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CIDH propone reconocimiento colectivo de la condición de refugiados a migrantes venezolanos

A través de una resolución publicada este 14 de marzo, el organismo exhortó a los países de la Organización de Estados Americanos a agilizar los trámites legales para brindar una efectiva protección a los que huyen del país.  La Comisión Interamericana reconoció que la migración forzada de venezolanos es consecuencia de la crisis alimentaria y sanitaria, la inseguridad ciudadana y la persecución política

Reporte Proiuris | @Proiuris_VE  | IG: @Proiuris | Facebook: @ProiurisVE 
 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó el éxodo masivo de venezolanos como una “grave y compleja crisis de migración forzada”  y propuso “considerar la adopción de respuestas colectivas de protección (…) entre las que se encuentran la posibilidad de realizar la determinación para el reconocimiento de la condición de refugiado prima facie o de manera grupal; lo que implica el reconocimiento colectivo o en grupo de personas como refugiadas, sin necesidad de realizar una evaluación individualizada”.

La propuesta forma parte de la Resolución 2/18 sobre la migración forzada de venezolanos que había sido aprobada el 2 de marzo, en el contexto del 167 Período de Sesiones que se llevó a cabo en Bogotá, Colombia, y que se publicó este 14 de marzo. El propósito es agilizar los trámites necesarios para que los migrantes venezolanos puedan obtener una protección efectiva  de sus derechos humanos en los países de tránsito y destino.

El documento es enfático en el exhorto a los Estados en cuanto a la condición de refugiados que ameritan los migrantes venezolanos. La CIDH pide “garantizar el ingreso al territorio a las personas venezolanas para buscar protección internacional o para satisfacer necesidades humanitarias urgentes, incluyendo el reconocimiento de la condición de refugiado. Asimismo, se deben adoptar medidas dirigidas a garantizar la reunificación familiar de las personas venezolanas con sus familias”.

Y más específicamente exige protección cuando exista temor fundado de persecución en caso de retorno a Venezuela, o que la vida, integridad o libertad personal estén amenazadas debido a la situación de violencia, violaciones masivas de derechos humanos y perturbaciones graves del orden público.

En el documento se mencionan los posibles mecanismos de protección a los migrantes venezolanos: Expandir canales regulares, seguros, accesibles y asequibles de la migración a través de la progresiva expansión de la liberalización de visas, así como regímenes de facilitación de visas de fácil acceso y/o medidas, tales como protección complementaria, protección temporal, visas humanitarias, visas para visitantes, reunificación familiar, visas de trabajo, residencia, visas estudiantiles y para personas jubiladas, así como programas de patrocinio privado. “Estos canales deben ser accesibles en términos económicos y jurídicos, lo cual incluye asegurar que sean accesibles también para personas venezolanas que por razones ajenas a su voluntad no cuenten con la documentación usualmente requerida para estos trámites”, se agrega.

La CIDH considera  que “la grave crisis política, económica y social que afecta Venezuela persistirá, en tanto las condiciones de graves violaciones a derechos humanos sigan ocurriendo”. El organismo considera que la situación tiene repercusiones transfronterizas, por lo cual requiere de una respuesta regional e internacional basada en la responsabilidad compartida y el respeto y garantía de los derechos humanos de los migrantes venezolanos.

 

Las razones de la huida

“La CIDH considera que las violaciones masivas a los derechos humanos, así como la grave crisis alimentaria y sanitaria que viene enfrentando Venezuela como consecuencia de la escasez de alimentos y medicamentos, han conllevado al crecimiento exponencial de cientos de miles de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar hacia a otros países de la región en los últimos años, como una estrategia de supervivencia que les permita a ellas y sus familias preservar derechos tales como la vida, la integridad personal, la libertad personal, la salud y la alimentación, entre otros”, puntualizó el organismo de la Organización de Estados Americanos sobre las causas del éxodo masivo de venezolanos.

Pidieron al gobierno de Nicolás Maduro celeridad en la entrega de medicinas el 8 de febrero de 2018 | Foto Mikel Ferreira

En el documento se insiste: “…un gran número de personas venezolanas se han visto forzadas a huir de Venezuela como consecuencia de violaciones a derechos humanos, la violencia e inseguridad, y la persecución por opiniones políticas. Asimismo, para hacer frente a los efectos que vienen ocasionando la crisis generada por la escasez de alimentos, medicamentos y tratamientos médicos; y la dificultad para el cobro pensiones, entre otros”.

La CIDH destaca que el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos ha impactado con mayor severidad “…a grupos en situación de exclusión y discriminación histórica, como niños, niñas y adolescentes (NNA), mujeres, personas mayores, pueblos indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, personas con enfermedades y personas en situación de pobreza”.

El organismo citó registros del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para el 31 de enero de 2018: 133.574 solicitudes de asilo, mientras que otros 350.861 venezolanos optaron por otras alternativas migratorias para estancia legal. Según el organismo de las Naciones Unidas, los principales destinos de los migrantes venezolanos son: Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Estados Unidos de América, Panamá, Costa Rica, Trinidad y Tobago, México, Argentina, Chile, Uruguay y Canadá.

 

Migrar es un derecho

La CIDH enfatizó que migrar es un derecho humano, por lo cual reiteró su preocupación por los cierres de frontera acordados unilateralmente por gobierno venezolano: con Colombia en agosto de 2015, con Brasil en diciembre de 2016 y con Aruba, Curazao y Bonaire en enero de 2018.

La situación de desabastecimiento que se vive en Venezuela llevó a que más de 200.000 personas cruzaran la frontera el 23 de febrero de 2016 en busca de víveres y medicinas | Juan Pablo Bayona. Revista Semana.

“Esta situación obstaculiza el derecho de todas las personas a salir libremente del territorio venezolano, así como al derecho a solicitar y recibir asilo, protección complementaria u otra respuesta de protección. Por otra parte, como consecuencia de la inseguridad alimentaria y la escasez de medicamentos, la CIDH ha observado una dinámica migratoria que ocurre diariamente y que tiene que ver con el cruce de fronteras de personas venezolanas a países vecinos en búsqueda de alimentos y medicinas”, se precisa en la resolución 2/18.

El desconocimiento de los migrantes venezolanos sobre sus derechos es parte del problema, considera la CIDH: “Ante la falta de canales legales, regulares y seguros para migrar, muchas personas no han tenido otra opción que recurrir a canales clandestinos que provee la migración irregular, a través de riesgosas rutas terrestres y marítimas. En muchas ocasiones, estas personas desconocen sus derechos o condición como personas sujetas de protección internacional. Adicionalmente, muchas de estas personas se encuentran en situaciones de especial de vulnerabilidad, las cuales requieren ser abordadas desde un enfoque diferenciado y la adopción de medidas de protección especial”.

 

Y fuera de Venezuela más violaciones

Si, como señala la CIDH, la migración forzada de venezolanos obedece a la violación de derechos humanos en el país, quienes huyen también sufren el menoscabo de sus derechos en los países de destino.

La CIDH también manifestó su preocupación por rechazos en frontera, expulsiones o deportaciones colectivas, la dificultad de muchas personas venezolanas para obtener pasaportes u otros documentos oficiales exigidos por algunos Estados para regularizarse o ingresar de forma regular a sus territorios, pagar los costos de las solicitudes de visas y el acceso igualitario a derechos en los países de destino

“Entre los múltiples desafíos que enfrentan las personas venezolanas al migrar –continúa la resolución publicada este 14 de marzo- , también se destacan los obstáculos para obtener protección internacional, la discriminación, las amenazas a su vida e integridad personal, la violencia sexual y de género, los abusos y explotación, la trata de personas, la desaparición de migrantes y refugiados, el hallazgo de fosas clandestinas en zonas fronterizas y rutas migratorias con restos que se presumen de personas venezolanas y la falta de documentos de identidad; así como obstáculos en el acceso a asistencia humanitaria, particularmente acceso a vivienda, salud, alimentación, educación y otros servicios básicos”.

La CIDH también tuvo noticia de casos de personas extranjeras que adquirieron la nacionalidad venezolana y que luego fueron privadas arbitrariamente de la misma, así como del riesgo de apátrida que enfrentan las hijas e hijos de personas venezolanas que han ingresado de forma irregular al territorio de otros países.

En el análisis de la situación por parte del organismo de la OEA también se incluyen la explotación  de migrantes venezolanos y desplazamientos de comunidades: “Pueblos indígenas, tales como los Wayuu, Warao y Yukpa, también se han visto afectados, viéndose forzados a abandonar sus territorios de origen. Estas personas tienen que viajar distancias largas y suelen encontrarse en una mayor situación de vulnerabilidad, al no contar con recursos para comprar comida o buscar vivienda y no hablar el idioma del país en el que se encuentran”.

“La CIDH también tiene información sobre graves prácticas xenófobas y discriminatorias en contra de personas venezolanas en países de tránsito y destino, entre las que destacan insultos, abusos de autoridades y particulares, extorsión, así como discursos que estigmatizan y criminalizan las personas venezolanas al culparlas de aumentar los índices de violencia en sus países y quitar empleos a los nacionales. Asimismo, como consecuencia de su situación de extrema vulnerabilidad y pobreza, muchas personas venezolanas se encuentran más expuestas a ser víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, prostitución forzada, explotación laboral, servidumbre y prácticas análogas a la esclavitud, entre otras”, se especifica en el documento.

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