Vecinos de zonas populares que salieron a manifestar el 23 de enero, reportan que las Faes han atacado y allanado directamente sus casas. A juicio de líderes sociales, “mezclan la búsqueda de delincuentes comunes con el amedrentamiento de quienes han salido a protestar”

Redacción El Pitazo

“Una cacería”. Así es como los vecinos de barrios en la carretera Caracas-La Guaira, Catia, zonas populares de Baruta y Petare califican las incursiones de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) en sus comunidades después de las protestas antigubernamentales que han tenido lugar en estos sectores.

Denuncian que las Faes “mezclan la búsqueda de delincuentes comunes con el amedrentamiento y la detención de los jóvenes que han salido a protestar por temas sociales en los barrios”, tal como lo explicó un líder vecinal de El Limón, cuya identidad es reservada por su seguridad.

“Este es un patrón que ya hemos vivido, pero que se está dando con más fuerza ahora, porque los funcionarios tocan directamente la puerta de las casas de la gente que salió a protestar entre el 21 y el 24 de enero y esa identificación viene de la propia comunidad… No hay otra manera de tener tanta precisión en estos ataques a los barrios, donde incluso se han llevado a mujeres que encabezaron la protesta”, explicó el consultado a El Pitazo.

Incluso aseguró que las fuerzas policiales están usando a presuntos antisociales de la zona para dirigir las incursiones policiales y entrar a las casas sin orden, ni nada que implique el procedimiento regular. “Claro que esta no es la primera vez, solo que es más duro… Incluso algunos oficialistas nos comentan que nos cuidemos porque pasan fotos nuestras protestando a las direcciones de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) para que ellos den la información a la policía”, dijo.

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En otro barrio del este de Caracas, fue a una propia jefa de calle, encargada de recibir y vender a la comunidad los alimentos subsidiados por el Gobierno, a quien los dirigentes de los Clap amenazaron con quitarle el beneficio de la bolsa de comida por ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.

“Ellos están revisando la lista y haciendo inteligencia. Además de que la entregan a la policía, chequean todos los nombres para marcar quien protestó, quien está contra el Gobierno, quién es opositor y entonces todo eso lo pasan a sala situacional”, contó la mujer.

Julio Cesar Reyes, dirigente político de Nuvipa, hizo pública en sus redes sociales la forma en que funcionarios de las Faes incurrieron en su comunidad, en la carretera Caracas-La Guaira y fueron directamente a su casa.

“El pasado domingo, 27 de enero el Faes entró a mi casa, sin ninguna orden, sin ningún fiscal público, con las caras tapadas, sin identificación, apuntándome delante de mi esposa y tres hijos menores de edad… A las 8 am, más de 10 motos del Faes con parrilleros se apostaron frente a mi vivienda, la rodearon y tomaron fotos, al mismo tiempo que algunos funcionarios saltaban las rejas e ingresaban al porche de mi casa. Mis hijos entraron en pánico y mi esposa. Comenzaron hacerme preguntas que no podía responder porque desconocía lo que argumentaban, mientras otro grupo entraban a los cuartos y revisaban mi casa”, escribió el dirigente social.

El miedo

Desde finales de marzo de 2018, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) inició una campaña en redes sociales promocionando  e incentivando la creación la la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (Raas), instancia definida por la propia tolda roja como “un modelo de unidad y de organización superior para la defensa integral de la nación” que debe: Identificar con claridad quién es su enemigo histórico, fortalecer la unidad para enfrentar al enemigo, elevar al máximo su voluntad de lucha contra el enemigo y organizarse y adquirir el conocimiento necesario para vencer al enemigo.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, define este sistema como  un programa de “inteligencia social”, que la revolución ha intentado implantar en otras oportunidades, y prueba de ello es el empeño del presidente Hugo Chávez, en 2008, de crear la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, bautizada como la “Ley Sapo” y que fue derogada, gracias a la presión social, en junio de ese mismo año.

Provea determinó que “las Raas se basan en la filosofía del enemigo interno con la excusa de enfrentar un enemigo externo.  Quien reclame derechos, quien proteste por mejores servicios públicos, quien exija mejor atención médica. Enemigo interno será quien alce su voz y critique al Gobierno… Las Raas es la reactivación de la Ley Sapo que Chávez vetó cuestionando que se pretendiera obligar a la gente a actuar de sapo en la sociedad. Dile NO al uso del pueblo para reprimir al pueblo y pretender contener el derecho a exigir derechos, tu derecho a manifestar y expresarte”.

Uzcátegui plantea que, aunque la plataforma del partido rojo no tiene la misma capacidad de articulación que en años anteriores, esta “inteligencia social” se ejerce desde los consejos comunales, los Clap y las Ubch, organizaciones ya creadas en los barrios y con una data que “le permite al Estado tener ojos donde es más difícil llegar”.

“Se trata de otra forma de violación sistemática a los Derechos Humanos y en 2017 la vivimos porque yo mismo viví en carne propia como en mi comunidad, la urbanización María Teresa Toro, de Las Acacias, era la jefa del Clap la que señalaba a los manifestantes… Yo llevé la denuncia al Ministerio Público y eso es parte de los expedientes de denuncias internacionales”, cuenta el activista, quien asegura que esta denuncia vivida en carne propia lo obligó a aumentar su protocolo de seguridad en aquella época.

Aunque este órgano no ha sido establecido formalmente dentro de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBch), parece haber cobrado fuerza en las recientes protestas, donde los propios ciudadanos hablan de “salas situaciones” para referirse a espacios dentro de las comunidades en los que investigan y estudian a fondo las circunstancias y acciones de cada grupo familiar de su entorno directo.

En Petare, una dirigente comunal aseguró a El Pitazo que “se está haciendo depuración de las lista Clap”. Explicó que se trata de un proceso periódico y “común”. “Es normal, porque si no quieres al Gobierno no tienes por qué recibir sus beneficios”, sentenció la dirigente comunitaria.

Al preguntarle si las datas de las comunidades estaban siendo enviadas a los cuerpos policiales, se limitó a responder: “eso se pasa a sala situacional”.

“Nos están sapeando”

Al respecto, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana confirmaron a El Pitazo que esas listas del Clap son uno de los mecanismos que utilizan para llegar directamente a las viviendas de los manifestantes.

Líderes comunitarios  y luchadores sociales de Altavista y el Cuartel de Catia reportan también que han debido salir de sus viviendas, tras el amedrentamiento y persecución impuesta por las autoridades policiales en estas zonas.

“Están allanando casas específicas de personas que salieron a protestar el 23 y eso no es casual. Nos están sapeando y dando nuestros datos. Pero, no solo de los que siempre hemos sido opositores, sino de los que salieron estos días a protestar porque están cansados de la falta de  agua, de luz, de comida… Resulta que aquí ahora uno no se puede quejar”, contó un vecino de San Agustín, que prefirió no dar su nombre.

Aunque desde Provea no han recibido denuncias formales sobre este hecho, Uzcátegui asegura que “se están usando esas bases de datos” y recuerda la necesidad de llevar registro de las denuncias para poder demostrar que se trata de una violación sistemática e instaurada como política de represión.

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