La cifra de menores de edad que no tienen hogar se incrementa en las calles ante el desamparo institucional. La capacidad operativa de los Consejos Municipales de Protección ha disminuido entre 30 y 80%, reveló el último estudio de Cecodap
Betania Franquis Prada
En situación de calle y sin protección del Estado viven 690 niños, niñas y adolescentes en el área metropolitana de Caracas, reveló la última investigación del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), presentada este martes 4 de diciembre.
Los Consejos Municipales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes no se dan abasto para atender la demanda; cuentan con poco presupuesto y tienen déficit de personal, concluyó el estudio que abarcó a los municipios: Libertador, El Hatillo, Sucre, Baruta y Chacao.
Angeyeimar Gil, investigadora y profesora de la Universidad Central de Venezuela, apuntó que de los 56 programas de atención que existen para atender a los niños, niñas y adolescentes 53 no pueden cubrir la necesidad de formación, asesoría y atención psicológica y psiquiátrica.
El sondeo obtenido a través de 56 entrevistas recabadas desde septiembre hasta octubre de 2018, concluyó que la capacidad operativa de los Consejos Municipales de Protección ha disminuido entre 30 y 80%. A ello se añade la asfixia presupuestaria y la hiperinflación que dificulta el manejo de los recursos. “El 68% de los programas existentes son financiados por instituciones privadas. El Estado delegó su responsabilidad en materia de protección de los niños, niñas y adolescentes”, enfatizó.
Gil señaló que la falta de consejeros y personal en los equipos multidisciplinarios resta legalidad a las medidas de protección e impide la apertura de nuevos procedimientos.
La disminución de procedimientos para la protección de los niños, niñas y adolescente va en detrimento. Este año el Consejo Municipal de Baruta sólo inicio 80 procedimientos en comparación al año 2017 cuando se abrieron 356; en ese orden le sigue Sucre con 290 medidas de protección respecto a 2017, cuando se otorgaron 511; Chacao con 48 en comparación con los 60 de 2017; y El Hatillo con 5 procedimientos llevados a cabo al cierre de 2018.
Gil indicó que derechos más vulnerados en la población infantil son el derecho a la integridad personal, el derecho a la salud y el derecho a un nivel de vida adecuado. “Las denuncias de abuso sexual y tratos crueles también encabezan la lista”, agregó la experta.
Indicó que los niños y niñas mayores de 7 años en situación de calle tienen menos alternativas pues carecen de medidas de abrigo. Lo mismo sucede con los menores de edad que tienen dependencia con las drogas. “Todas estas realidades evidencian que estamos ante el cierre técnico de los Consejos de Protección con una política nacional que no funciona y con un sistema que no es sistema. Sin presupuesto no hay derechos”, sentenció.
