El juez Helder Girão Barreto había ordenado el bloqueo temporal de la frontera hasta que hubiese un equilibro en el número de migrantes venezolanos que ingresan al estado de Roraima

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 Arturo Guillén

 Rosa Weber, magistrada del Supremo Tribunal Federal de Brasil, falló en contra de la decisión tomada por el juez Helder Girão Barreto, de la Sala Primera de la Justicia Federal de Roraima, de fecha 6 de agosto, que ordenaba suspender el ingreso de venezolanos por la frontera del país amazónico.

Weber indicó que el dictamen de Barreto no es justificable porque  considera “una solución fácil” cerrar las puertas a los venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria compleja que asola al país. También instó a resolver la crisis del estado de Roraima (debido a que los servicios públicos colapsan por la gran cantidad de demanda) de acuerdo a los estándares constitucionales e internacionales que pregonan los derechos humanos. Asimismo pidió que el juez sea notificado sobre esta resolución.

Gustavo Rocha, ministro de Derechos Humanos en Brasil, señaló en un comunicado que el cierre de la frontera de Brasil con Venezuela es “innegociable”. Weber consideró que el cierre de la frontera va contra la Constitución de Brasil, la Ley de Migración de ese país y los tratados internacionales ratificados por la nación suramericana.

En abril del presente año, la gobernadora de Roraima Suley Campos, del Partido Progresista (PP), pidió el cierre temporal de la frontera con Venezuela por la “omisión del gobierno federal en cumplir su papel constitucional de control de la frontera, sobrecargando el estado”. El presidente de Brasil, Michel Temer, criticó en ese momento el pedido de la mandataria regional, en el que sostuvo que cerrar las fronteras no iba en consonancia con la actitud del país.

Roraima es uno de los estados más pobres de Brasil y ha recibido a 50.000 venezolanos, lo que ha aumentado de forma significativa la demanda de los diferentes servicios públicos de la entidad. Por ello la gobernación alega no tener la capacidad requerida para atender esa demanda.

El gobierno brasileño declaró en febrero de 2018 que Roraima está en “situación de vulnerabilidad”. Desde entonces las autoridades de ese país han realizado un proceso llamado interiorización, el cual consiste en trasladar inmigrantes venezolanos a diversas ciudades de Brasil con el objetivo de descongestionar la gran cantidad de personas que habitan el estado.