Defensores de derechos humanos coinciden en advertir que el uso artificioso de la jurisdicción castrense constituye una práctica cada vez más recurrente del gobierno de Nicolás Maduro con el objetivo de inhibir las manifestaciones públicas de descontento por la profundización de la crisis política, económica y social de Venezuela
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David Matos
Foro Penal registra 12.178 detenidos desde de enero de 2014, cuando comenzaron a desarrollarse las primeras protestas masivas en contra de Maduro. De esta cifra, 7.194 personas se encuentran sujetas a procesos penales en curso y 786 civiles han sido procesados por tribunales militares. 241 son considerados presos políticos y 126 fueron presentados en tribunales militar. Solo 25% está condenado y el resto permanece detenido preventivamente.
Gonzalo Himiob, directivo de la ONG, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro amenaza, detiene, procesa y tortura con hazaña con el fin de enviar un mensaje claro a los venezolanos: “Soy capaz de atentar contra tu vida si levantas la voz contra mí”.
Himiob asegura que existen 3 categorías que los gobiernos autoritarios utilizan para perfilar y criminalizar al disidente, según los parámetros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH) de las Naciones Unidas, como 1) personas que movilizan grupos a título personal, como el político Leopoldo López; 2) personas que son detenidas por el grupo al que pertenecen, como estudiantes y periodistas, y 3) personas criminalizadas para justificar la ineficacia del gobierno, como la detención de funcionarios de la Policía Metropolitana, luego de la muerte de venezolanos en los hechos del 11 de abril de 2002.
El abogado aseguró que la persecución y el hostigamiento recrudeció en mayo de 2017, luego que la ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, entrara en conflicto con el gobierno nacional al no pedir la privativa de libertad para manifestantes por ejercer su derecho constitucional a la protesta. “El Tribunal (Supremo de Justicia) comenzó a desconocer la llamada de los fiscales con el fin de castigar a los imputados y por eso vemos que muchas personas deben estar libres pero continúan detenidas”, aseveró.
Explicó el Estado comenzó a enjuiciar a civiles en tribunales militares para recrudecer la represión contra cualquier manifestación antigubernamental durante las protestas ciudadanas, entre abril y julio de 2017.
La bota que aplasta la protesta social
Marino Alvarado, coordinador de investigación del Programa Venezolano en Acción-Educación en Derechos Humanos (Provea), aseguró que la justicia militar venezolana se emplea como instrumento para asediar la disidencia y controlar la protesta social.
Alvarado aseguró que la persecución emprendida por el gobierno venezolano tiene el mismo propósito y utiliza los mismos métodos que los gobiernos autoritarios de hace 50 años:
- Violación a la inmunidad.
- Juicios sumarios y masivos.
- Detención de líderes sociales
- Señalamientos previos contra civiles, a través de descalificativos como conspiradores y terroristas.
- Expedientes judiciales amañados.
- Obstáculos para el derecho a la defensa.
El defensor de derechos humanos advirtió que los artículos 123, 124, 474, 478, 486, 487, 501, 502 y 505 del Código Orgánico de Justicia Militar, entre los que destacan los delitos de ultraje y ataque al centinela, son utilizados por los tribunales para castigar cualquier comportamiento que el gobierno venezolano considere subversivo.
“Entre 2015 y 2016, alrededor de 35 personas fueron juzgadas en tribunales militares por gritar a militares cuando se encontraban haciendo filas para comprar alimentos. Existe el caso de una mujer de 60 años que permaneció 18 meses detenida por haber rasguñado a un militar en una cola. Al final, se determinó que la ciudadana no había cometido delito alguno”, dijo.
Provea ha denunciado que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no aplica los criterios y la jurisprudencia del sistema de protección de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que prohíben el enjuiciamiento de civiles por la jurisdicción militar.
TSJ, firme y a discreción
Alí Daniel, director de Acceso a la Justicia, considera que el derecho militar se encuentra a destiempo y responde a un código que se ha ido superando en las sociedades democráticas.
Daniels afirmó que el TSJ se encuentra sumido a la institución militar, pues precisa que el máximo órgano tarda un promedio 9 días para dar respuesta a las solicitudes que hace el presidente Maduro, mientras que un ciudadano recibe respuesta en un promedio de 1.100 días.
El abogado considera que las decisiones del máximo órgano de justicia dejar ver quién ostenta el poder y cómo se respeta a la casta militar activa en Venezuela, pues 51% de los casos militares decididos por la Sala Político Administrativa del TSJ corresponde a militares activos que resultaron favorecidos.
Corrupción verde oliva
Mercedes De Freitas, directora de la ONG Transparencia Venezuela, afirmó que el control de militares activos y retirados abarca todas las esferas del poder y la administración pública y nacional.
De Freitas precisó que de 32 ministerios existentes el año pasado, 12 estaban bajo la responsabilidad de personal militar, como los de energía eléctrica, hábitat, vivienda, transporte y obran públicas. Entre ellos, destaca el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, debido a que de los once funcionarios que han estado al frente del gabinete desde su creación en 2004, diez han sido militares.
La Fuerza Armada Venezolana tiene luz propia en la corrupción, un informe publicado por Transparencia Venezuela en enero de 2018, precisa que de 1.329.191.000 de bolívares asignados al sector militar el año pasado, 76% (1.099.588 millones) se destina a gastos distintos a los de seguridad y defensa. “Se orientan a sectores controlados por el poder militar sin ninguna incidencia directa y clara para la defensa de nuestra soberanía”, refiere el texto.
El informe también advierte que funcionarios militares bajo la responsabilidad de ciertas áreas manejan presupuestos con privilegio en el manejo de dólares preferenciales o contrataciones sin licitación, por lo que se afirma que los venezolanos están ante un riesgo muy alto de corrupción.
La directora de la ONG afirmó que la mayoría de los recursos humanos y financieros de la Fuerzas Armadas están dedicados a áreas ajenas a su función principal. “Solo 6 de los 33 entes adscritos al Ministerio de Defensa, tienen objetivos directamente relacionados con la defensa y seguridad de nuestra soberanía, y estos 6 entes manejan solo 24% de los recursos asignados a la FANB”, dijo.
