Con el respaldo de 268 eurodiputados, 26 abstenciones y 25 votos en contra fue aprobada la resolución que exhorta al Estado venezolano que se haga una investigación independiente sobre la muerte del concejal
Erick S. González Caldea
El Parlamento Europeo aprobó una resolución a través de la cual pide al Estado venezolano que se realice una autopsia al concejal Fernando Albán con participación de expertos internacionales, para determinar sin lugar a dudas las causas de su muerte.
El documento, aprobado este 25 de octubre, contó con el respaldo de 268 eurodiputados, 26 abstenciones y 25 votos en contra. En la resolución, el Parlamento Europeo solicita una investigación inmediata e independiente de las circunstancias del deceso de Albán, el 8 de octubre, al caer del piso 10 de las instalaciones del Sebin ubicadas en Plaza Venezuela.
De acuerdo con la versión oficial, Albán se suicidó. Sin embargo, las constantes violaciones al debido proceso, los relatos de familiares y abogados del concejal, así como las presunciones de tortura en los casos de presos políticos fundamentan las dudas.
Apoyo a la demanda contra Maduro ante la CPI
La resolución del Parlamento Europeo incluye el apoyo a la solicitud de investigación ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad.
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Hasta el presente, solo Francia se ha sumado a la iniciativa ejercida por los presidentes de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú para que el jefe de Estado venezolano y al menos diez altos funcionarios respondan penalmente por los delitos cometidos en el contexto de la persecución de la oposición en el país. Específicamente: 131 asesinatos ocurridos durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los llamados colectivos; 8.292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2015; más de 1000 detenciones arbitrarias, encarcelamientos y otras formas de privación de libertad desde las elecciones presidenciales de 2013; el encarcelamiento de más de 1.300 personas por motivos políticos; y un patrón generalizado y sistemático de abuso dirigido a la oposición en Venezuela.
Intentan disminuir la responsabilidad del Estado
Luego de la muerte del concejal y de las dudas que generaron en la opinión pública las circunstancias de su muerte, el Ministerio Público inició una investigación.
Keiber Cirelli y Miguel Dos Santos, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), custodios del concejal Fernando Albán el día de su muerte, estarían siendo objeto de averiguaciones y se les imputaría por el delito quebrantamiento de obligaciones de custodia, establecido en el artículo 267 del Código Penal y cuya pena es de 15 días a seis meses.
Para Joel García, representante de la víctima, que el fiscal del Ministerio Público pretenda imputar ese delito, representa una disminución de la responsabilidad del Estado en cuanto a la violación del derecho a la vida de Albán.
“Es una estupidez, porque Albán estaba bajo la custodia del Estado, era su responsabilidad garantizar su vida dentro del Sebin. Su posición era de garante del derecho. Además, aún no está establecido que existe el suicidio como tal”, explicó el abogado.
La tarde del miércoles 24 de octubre se realizaría la audiencia de presentación dos funcionarios del Sebin ante el juez del Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas; sin embargo, fue diferida para el 5 de noviembre.
García denunció que a los representantes de la víctima no los dejaron ingresar a la sede de los tribunales penales de Caracas. “No nos dejaron entrar al Tribunal porque no tenemos la cualidad de víctima, a pesar que los familiares directos del concejal Albán nos nombró como sus representantes legales”, sostuvo García, quien enfatizó que esto representa una violación al derecho de acceso a la justicia.
