por parte de los delincuentes”.
Planes del Estado: “Un bochinche”
“Hay un sistema penal paralelo a los sistemas penitenciarios que el Estado pretende institucionalizar”, sostuvo Luis Izquiel, abogado y criminólogo, mientras explicaba el “Plan de Justicia Socialista” que presentará el presidente Nicolás Maduro para su reelección en los próximos comicios el 20 de mayo.
El plan establece la construcción de Salas de Detención Preventivas para mantener a los detenidos en las delegaciones policiales. Según el abogado, “el cambio de nombre no sirve para nada”.
Advirtió que en el país no se tiene la infraestructura adecuada para tener tantos presos, que actualmente suman 30.000 en centros de detención preventiva más 56.000 privados de libertad en cárceles convencionales.
El criminólogo calificó el próximo plan de gobierno como una “mamarrachada” que no afronta los problemas reales en la seguridad ciudadana. “Se necesitan política serias del Estado para mejorar el sistema judicial de Venezuela, de esta forma se puede construir un camino de cambios, pero no se va a lograr con estas personas. Es urgente un cambio político”, afirmó.
Privados sin comida
Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, indicó que los entes municipales que albergan a 30.000 detenidos no tienen presupuestos para mantenerlo, debido a que las alcaldías no reciben financiamiento para los privados de libertad en las comisarías.
“El presupuesto para las tres comidas de los privados de libertad en cárceles suscritas al Ministerio de Penitenciarías es de 11 bolívares por preso. Eso no alcanza para nada. El Estado está obligado a garantizar la alimentación de estas personas”, señaló.
Explicó que en el país los funcionarios no son entrenados para tener tratos con reos ni detenidos, aúnado al hecho de no haber cárceles de mínima, media y alta seguridad. “Cuando falta un elemento en la estructura del sistema penitenciario, sobre todo en el área de seguridad, salen los presos”, agregó.
Manifestó que los funcionarios de seguridad en las cárceles deben tener una preparación como mínimo de seis meses, para entender cómo funcionan las cárceles. “Los guardias deben ser educadores no represores”, dijo.
