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Adultos mayores en Venezuela, entre la criminalidad y el hambre

La ONG Convite informó ante la CIDH que los homicidios de personas de la tercera edad aumentaron 50% entre 2016 y 2017. Los representantes de la sociedad civil rechazaron la exigencia del Carnet de la Patria para el pago de pensiones

Arturo Guillén 

Exigir el carnet de la patria para el pago de pensiones es un mecanismo de control político inadmisible. Así lo expuso Luis Francisco Cabezas, director de la ONG Convite, durante su participación en la 169 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Colorado.

Cabezas afirmó que Venezuela no cuenta con programas para atender el envejecimiento avanzado de la población, según los estándares internacionales, pues, entre otras razones, el Estado no ha suscrito la Convención Americana para la Protección de Personas Mayores.

Señaló que el informe de victimización de personas mayores elaborado por Convite indica que en 2017 hubo321 homicidios, lo que representa un incremento de 50% con respecto a las 213 adultos mayores asesinados en 2016.

En la audiencia, Convite aseveró que la organización visitó 96 geriátricos y pudo constatar que 26% manifestaron que han tenido que eliminar comidas para rendir la despensa de alimentos, mientras que 31% tuvieron que disminuir la porción de comida con el mismo propósito.

En el encuentro también participó Marino Alvarado,  miembro del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), quien habló de la emergencia humanitaria compleja y la necesidad de aceptar la ayuda humanitaria para atender la escasez de medicinas. Alvarado exigió al Estado la efectiva cancelación de los pagos de las pensiones.

Alvarado agregó: «La falta de información pública dificulta conocer el alcance de las políticas públicas, por ello aplaudo que el Estado de Venezuela presente datos que no son conocidos en el país. Exhorto al también al Estado permitir la visita de la CIDH”.

Argumentos del gobierno

Larry Devoe, agente del Estado venezolano, refutó los argumentos de los activistas de derechos humanos, pero admitió la sujeción del pago de pensiones al Carnet de la Patria: «Hoy todos aquellos que tienen el carnet de la patria inmediatamente al cumplir la edad reciben su beneficio de pensión».

Pese a que las organizaciones civiles consideren el carnet de la patria como un método de control político, Devoe insistió que se tiene que estar inscrito en el sistema para beneficiarse de él, como en cualquier otro país del mundo.

En cuanto a los geriátricos visitados por Convite, Devoe argumentó que los presentados en la sesión pertenecían a la gobernación de Miranda y no al gobierno central. Aunque en la actualidad el gobernador del estado, Héctor Rodríguez, integra las filas del PSUV, partido del gobierno.

Comunidad LGBTI

Las organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBTI no pudieron asistir al periodo 169 de sesiones de la CIDH por falta de recursos. Sin embargo, la comisionada Flavia Piovesan, manifestó su preocupación por la situación de esa comunidad en Venezuela, dada la emergencia humanitaria compleja que afecta al país.

Los representantes de Convite y Provea se refirieron también en torno a la situación de quienes integran la comunidad LGBTI están en estado de vulnerabilidad, mientras que Devoe dijo que “en Venezuela los crímenes por identidad de género tienen una pena mayor que los demás delitos”.

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