Alfredo Romero, director de Foro Penal, informó que en seis días hubo 850 aprehensiones al margen de la ley. De este grupo 703 han sido privados de libertad. Actualmente hay 976 presos políticos, precisó la ONG
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
José Ángel Montesuma Delgado, de 16 años de edad, estaba en la bodega de su comunidad, en Mamera, cuando funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana lo detuvieron, sin explicación alguna, a las 8:40 pm el martes 22 de enero. Su padrastro, Oscar Rodríguez, denunció que se lo llevaron porque horas antes, en el sector había comenzado un cacerolazo. Al muchacho le imputaron los delitos de obstrucción de la vía pública y resistencia a la autoridad. Actualmente se encuentra en el calabozo de la PNB de San Agustín junto a otros presos comunes adultos.
El adolescente es uno de los 77 menores de edad privados de libertad en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2019, según informó Foro Penal.
Romero informó que entre el 22 -día que iniciaron las protestas- y el 27 de enero, se han registrado 850 detenciones arbitrarias a ciudadanos en el contexto de las manifestaciones. De la cifra total de aprendidos, 703 fueron privados de libertad.
“Solamente el 23 de enero, día que se convocó a la gran movilización, hubo 696 detenciones arbitrarías, siendo éste un hito histórico de detenciones desde que el chavismo tomó el poder”, enfatizó Romero, quien informó que actualmente en el país hay 976 presos políticos.
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Gonzalo Himiob, también directivo de Foro Penal, indicó que los delitos que les han imputado a los detenidos son: agavillamiento, resistencia a la autoridad, obstaculización de vía pública, instigación, terrorismo, hurto y robo, entre otros.
Sostuvo que muchas de las personas aprehendidas no han tenido contacto con sus familiares ni abogados. “En los tribunales a muchos de los detenidos en las protestas les impiden escoger a sus propios abogados, por lo que les son asignados defensores públicos. Es más, la orden que tienen es dejar a todos privados de libertad”, detalló.
Himiob ejemplificó que actualmente la mayoría de las detenciones arbitrarias se llevaron a cabo luego de que finalizara las manifestaciones. “Vemos patrones de irrupción violenta en las moradas para capturar a las personas que protestaron. También hay aprensiones de personas que no participaron en las manifestaciones”, enfatizó.
Muertes en protestas
Alfredo Romero, Rafael Uzcátegui, director de Provea, y Marino Alvarado, jefe de investigación de Provea, en conjunto con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, dieron un balance de las muertes y detenciones entre el 22 y el 27 de enero de 2019.
Hasta el cierre del conteo, este domingo 27 de enero, las organizaciones no gubernamentales documentaron 35 muertes violentas durante las protestas antigubernamentales. “La mayoría de las muertes fueron causadas por armas de fuego usadas por funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”, sostuvo Uzcátegui.
El director de Provea señaló que también fueron contabilizadas ocho presuntas ejecuciones extrajudiciales contra ciudadanos que habían participado en las manifestaciones contra Nicolás Maduro. “La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en sectores populares del país”, detalló.
Condenó que el Estado active grupos policiales entrenados con la lógica bélica-militar, para reprimir manifestaciones. “El uso del FAES en el control de orden público nos da a entender que el gobierno de Maduro no respeta ni le interesa la vida de los ciudadanos. Es de conocimiento general las denuncias de ajusticiamientos cometidos por este grupo de la PNB”, señaló Uzcátegui.
La mayor cantidad de víctimas mortales por la represión policial fue registrada en Caracas con 10 fallecidos, seguido de Bolívar con ocho y Portuguesa con 4 muertes. También se registraron 3 en Anzoátegui y Barinas; 2 en los estados Táchira y Monagas y 1 en Yaracuy, Sucre y Mérida.
