La decisión del juez Helder Girão Barreto, de la Sala Primera de la Justicia Federal de Roraima, intenta equilibrar el número de migrantes en ese estado con el proceso de reubicación ejecutado por el gobierno brasileño. El internacionalista Sadio Garavini indicó que el fallo pone en evidencia las dificultades de otros países para atender a los venezolanos que huyen del país por la emergencia humanitaria compleja
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Arturo Guillén
El juez Helder Girão Barreto emitió el domingo 5 de agosto una decisión a través de la cual suspende la admisión de venezolanos que ingresan por el estado fronterizo de Roraima. “Decido cautelarmente suspender la admisión y el ingreso a Brasil de inmigrantes venezolanos, hasta que se alcance un equilibrio numérico con el proceso de interiorización y se creen condiciones para una acogida humanitaria en el estado de Roraima”, expuso.
El internacionalista Sadio Garavini señaló que la decisión puede deberse a una presión ejercida hacia el Poder Ejecutivo brasileño por parte de políticos y empresarios de Roraima. “Roraima es un estado pobre y los servicios públicos están colapsados. La migración de venezolanos ha sido motivo de preocupación, no solo para las autoridades de Boa Vista, sino también para países como Colombia”, indicó.
El presidente de Brasil, Michel Temer, inició en abril de 2018 el proceso de interiorización de inmigrantes venezolanos, que consiste en su reubicación en varias ciudades del país amazónico. El objeto de la medida es descongestionar el estado de Roraima, en el cual se concentran una gran parte de los migrantes de Venezuela. El dictamen del juez responde a un recurso judicial interpuesto por el Ministerio Público Federal (PMF) y la Defensoría del Pueblo de la Unión (DPU), las cuales pedían la suspensión de un decreto emitido por ese estado.
Garavini apuntó que el problema sanitario, así como la gran cantidad de refugios en Boa Vista, han motivado esta decisión. “Una medida así era de esperar dada la situación”, afirmó. En reiteradas ocasiones las autoridades de Roraima han explicado que no tienen la capacidad para atender a los 500 inmigrantes venezolanos que, diariamente, cruzan la frontera de ese país.
Aunque el juez emitió la decisión el domingo, aún no se ha hecho efectiva debido a que las autoridades y los órganos pertinentes no han sido notificados oficialmente.
