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HRW denuncia que militares y sus familiares son torturados

15 % de los detenidos por motivos políticos informaron que habían sufrido torturas o maltratos. Sin embargo, se estima que el porcentaje de víctimas podría ser mayor debido al temor a represalias
Descargas eléctricas, asfixia con bolsas de plástico y cortaduras con hojillas en las plantas de los pies son algunos de los tratos crueles a los que son sometidos disidentes militares acusados de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro, en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), según un informe publicado por Human Right Watch y Foro Penal.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos analizaron 12 casos ocurridos entre 2017 y 2018, en los que 32 personas, entre militares y sus familiares, aseguraron haber sido torturadas para obtener información sobre presuntas teorías conspirativas relacionadas a los planes de derrocar el gobierno del presidente Maduro.
Human Rights Watch y Foro Penal detallaron que los casos analizados para el informe siguen el mismo patrón de torturas y abusos cometidos por policías venezolanos, agentes de inteligencia y miembros de la Guardia Nacional Bolivariana desde 2014.
“No se trata de casos aislados. En informes publicados en 2014 y 2017, Human Rights Watch documentó abusos generalizados por parte de miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas. En cada informe esta evidencia permitía concluir que los abusos fueron parte de una práctica sistemática”, reza el documento publicado este miércoles 9 de enero.
José Miguel Vivanco, director de HRW, enfatizó que el gobierno de Maduro reprime a efectivos militares, así como a sus allegados, con el fin de mantener un control sobre las actuaciones castrenses. “Van por sus familiares cuando no pueden encontrar a los sospechosos”, agregó.
El Foro Penal indicó que 15 % de los detenidos por motivos políticos informaron que habían sufrido torturas o maltratos. “Estos casos no reflejan la verdadera magnitud del problema, debido a que muchas veces las víctimas no denuncian los abusos por temor a sufrir represalias”, se lee en documento.
En el informe se detalló que efectivos de la Dgcim y del Sebin practicaron la mayoría de los arrestos de militares y civiles durante 2017 y 2018. Entre las denuncias tortura documentadas por las organizaciones están: palizas brutales, asfixia, cortaduras con hojillas, descargas eléctricas, ayuno forzado, prohibición de ir al baño y amenazas de muertes.
“Los agentes de inteligencia sometieron a varios de los detenidos a abusos físicos y psicológicos. Varios detenidos no tuvieron acceso a sus familiares o abogados de confianza por días. Durante su detención, que tuvo lugar en prisiones o en sedes de la DGCIM, los detenidos no han tenido acceso a tratamiento médico adecuado para diversos problemas de salud”, señala el texto.
Traición a la patria
Durante las protestas antigubernamentales de 2017 el común denominador fueron las acusaciones de “traición a la patria”, un delito de naturaleza militar tipificado en el Código Penal y penalizado con cárcel entre  20 y 30 años. Civiles y militares fueron imputados y condenados por la presunta violación de esta ley, según la información dada por Foro Penal para el informe.
“Los delitos por los que se los acusa incluyen traición e instigación a la rebelión. Abogados que representan a los acusados y que tuvieron acceso a expedientes judiciales y estuvieron presentes en audiencias en estos casos, incluidos procesos contra civiles en tribunales militares, indicaron que las acusaciones eran fabricadas y que no había pruebas concretas contra los acusados”, se lee en el documento.
12.800 personas han sido detenidas desde 2014, durante las manifestaciones contra el gobierno, según datos del Foro Penal. Esto incluye a manifestantes, transeúntes y personas que fueron sacadas de sus casas sin la correspondiente orden judicial. Más de 7.500 han sido excarcelados bajo medidas de libertad restringida y todavía enfrentan causas penales. Desde 2017 la justicia militar ha procesado a más de 800 civiles, violando estándares internacionales de derechos humanos.
“En Venezuela la impunidad de los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos es deliberada”, afirmó Gonzalo Himiob, director del Foro Penal. “En un contexto donde los responsables de violaciones de derechos humanos tienen más probabilidades de ser premiados que llevados ante la justicia, es crucial considerar seriamente las vías disponibles para que rindan cuentas en el extranjero”, enfatizó.

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