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Indígenas mueren de mengua y el Estado es el responsable

La crisis de la salud pública en Venezuela tiene un impacto extremo en los pueblos y comunidades originarios.  El Observatorio de Ecología Política de Venezuela advierte que se ha llegado al borde  de una catástrofe multiétnica

Reporte Proiuris | @Proiuris_VE  | IG: @Proiuris | Facebook: @ProiurisVE

El derecho a la salud es otra de las deudas con los indígenas venezolanos que pesa sobre el Estado. “Lejos de haberse resuelto el problema secular de los pueblos originarios, en estos últimos años se ha dado un retroceso inaceptable e injustificable, fruto de la negligencia absoluta y la falta total de voluntad política para lograr revertir una catástrofe multiétnica, cuya amenaza hace muchísimos años creíamos haber superado”, denunció el  Observatorio de Ecología Política de Venezuela, a través de un comunicado.

La organización integrada por los defensores de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas por Esteban Emilio Monsonyi, Aimé Tillet, Emiliano Terán Mantovani, Francisco Javier Velasco, Liliana Buitriago, Edgardo Lander y Juan Manuel Planas, manifestó su preocupación por los efectos de la emergencia humanitaria compleja en un sector de la población permanentemente marginado y desatendido por el Estado.

“La población indígena es la que suele tener mayores riesgos de contraer numerosas enfermedades como el sarampión o la difteria (prevenibles con vacunas); tienen mayores probabilidades de morir por estas y otros males como la desnutrición, la tuberculosis, la anemia, las parasitosis intestinales o complicaciones en los partos; tienen altos índices de mortalidad infantil (en algunos pueblos son muy elevados) y la esperanza de vida al nacer puede ser muy inferior a la media nacional”, se indica en el documento.

Precisaron que el brote de malaria ha sido uno de los acontecimientos que ha afectado a los pumé-yaruro en Apure; la de una enfermedad desconocida pero letal entre los yukpa y barí en Perijá; el sarampión entre los warao y yanomami. También se refieren a la migración forzada de los warao hacia Pacaraima y Boa Vista, en el estado de Roraima en Brasil.

“Todo esto se suma al señalamiento de ya larga data sobre la presencia masiva de VIH entre los warao de Delta Amacuro; unido a severos brotes de malaria en comunidades indígenas de los estados Bolívar y Amazonas que vienen acaeciendo desde hace unos 2 o 3 años, lo cual ha provocado defunciones en comunidades joti, eñepa y wotjuja. Esta situación se despliega en diferentes grados en gran parte del territorio nacional”, sostienen en el comunicado.

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela también denunció la militarización de las comunidades indígenas asentadas en los estados Bolívar y Amazonas: “Están acompañadas por la prédica de que todos tenemos que ofrendar nuestras vidas en caso de algún conflicto bélico, sin considerar el hecho de que nuestra población indígena no sobrepasa al 3% de la población nacional y que a una parte mayoritaria de ella no le interesa la guerra”.

La minería ilegal es otra de las amenazas al hábitat, y por tanto, a la vida, de los pueblos y comunidades indígenas, particularmente en Guayana, se refiere en el comunicado, sin mencionar expresamente al Arco Minero del Orinoco, al proyecto extractivista fomentado por el Estado venezolano a pesar de la oposición  de buena parte  de los aborígenes directamente afectados:  “El acelerado incremento de enfermedades como la malaria está estrechamente vinculado con el crecimiento de este tipo de minería, además de generar violencia sobre las comunidades y desplazamientos forzados”.

 “Estamos llegando a un punto límite: tiene que haber una respuesta inmediata y sistémica por parte del Estado, principal responsable de garantizar los derechos a la vida, salud y nutrición de toda la población”, prosigue el documento. Afirman que la situación representa un serio peligro para la sobrevivencia de los aborígenes y de sus aportes para un diálogo en pos de la salvación del planeta.

En el comunicado la organización solicita como medida de corto plazo un plan de atención y vacunación debido a que peligra la vida de numerosos integrantes de esos pueblos y comunidades. Asimismo puntualiza: “Exhortamos al Ministerio del Poder Popular para la Salud, el Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, la Dirección General de Salud Indígena e Intercultural, la representación de OPS/OMS en Venezuela, la Defensoría del Pueblo y los demás entes gubernamentales responsables en la materia, a dar prioridad a la problemática de salud y alimentación de los pueblos indígenas e implementar con urgencia acciones adecuadas y efectivas”.

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