Profesores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela explicaron que las autoridades civiles y militares que rechazan la llegada de las medicinas y alimentos al país pueden ser perseguidos judicialmente a través de las instancias internacionales.
Reporte Proiuris
Betania Franquis Prada
Las autoridades civiles y militares que impiden la entrada de la ayuda humanitaria en Venezuela no tendrán ningún beneficio de indulto o amnistía al ser procesados ante los tribunales internacionales por cometer un crimen de lesa humanidad tipificado bajo la modalidad de exterminio. Así lo indicó este jueves 14 de febrero, Leonel Alfonzo Ferrer, jefe de la Cátedra de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela.
El docente explicó durante la presentación del informe Responsabilidad Criminal ante la Emergencia Social y Humanitaria, que el exterminio es un delito que consiste en privar a la población de medicinas y alimentos para acelerar su destrucción. Puntualizó que quienes obstaculizan el ingreso de los insumos incurren en un delito establecido en el artículo 7 del Estatuto de Roma que rige a la Corte Penal Internacional.
El estado de vulnerabilidad de quienes podrían perder la vida por la falta de medicinas y alimentos es reflejo de una crisis que rebasó la capacidad de respuesta de un Estado que insiste en rechazar la ayuda de la comunidad internacional, señaló el catedrático. “Es un deber de los Estados garantizar el suministro de alimentos, medicinas y techos para las víctimas. Hacemos un exhorto para que cese el rechazo de la ayuda humanitaria. Quienes participan en esto están incursos en responsabilidades que serán penadas”, insistió.
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Tulio Álvarez, jefe de la Cátedra de Derecho Constitucional de la UCV, destacó durante su intervención que quienes participan en el bloqueo a la ayuda humanitaria serán perseguidos judicialmente a través de las instancias internacionales. “Quienes niegan lo que pasa en Venezuela e impiden la entrada de los insumos son copartícipes de la crisis. Para ellos no habrá impunidad”, indicó.
El jurista y profesor universitario, destacó que 90% de los equipos de diagnóstico clínico están inoperativos a causa del desmantelamiento de la red hospitalaria y que 95% de las máquinas de radioterapias no funcionan. “Todo esto va compaginado con la hambruna y se traduce en muerte. Nuestra población está aplastada por un estado forajido y fallido que ha actuado con negligencia criminal y premeditación”, dijo.
Nelson Chitty La Roche, profesor de Derecho Constitucional de la UCV, detalló que la migración masiva 3,3 millones de venezolanos evidencia la incapacidad del Estado para proveer los servicios fundamentales especialmente en el área médica y alimentaria. “300.000 venezolanos están en riesgo de perder la vida y este Estado forajido no los ha ayudado. Es un plan para someter a la población a un control estricto con el manejo de las medicinas y los alimentos”, afirmó.
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Indicó que en las emergencias humanitarias complejas la responsabilidad recae sobre la comunidad internacional en su rol de proteger a la ciudadanía ante la negligencia del Estado. “Venezuela vive la hora de la vulnerabilidad y de la crisis extrema. La ayuda humanitaria debe articularse con factores nacionales en auxilio de los que tienen hambre y son apartados y desatendidos en extremo”, concluyó.
