Francisco Fernández Marugán, Defensor del Pueblo español, le propuso al presidente, Pedro Sánchez, que otorgue una protección temporal a ciudadanos venezolanos mientras están en el país europeo
La Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) indicó que 10.350 venezolanos solicitaron protección internacional en España en 2017, y 11.805 lo hicieron hasta septiembre de 2018. Las autoridades informaron que han otorgado 26 solicitudes de asilo, 15 de ellas en 2017 y 11 en lo que va de año, reseño la agencia EFE.
El Defensor del Pueblo español, Francisco Fernández Marugán, propuso al gobierno de Pedro Sánchez que de una protección temporal a ciudadanos venezolanos mientras se encuentran en España, al considerar como “casi nula” la tasa de reconocimiento de la condición de refugiado por parte de las autoridades de su país.
La propuesta de Fernández Marugán tiene lugar luego de constatar el alto número de solicitudes de protección internacional de venezolanos pendientes de resolver (17.969 a finales de junio), ya que solo se aprobaron tres solicitudes de asilo.
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Fernández Marugán recomendó al gobierno de España que realice una declaración general de protección temporal para este grupo de personas, del que una gran parte se encuentra en una situación de “extrema vulnerabilidad”.
“Se trata de la fórmula más razonable dada la limitada capacidad de actuación de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y la precariedad en la que viven muchos venezolanos en España”, apuntó.
La declaración de protección temporal, que tiene una duración de un año prorrogable hasta un máximo de tres, está prevista en la legislación española para casos de afluencia masiva de personas desplazadas procedentes de terceros países no miembros de la Unión Europea que no puedan regresar al suyo en condiciones seguras y duraderas. Con ella, los venezolanos que están en España, añade el Defensor, podrían disfrutar de derechos como libertad de circulación y de residencia, del permiso de residencia, autorización de trabajo o acceso a servicios sociales y sanitarios en caso de no disponer de recursos suficientes.
