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Venezolanas migrantes son víctimas de esclavitud moderna

Pobreza, violencia, inseguridad social y alimentaria, inflación, corrupción y deserción escolar son los principales factores que inciden en el repunte de casos de personas que son víctimas de esclavitud moderna en el país
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David Matos

198.800 venezolanos vivían en situación de esclavitud moderna para el año 2016, según el Índice Global de Esclavitud. La cifra ubica a Venezuela en el puesto 18 de los 167 países evaluados en el instrumento e indica que 44 de cada 100 personas se encuentran en situación de vulnerabilidad ante el deterioro en las condiciones de vida de los ciudadanos.

Este análisis forma parte del noveno volumen de la serie Monografías Visibilizando el Delito Organizado: Trata de personas, trabajo forzoso y esclavitud moderna, un estudio diagnostico presentado el lunes 26 de marzo de 2018 por defensores de derechos humanos en el que precisaron que las modalidades más conocidas de esclavitud moderna son: 1) trabajo forzoso u obligatorio, 2) explotación sexual comercial, 3) servidumbre por deudas, 4) matrimonio forzado o servil y 5) tráfico ilegal de personas.

Lilian Aya Ramírez, consultora y capacitadora para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) afirmó que el perfil de las víctimas de esclavitud moderna en Venezuela son mujeres jóvenes, madres solteras, sostén de hogar y migrantes. “Estos crímenes no solo existen en el país sino que empeoran con el paso del tiempo ante la ausencia de política públicas y cifras oficiales que permitan responder de manera eficiente a las diferentes formas de esclavitud”, dijo.

Aya Ramírez aseguró que el Estado venezolano debe determinar los factores de riesgo y el perfil de las víctimas para elaborar una legislación con enfoque en derechos humanos que pueda garantizar los derechos de estas personas y sancionar a los culpables. “El problema es multifactorial y se suscita en escenarios de pobreza, violencia, inseguridad social y alimentaria, inflación, corrupción y deserción escolar”, afirmó.

En 2014 hubo 60.900 víctimas de esclavitud moderna en el país, mientras que en 2016 se registraron 198.800. Esto representa un incremento de 300% en dos años, según del Índice Global de Esclavitud.

“La prohibición de la esclavitud, servidumbre o trata de personas está prevista constitucionalmente, y aunque no existe una legislación específica sobre el tema, existen disposiciones en Leyes Orgánicas que intentan orientar a los operadores de justicia en la represión y sanción de este flagelo. No obstante, estas disposiciones son insuficientes para poder prevenir a la población, así como judicializar y criminalizar a los operantes de estos delitos en el país”, refiere el estudio.

Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), aseguró que las mujeres, los migrantes, los niños, los grupos indígenas y las personas transgénero son quienes suelen estar más expuestos a las redes nacionales e internacionales de esclavitud, siendo los factores de riesgos latentes que inciden en el incremento del número de casos la migración forzada, la influencia de género y la servidumbre por deuda.

Borges precisó que, además de los factores de riesgos, la situación debe abordarse desde la situación generalizada de violencia, el deterioro socioeconómico del venezolano y la ausencia de un Estado de Derecho que facilita las condiciones mínimas de seguridad y bienestar de la sociedad, lo que se convierte en un elemento incidente de potenciales víctimas de trata de personas.

En el bautizo del estudio monográfico estuvo el embajador del Reino Unido en Venezuela, Andrew Soper; el Jefe Adjunto del Departamento de Derechos Humanos y Democracia de la Cancillería británica, Steven Fisher; el Director Ejecutivo de Paz Activa, el sociólogo Luis Cedeño; y las expertas-autoras de la publicación, Lilian Aya y Beatriz Borges.

Existen 40.000.000 de personas víctimas de esclavitud en el mundo. 71% son mujeres y niñas que procuran mejorar su calidad de vida y enviar dinero a sus familiares, según del Índice Global de Esclavitud

El Arco Minero empeoró el problema

Fernando Fernández, abogado penalista y miembro del Observatorio de Delito Organizado, aseguró que en la década de los años 80 y 90 incrementaron los casos de esclavitud moderna en Venezuela debido a la minería ilegal que comenzó a registrarse con el ingreso de garimpeiros desde Brasil hacia el estado Bolívar y la tolerancia que grupos de la Fuerza Armada ante estos escenarios.

Fernández aseguró que los victimarios de la explotación minera en el país pueden ser organismos estatales, organismos paraoficiales u organismos guerrilleros que actúan de manera impune y con la aquiescencia del Estado. “Poco a poco pasamos de una explotación artesanal a una explotación industrial ante hechos de corrupción en los que se permitió la participación de grupos delictivos y criminales organizados”, dijo. Advirtió que esta situación ha empeorado con el fomento gubernamental de la minería a pequeña, mediana y gran escala en el estado Bolívar, a través del Arco Minero del Orinoco.

El abogado asegura que la explotación de materiales crudos, como el coltán y el oro, se rige por negociaciones irregulares que facilitan la explotación laboral a través de mano de obra no supervisada y esclavista con la que no se pagan impuestos ni se garantiza la normativa establecida en la legislación industrial.

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