Los abogados defensores de Fred Mavares y Reggie Andrade, trasladados el 11 de julio a la cárcel “26 de Julio”, exigieron a la jueza Luisa Romero que ratifique la orden de excarcelación emitida por el Tribunal Séptimo de Control de Caracas, el 8 de agosto de 2016
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Erick S. González Caldea
Fred Mavares y Reggie Andrade, detenidos el 20 de junio de 2016 junto con otros 12 funcionarios de la Policía Chacao por su presunta vinculación con el asesinato del periodista Ricardo Durán, aún están presos, a pesar de tener una orden de excarcelación, emitida el 8 de agosto de 2016 por el Tribunal Séptimo de Control de Caracas a cargo de la juez Luisa Andreína Romero Campos, luego de que se determinara que no había pruebas que los vincularan con el homicidio.
Otros doce policías de Chacao detenidos por el mismo caso salieron de los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional –Sebin-, donde estaban recluidos desde diciembre de 2017. Pero Mavares y Andrade fueron trasladados a la cárcel 26 de Julio en San Juan de Los Morros y allí siguen presos.
Sus familiares exigen que se cumpla la orden de excarcelación y acusan al director del Sebin, Gustavo González López, de impedir la liberación y de violar, sistemáticamente, los derechos humanos de los policías.
“Freddy y Reggie han sido prisioneros del general Gustavo González López. Él ha sido su carcelero. Él ese el responsable de las violaciones de los derechos humanos sufridas por los funcionarios en las celdas del Sebin”, explicó Andrea Santacruz, abogada de los dos policías encarcelados.
Informó que denunciarán a la Vicepresidencia de la República, a cargo de Delcy Rodríguez, como ente controlador del Sebin, así como al Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, por inacción al no cumplir con su papel como entes garantes de la aplicación de la justicia.
«Son responsables el Director del Sebin y los funcionarios actuantes, pero también la Vicepresidencia de la República (ente al que está adscrito el Sebin), el Ministerio Público y la Defensoría porque conocen lo que está sucediendo y no actúan”, señaló Santacruz.
Además, responsabilizó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de que los funcionarios continúen detenidos, ya que en esa institución reposa un amparo, solicitado en 2016, a favor de Mavares y Andrade.
Santacruz también cuestionó el traslado de los polichacao a la cárcel 26 de Julio. “Ese traslado lo hicieron de forma arbitraria y fuera del marco jurídico venezolano. El director del Sebin no debe hacer eso. No puede ser que esté fuera de la ley. Hasta ahora, el director de esa cárcel, Ramón Perdiguer, no ha brindado información de los detenidos ”, señaló la abogada.
Santacruz exigió a la jueza Romero que ratifique el documento que exige la excarcelación de los dos funcionarios o solicitarán un amparo constitucional contra su tribunal en los próximos días.
“Ciudadana juez, habilite el tiempo para que esta grave situación termine. En sus manos está el cese de violaciones sistemáticas de derechos humanos como el derecho a la libertad, a la defensa, al debido proceso, a la comunicación e incluso a la integridad física y la vida” agregó.
Desde el 16 de mayo de 2018, cuando hubo un motín en las instalaciones del Sebin, Fred Mavares y Reggie Andrade no han tenido comunicación ni con Santacruz ni con sus familiares.
“Hace una semana pedimos un habeas corpus para tener certeza del estado físico y psicológico de Fred y Reggie. No han dado respuesta”, explicó la directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana. Santacruz agregó que la denuncia formulada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está activada y fue actualizada con los últimos acontecimientos.
Llamado a Iris Varela
Yamile Zorrilla de Mavares, esposa de Fred Mavares, hizo un llamado a la Ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, para que libere a los dos policías. “ Sus vidas corren peligro en esa cárcel común. Ya es hora de que los liberen. Ellos son hombre libres”, afirmó.
Zorrilla vio cuando trasladaron a Mavares y Reggie la madrugada del 11 de julio. “Desde ese día, no supe más nada de él. Intentamos hablar con los funcionarios de la cárcel 26 de Julio, pero allí no nos dejaron pasar. Ni siquiera verlo de lejos”, relató.
Lismar de Andrade se sumó a la exigencia: “Ya son dos meses que no veo a mi esposo. Con Reggie tengo 3 hijos. Mi bebé cumplió ayer 1 año y él no estuvo ahí. Mi hija pasó a primer grado y él tampoco estuvo ahí. Le pedimos a Iris Varela, ministra de Asuntos Penitenciarios, que tome cartas en el asunto y los libere. Estamos sufriendo. Esto es, física y psicológicamente, una tortura”.
Créditos foto principal: Venepress
