50 de los excarcelados desde el primero de junio podrían regresar a prisión cuando el gobierno, a través de la Asamblea Nacional Constituyente, lo decida. Proyecto Libertad y la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia exigieron respeto al debido proceso
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Erick S. González Caldea
Del total de 52 presos políticos excarcelados a partir del primero de junio de 2018, solo Dylan Canache, de 16 años de edad, y Juan Pedro Lares, de 24 años, obtuvieron libertad plena. El resto, 50, sigue sometido a procesos penales y podría regresar a prisión cuando el gobierno lo decida con la absoluta discrecionalidad con la que ha actuado en este tipo de casos. Así lo precisó la abogada Ana Leonor Acosta en nombre de las ONG Proyecto Libertad y Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.
A la mayoría de los excarcelados se les impuso la obligación de presentarse periódicamente ante los tribunales que dirigen sus causas, así como prohibición de salir del país y de expresarse a través de los medios de comunicación social, incluyendo las redes sociales.
“No hay detalles de todos los casos, puesto en algunos no se han realizado los actos procesales para informarles a los procesados cuáles son los límites de su libertad condicional, pero todos tienen prohibición de salir del país”, agregó.
Sobre las restricciones a la libertad de expresión, Acosta considera que sólo se podría prohibir a un procesado referir públicamente detalles del proceso en su contra. “El gobierno ha entendido estas medidas como restricciones totales”, acotó.
Acosta aseguró que 49 de los excarcelados ya cumplieron parte de su pena, por lo cual podían optar a medidas de libertad anticipada establecidas en la ley. Son derechos, no beneficios.
Los registros de Proyecto Libertad indican que aún hay 400 presos políticos en las cárceles del país. Explicó que de la lista de las personas privadas de libertad por razones políticas: 19 son mujeres, 190 son civiles y 150 son militares. “Solo en este año han encarcelado a 92 militares”, indicó.
Este jueves Alfredo Romero, director de Foro Penal, informó que su organización tenía contabilizado 302 presos políticos. Acosta no desmintió la cifra de la otra organización, pero señaló que la coalición “revisa periódicamente las denuncias y los casos de las personas privadas de libertad por razones políticas. Puede haber un margen de error. Esta es solo una referencia de la cantidad total”.
María Gabriela Guerrero, esposa de Merino Rojas, uno de los presos políticos que permanece recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, ubicado en el Helicoide, exigió – entre lágrimas- al gobierno de Nicolás Maduro y a los llamados gobernadores garantes que “no se olviden de los que siguen privados de su libertad por pensar diferente”.
“Los estamos esperando. Estamos trabajando arduamente y sin violencia, porque queremos que liberen a todos los presos políticos”, manifestó.
Patricia Ceballos, esposa del ex alcalde Daniel Ceballos, y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, exigió un pronunciamiento claro por parte de las autoridades, y explicó que “se mantienen las exigencias al Gobierno para que se le otorgue libertad plena a todos los presos políticos”.
Lilian Tintori, esposa del dirigente opositor Leopoldo López, quien permanece bajo arresto domiciliario, desmintió algunos rumores que indicaba que los abogados del ex alcalde de Chacao están negociando su libertad plena. “No hemos tenido comunicación con ninguna persona del régimen, pero a Leopoldo lo tienen que liberar”, afirmó Tintori.
