El abogado Jesús Ollarves considera que la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre la lista Tascón representa un avance, pues deja en evidencias las represalias que puede aplicar un gobierno, en este caso el venezolano, contra los ciudadanos por la expresión de opiniones contrarias a los intereses del oficialismo
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Erick S. González Caldea
Para Jesús Ollarves -uno de los cinco abogados que llevo a cabo el proceso de investigación y denuncia del caso Rocío San Miguel Sosa y otras vs Venezuela- la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida el 30 de mayo de 2018, según la cual la aplicación de la lista Tascón constituyó una desviación de poder y un mecanismo de discriminación por razones políticas, “estableció unos estándares importantísimos para que las víctimas puedan demandar al Estado por la violación de sus derechos humanos”.
Héctor Faúndez, Juan Carlos Gutiérrez, Alejandra Rodríguez y Mariana Romero también forman parte del equipo de asesores legales de Rocío San Miguel, Magally Chang y Thaís Peña, quienes además contaron el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, liderado por las profesoras Ligia Bolívar y María Gabriela Cuevas
Ollarves señala: “Estamos convencidos de que se hizo justicia. No era un caso fácil porque el tema probatorio era complejo. Decidir sobre la base de la reconstrucción de indicios y presunciones fue una tarea complicada. De hecho, el voto parcialmente disidente de la sentencia deja en evidencia la complejidad del asunto, pero también del comportamiento antidemocrático, tiránico y violatorio de derechos humanos de las autoridades que, para esa época, quebrantaron los derechos fundamentales de las víctimas”.
Recordó que para la fecha “no se han investigado los hechos, no se han reparado integralmente a las víctimas; y lo peor es que el honor nacional ha quedado comprometido frente a la comunidad internacional. No es un chiste que cuando se hable de Venezuela inmediatamente se le imponga la impronta de violación de derechos humanos”.
—¿Es obligatorio que el Estado cumpla la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos?
—Sí, es una obligación del Estado cumplir, de buena fe, con los puntos resolutorios de la sentencia. De no cumplir con el fallo, significaría una violación adicional de la Convención Americana y de los estándares establecidos en la propia sentencia.
—¿Cuál es la relación de esta sentencia con los últimos eventos electorales en Venezuela?
—Esta sentencia es muy importante porque visibiliza el ventajismo y el chantaje que utilizó el presidente Nicolás Maduro en los últimos comicios presidenciales, específicamente al proponer un canje de votos por bonos; oferta electoral que quedó anulada por una resolución posterior del Consejo Nacional Electoral. Esto es inmoral y violatorio de los derechos humanos. Además, pone en evidencia esa maquinaria diabólica de usar el carnet de la patria para discriminar al ciudadano que exprese una opinión contraria al gobierno.
—¿Esta sentencia es aplicable en otros países de América?
—Los criterios de esta sentencia son vinculantes para todos los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esas consideraciones las hace el Magistrado Eduardo Ferrer Mac-Gregor, que ha sido reiterativo en la importancia de que los tribunales nacionales apliquen el control de convencionalidad y el diálogo jurisprudencial, partiendo de los estándares que emanan de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
—¿Cuál fue el trámite para que este caso llegara a la Corte IDH?
—Lo primero que hay que señalar es la persistencia y dignidad de tres mujeres que fueron perseguidas y humilladas por el Estado. La participación y compromiso del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello fueron determinantes. Hay que resaltar la labor de las profesoras Ligia Bolívar y María Gabriela Cuevas, quienes dirigieron a un grupo de investigadores que sistematizaron toda la información necesaria para presentar el caso con solidez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte Interamericana. También fue determinante la dirección del profesor Héctor Faúndez Ledezma, que inicialmente representó a las víctimas ante las instancias internacionales. Pero nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y colaboración de muchas víctimas, e incluso, de funcionarios del Estado, quienes pidieron que su identidad no fuera revelada, y que adversan esas prácticas delictivas y violatorias de derechos humanos. Ellos aportaron información necesaria para identificar a los responsables de estapolítica de persecución. Aún siguen colaborando con nosotros.
—¿Fue fundamental la participación de personas cercanas al Estado?
—Sí, hay muchos funcionarios y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela que tienen una convicción clara y que no estuvieron de acuerdo en usar prácticas de persecución política. Colaboraron dando información de personas y medios utilizados para perseguir a Rocío San Miguel, Magally Chang y Thais Coromoto Peña. Eso es verdad.
—Si es evidente que el Estado venezolano viola los derechos humanos ¿por qué es tan difícil que se investiguen, juzguen y sanciones en los tribunales del país?
—Porque, lamentablemente, en Venezuela estamos ante una política sistemática de persecución. No se averigua porque el Estado está consciente que no va a investigar a sus autoridades por la ejecución de una política represiva. Si tuviera la intención de investigar los hechos y condenar a los responsables de violación de derechos humanos ya lo hubiera hecho. Es evidente la política estatal para aplicarle represalias al ciudadano por disentir políticamente. Es una política de Estado. Desde la lista Tascón hasta la reciente instrumentación del Carnet de la Patria, el Estado ha sofisticado sus mecanismos de discriminación»
—¿En cuanto al derecho a la libertad de expresión, cuál es el avance?
—La sentencia dejó claro que se cometieron represalias contra las personas que firmaron la activación del referendo revocatorio. Lo que constituye una restricción directa a la libertad de expresión.
—¿Después de esta sentencia, cuál es el próximo paso?
—El próximo paso es exigir al Estado venezolano que cumpla y demuestre ante la comunidad internacional el cumplimiento de los compromisos que voluntariamente ha adquirido. Eso una aspiración por alcanzar.
—¿Realmente el Estado llegará a cumplir con el fallo?
—En el buen Derecho, lo que se espera es que el gobierno cumpla con los tiempos establecidos de esta sentencia y de otras en las cuales ha resultado condenado. La única forma de lograr eso es que el Estado y sus altas autoridades apliquen la triada necesaria de una sociedad democrática: democracia, Estado de Derecho y justiciabilidad de los derechos humanos.
—¿Esto se cumple en Venezuela?
—Esa triada no se cumple en Venezuela. Y lo que espera la ciudadanía es que el gobierno de un giro de 180 grados y transforme su política tiránica en una democrática.
—¿Qué puede hacer el ciudadano frente a este tipo de mecanismos estatales de discriminación por razones políticas?
—Lo primero es que esto no se repita, ni en este ni en otros gobiernos. Segundo, el Estado debe investigar y sancionar las violaciones de los derechos humanos. También crear un programa de capacitación, dirigido a todos los funcionarios públicos, para enseñarles qué es lo que no deben hacer, basándose en los estándares establecidos en esta sentencia emitida por la Corte. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Publico deberían crear una instancia para atender a las víctimas de discriminación por razones políticas, puesto que esto puede ser tan letal como un hecho de sangre.
—¿Qué tan grave puede ser?
—Ver a las víctimas puede ser muy fuerte. Ver cómo a un ser humano se le destroza un proyecto de vida por el simple hecho de no demostrar una partidización política. Es inmoral.
