El Ministerio Público ejerció una acción de protección contra el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Hospital José Manuel de los Ríos, con el objeto de garantizar los derechos a la vida y a la salud de los niños, niñas y adolescentes que reciben tratamiento sustitutivo renal en la Unidad de Hemodiálisis del Servicio de Nefrología del referido centro de hospitalario. En ese sentido, el fiscal 92° nacional, David Toro, requirió que se ordene el cierre temporal preventivo de la mencionada unidad hasta tanto los entes competentes determinen la causa real del brote infeccioso y sea subsanado, garantizando así su óptimo funcionamiento.
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