El organismo tomó en consideración la detención “temporal” del presidente encargado de la República el pasado 13 de enero, cuando se trasladaba por la autopista Caracas-La Guaira y fue interceptado y sometido por funcionarios del Sebin
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado venezolano a tomar medidas que garanticen la vida y la integridad personal del presidente encargado de la República, Juan Guaidó y su familia, al verificar que “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
La CIDH razonó que el presidente de la Asamblea Nacional, luego de asumir competencias del Poder Ejecutivo usurpado por Nicolás Maduro es “la figura más visible de oposición en un contexto de gran algidez política y gran convulsión social que ha llevado a la movilización de miles de personas en las calles de Venezuela, donde ya se han producido hechos de violencia”.
En la evaluación del referido riesgo, la CIDH tomó en consideración que el 13 de enero de 2019 Guiadó fue detenido por una comisión de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). “Dicha detención habría ocurrido en medio de una vía pública a plena luz del día, sin que el beneficiario contara con algún esquema de protección que impidiera que fuera sustraído de su vehículo, ni se conociera su paradero mientras duró la detención ”, se precisa en la resolución.
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El organismo también recordó que voceros del gobierno de Maduro calificaron el procedimiento de la policía política como un hecho irregular. “De hecho, –prosigue la resolución- sin entrar a realizar consideraciones sobre las motivaciones que habría tenido tal detención, la Comisión consideró que en sí mismo representa especial preocupación que un grupo de agentes del SEBIN hubiesen planificado y logrado la detención del propuesto beneficiario en tales circunstancias. Dado el perfil que tiene el señor Guaidó en el presente momento, la Comisión consideró que enfrentaría una mayor situación de vulnerabilidad o riesgo a ser posible blanco de ataques”.
La resolución es específica al señalar que la protección que le debe brindar el Estado a Guaidó y a su familia no se limita a evitar que funcionarios de los cuerpos de seguridad (como el Sebin) vulneren sus derechos, pues incluye “actos de riesgo atribuibles a terceros”.
