Doce organizaciones de derechos humanos participaron en la elaboración del informe Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, el derecho a la Salud, en el que se evalúa el deterioro sistemático del sistema sanitario en el país
Arturo Guillén
18,7 millones de personas en Venezuela, con condiciones de salud de mayor prevalencia, incidencia y mortalidad, no tienen acceso a diagnósticos ni a tratamientos. Así lo indica el informe Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, el derecho a la salud, publicado por 12 organizaciones no gubernamentales del país.
En el texto se señala que desde 2015 el país sufre una emergencia humanitaria compleja que ha originado un deterioro sistemático del sistema de salud nacional. Por ello las ONG advierten que la denegación de medicinas y de atención médica en los servicios de salud públicos, unido a la extrema pobreza e inseguridad alimentaria, “han incrementado y cambiado los patrones de enfermedad, discapacidad y mortalidad en el país”.
En el documento se apunta que “desde hace 3 años, 18,7 millones de personas no tienen garantías de acceso a diagnósticos ni a tratamientos. Entre ellas, 7,4 millones de personas hipertensas y 2,4 millones con diabetes según estudios recientes; 23,6 millones con infecciones respiratorias agudas (42% menores de 5 años) y 2,2 millones que sufren de diarreas (39% menores de 5 años) de acuerdo a los reportes el Ministerio de la Salud hasta 2016; más de 400.000 con malaria y 300.000 con condiciones crónicas graves”.
Hasta agosto de 2018, de mantenía una escasez de 79,9% en medicamentos para controlar la hipertensión, 83,3% para diabetes, 85% para diarreas y 95,6% para infecciones respiratorias agudas, según documentó Convite. “A estas cifras se agrega el agotamiento de la insulina y la insuficiente dotación de medicamentos antipalúdicos”, se lee en el informe.
Migración del personal médico
La migración es otro de los problemas que ha tenido que enfrentar el sector salud. Según el documento, 55% del personal médico, 24% de enfermería y 30% de bionalistas, la mayoría de ellos del servicio de salud pública, renunciaron a sus puestos de trabajo y emigraron del país. A esa cifra se le suma la ida de Venezuela de 22.000 médicos, entre especialistas y residentes, cuya mayoría prestaba servicios en las áreas de pediatría, medicina general, emergencia y cirugía del sistema sanitario público, se han ido del país.
“Esta cifra representa una pérdida de al menos 55% del personal médico capacitado sobre un total de 39.900 registrados por la Organización Panamericana de la Salud en 2014”, se puntualiza en el informe.
A las renuncias del personal médico se han sumado las de 6.600 bionalistas (33% de 20.000 en total) y de 6.030 enfermeras (24% de unos 24.500 según OPS en 2014), lo cual ha aumentado hasta 74% el déficit de 50% en personal de enfermería que arrastraba el país.
Muertes infantiles y maternas
Los niños y las mujeres son víctimas de la continua y acelerada destrucción del sistema de salud en Venezuela. Las estadísticas oficiales indican que de 2015 a 2016 la escala de muertes infantiles subió en 30% y en 66% las muertes maternas y que sigue en ascenso en 2018, con los agravantes de la desnutrición y las epidemias.
“Entre 2015 y 2016, las muertes maternas crecieron en 66%, alcanzando una tasa de mortalidad de 140 embarazadas por 100.000 nacidos vivos, y siguieron ascendiendo durante 2017 y 2018”, se refleja en el texto. En 2017, se lee en el documento, 25.000 embarazadas nunca habían recibido control prenatal y solo 15.000 a partir del octavo mes. “Hasta agosto de 2018, 48% de las embazadas en parroquias pobres tenía algún grado de desnutrición y 21% desnutrición severa, según Cáritas”.
Las muertes infantiles, con un incremento de 30% (de 8.812 a 11.466), más de 60% fueron neonatales, con una tasa de 19 fallecidos por 10.000 nacidos vivos.
Disminución de consumo de medicamentos
La escasez de medicinas en farmacias alcana 85%, mientras que en hospitales 88%, según las 12 ONG que suscribieron el informe. Por tanto, a 93% bajó el consumo per cápita de medicamentos de 2014 a 2018 en el país, lo que representa de un consumo de 22 a 1,5 unidades por persona.
Las empresas de la industria farmacéutica nacional reportaban hasta 2018 un descenso en la producción interna de medicinas entre 60% y 70% debido al control cambiario por parte del Estado en la asignación de divisas para la compra de materia prima, 98% de la cual es importada. La pérdida de 60% de los trabajadores de la industria también ha afectado la producción.
“Entre los años 2016 y 2018, la red de farmacias privadas registró una escasez de medicinas en sus anaqueles que osciló entre 80% a 85%. En 2016 cerraron 40 farmacias, en 2017 habían quebrado 125 y, en 2018, se esperaba el cierre de 100 más”, se puede visualizar en el documento.
Malaria, Tuberculosis, VIH, Cáncer, difteria, sarampión…
El resurgimiento de enfermedades que se pensaban erradicadas en Venezuela, como la tuberculosis y la malaria, ha afectado a millones de venezolanos. En 2017 hubo 406.000 casos de malaria y se esperan, según se lee en el documento, 700.000 nuevos casos y 1.500 muertes al finalizar 2018 por la debilidad de los programas antipalúdicos. Además, Venezuela integra los 41 países del mundo con la mayor carga de malaria.
La tuberculosis afectó a 10.952 personas en 2017 y se intensificó en las cárceles debido a las condiciones infrahumanas de hacinamiento y desnutrición de los presos. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los casos de esta enfermedad en el país aumentaron 67% entre 2011 y 2017, pasando de 6.552 a 10.952. “El repunte de la tuberculosis es reflejo del empeoramiento de la seguridad alimentaria y de las condiciones de vida de la población, siendo más vulnerables las personas con VIH, las personas reclusas y los pueblos indígenas”, aseveran las ONG en el informe.
Más de 79.000 personas con VIH no pudieron recibir antirretrovirales desde 2017 y las defunciones aumentaron de 1.800 en 2014 a aproximadamente más de 5.000 en los últimos años, reza el documento.
“En Venezuela se estiman 154.000 personas con VIH, aunque no existen estudios de prevalencia e incidencia con coberturas significativas. La falta de acceso a pruebas diagnósticas y de seguimiento, preservativos y fórmulas lácteas para madres con VIH, ha persistido en la última década. Las comunidades Warao de Delta Amacuro corren riesgo de ser diezmadas por una veloz epidemia de VIH”, se explica en el texto.
Las posibilidades de sobrevivir de 140.000 personas con cáncer y más de 300.000 con condiciones cardíacas severas han disminuido por la ausencia de diagnóstico, tratamiento y cirugía, se asegura en el informe.
“En los casos de personas con cáncer y problemas cardiovasculares, las principales causas de muerte en el país, la esperanza de vida es muy baja. Los centros oncológicos no garantizan quimioterapia a unas 140.000 personas con cáncer. De 25 unidades de radioterapia, solo operan 447 y las cirugías disminuyeron 50%, según la Alianza Venezolana para la Salud”, se lee en el documento.
La difteria y el sarampión también se suman a las enfermedades que más han padecido los venezolanos en los últimos años. Hay 9.362 casos de ambas patologías hasta 2018 y se han contabilizado 230 muertes. “Estas epidemias ya se extienden a todo el país por desplazamientos internos y bajas coberturas de vacunación”.
El brote de difteria inició en 2016 en los estados Bolívar y Monagas, después de dos décadas sin casos notificados. En el texto publicado por las 12 ONG se indica que desde septiembre de 2016 a agosto de 2018, la difteria se trasformó en epidemia ascendiendo de 320 a 1.217 casos confirmados de 1.992 sospechosos y se extendió a 20 estados del país con 168 fallecidos, en su mayoría niños.
El sarampión, por su parte, desde 2017 a 2018, los casos aumentaron de 727 a 5.332 confirmados, sobre 7.370 sospechosos en total, en todas las entidades del país. Hubo 64 defunciones y una mayor incidencia en los estados Delta Amacuro, Distrito Capital y Amazonas.
“Las bajas coberturas de vacunación son su principal causa. En la ENCOVI 2017, 54% de los niños no había recibido la primera dosis contra Sarampión y a 30% le faltaba las vacunas contra la Difteria”.
Infraestructura mermada
Las condiciones de los hospitales públicos en el país es un reflejo de la situación que se vive en el sistema de salud. Según el documento, casi 100% de los laboratorios en el sector público no pueden realizar pruebas de rutina ni de emergencia, mientras que hay 90% de escasez de reactivos, repuestos para equipos, insumos y materiales básicos como tubos de ensayo, inyectadoras, algodón, alcohol, guantes y recolectores de muestra.
“En 2018, 38% de los laboratorios estaban técnicamente cerrados y 69% de los bancos de sangre que hacían pruebas serológicas a donaciones no contaban con reactivos e insumos para tamizaje de enfermedades transmisibles como hepatitis B, hepatitis C, VIH, enfermedad de Chagas, sífilis y virus linfotrópico humano”, se señala en el texto.
79% de los hospitales no recibe agua regularmente y 33% no cuenta con plantas para suministrar de energía eléctrica en caso de que ocurra cualquier falla.
“El colapso de servicios básicos a nivel nacional agrava los problemas de saneamiento de los centros de salud públicos, la mayoría con precarias condiciones de infraestructura. En 2018, la Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) encontró que 79% de los hospitales públicos carecía de suministro regular de agua, lo cual genera serios problemas de higiene y falta del líquido para la hidratación y alimentación de las personas hospitalizadas”.
71% de las emergencias de la mayoría de los hospitales públicos del país se les imposibilita prestar servicios de forma regular, 22% dejaron de funcionar y 33% de los quirófanos están cerrados, de acuerdo al informe.
“Según la ENH 2018, 71% de las salas emergencia en los hospitales públicos no prestaba servicios de manera regular, 22% había dejado de funcionar y 53% de los quirófanos en 730 pabellones, se encontraba cerrado. La severa interrupción de los servicios de emergencia y cirugía obedece al elevado deterioro de las instalaciones, el gran número de equipos averiados, la extrema escasez de insumos y medicinas, el cierre o parálisis de laboratorios y la falta de personal médico y de enfermería. La ENH 2018 también reportó fallas en 97% de los tomógrafos, 94% de los servicios de Rayos X y 86% de los servicios de ecografía; así como escasez de 84% en catéteres y sondas y 79% en material médico-quirúrgico”, se lee en el documento.
Represiones por protestas
El Estado ejerce medidas coercitivas para neutralizar a quienes protestan por las condiciones en la que se encuentra el sistema de salud venezolano. El personal médico, las personas afectadas, periodistas y defensores de derechos humanos son las principales víctimas de las prácticas de intimidación, censura y represalia por denunciar y ejercer la protesta pacífica, se afirma en el informe.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social apunta que entre enero y agosto de 2018, hubo 296 manifestaciones pacíficas por la escasez de medicinas y fallas de la atención médica.
“Quienes denuncian y ejercen la protesta pacífica están sometidos a prácticas de intimidación y represalia por autoridades públicas, cuerpos de seguridad y grupos de civiles violentos”.
De 2015 a 2018, médicos fueron interrogados y amenazados de acusaciones penales por protestar e incluso por intentar hacer público trabajos de investigación que documentan muertes por la precaria situación en los hospitales. Asimismo, directores de centros de salud han sido suspendidos de sus cargos por pronunciarse sobre las circunstancias del sector salud.
Las 12 organizaciones civiles que suscribieron el informe son Codevida, Acción Solidaria, Asociación Venezolana para la Hemofilia, Convite, Prepara Familia, Senos Ayuda, Provea, Médicos Unidos de Venezuela, Defiende Venezuela, Centro de Justicia y Paz, Observatorio Venezolano de la Salud y Civilis Derechos Humanos.
