En promedio, 16 adultos mayores perdieron la vida mensualmente en hechos violentos mayoritariamente vinculados al robo y al secuestro, indica el informe de la Asociación Civil Convite denominado “Vejez en riesgo”
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Betania Franquis Prada
La delincuencia desatada y la negligencia del Estado acabaron con la vida de 499 adultos mayores durante 2017. El informe de la Asociación Civil Convite denominado “Vejez en riesgo” revela que 16 personas de la tercera edad perdieron la vida mensualmente en hechos violentos.
Desde enero hasta diciembre del año pasado cobró fuerza el homicidio intencional perpetrado contra personas de entre 55 y 80 años de edad. En el monitoreo de 61 portales web que realizó la organización 245 víctimas eran hombres y 74 mujeres.
Francelia Ruiz, coordinadora de la investigación, explicó este martes 7 de agosto, durante la presentación del informe, que 200 ancianos fueron asesinados al ser robados o resistirse al robo. Sobre los móviles destaca, en segundo lugar, la venganza con 31 homicidios. En otros 71 decesos se desconoce el motivo.
La crueldad recrudece contra los más débiles. Hubo 109 muertes por heridas de arma de fuego, seguidas de otros 88 asesinatos provocados con arma blanca. La asfixia mecánica violenta ocupa el tercer puesto con 38 casos documentados en 19 estados del país.
Ruiz indicó que los crímenes violentos están dirigidos a personas que están solas y desasistidas. La monotonía de los hábitos cotidianos, según la especialista, es uno de los factores que incide en la perpetración de los hechos delictivos. “Los delincuentes rastrean a este tipo de personas que se han quedado solas producto de la diáspora. Para el hampa son un colectivo apetecible”.
Cinco casos fueron calificados de feminicidio. Los registros incluyen riñas, secuestro y sicariatos. En 34 de los homicidios está por determinarse la causa de la muerte.
Familiares y personas cercanas a los adultos mayores han cobrado preponderancia como potenciales victimarios. En 17 casos documentados por la asociación estuvieron involucrados los hijos, nietos, vecinos y parejas de las víctimas.
Las entidades con las tasas más altas de homicidio son: Gran Caracas (84), Zulia (39) Aragua (28), Monagas (25), Anzoátegui (20) Lara (20) Barinas (12), Falcón (9), Trujillo (9) Sucre (8) Táchira (6) Cojedes (5) Vargas (4) Apure (3), Guárico (3) Portuguesa (1).
La investigación determinó la responsabilidad directa del Estado en 153 muertes asociadas al irrespeto de los derechos humanos fundamentales.
Luis Francisco Cabezas, director de Convite, aseguró que el año pasado 24 personas de la tercera edad murieron mientras hacían cola para cobrar la pensión o comprar alimentos. En accidentes viales y arrollamientos relacionados al uso de las perreras y la falta de transporte murieron otros 104 ancianos.
La escasez de comida, los altos precios y la falta y medicamentos genera depresión en quienes padecen enfermedades crónicas y degenerativas. Datos de la asociación civil señalan que al menos 25 adultos mayores se suicidaron durante el 2017, a causa de la desesperación por no conseguir tratamientos. La escasez de fármacos de alto costo los obliga a recorrer en promedio 8 farmacias.
La protección social ofrecida por el presidente Nicolás Maduro no abarca toda la población a partir de los 55 años .De 4 millones de personas en edad pensional , al menos 900.000 están fuera del programa, aseguró Cabezas.
Ruiz coincidió con Cabezas al afirmar la responsabilidad del Estado en el número de muertes asociadas al colapso del sistema económico. “Los malhechores actúan sabiendo que no pagaran. El Estado se ha convertido en cómplice y es su responsabilidad garantizar una mejor calidad de vida”. Hasta la fecha en solo 45 de los 499 asesinatos han sido determinados los responsables.
