Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el fin de semana hubo 295 ciudadanos lesionados con armas de fuego, gas lacrimógeno y golpes de funcionarios de seguridad y colectivos armados afectos al oficialismo
Erick S. González
A la alevosa quema de gandolas cargadas de alimentos y medicinas para afrontar la emergencia humanitaria compleja en Venezuela, se suma la violencia extrema de los cuerpos de seguridad del Estado y de los colectivos armados afectos al oficialismo que actuaron este sábado 23 de febrero en las fronteras con Colombia y Brasil. ONG reportan 4 asesinatos y otras 58 personas heridas de bala.
Zoraida Rodríguez, una mujer de la etnia Pemón de 45 años de edad, falleció por el impacto de una bala mientras respaldaba el paso de los insumos procedentes de Brasil que podrían salvar vidas en su comunidad Kumaracapay. José Pérez, de 20 años de edad, José Hernández, de 25 años y José Barrios de 23 años de edad, también fallecieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado y civiles armados, en la frontera con Brasil. Así lo reportaron las organizaciones no gubernamentales Foro Penal Venezolano y Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, directores del Foro Penal, señalaron que otros 58 ciudadanos fueron heridos por armas de fuego durante las manifestaciones del fin de semana.
También puedes leer: «CEV pide a Maduro no usar la violencia para impedir la ayuda humanitaria»
Romero destacó la situación de violencia en Santa Elena de Uairen, en la frontera con Brasil. “La agresión contra indígenas es muy grave. Estamos viendo la violación de tratados internacionales por el ataque a la comunidad pemón de Kumaracapay”, añadió.
En cuanto a las detenciones, Romero explicó que ha habido dificultades para documentar este tipo de atropellos por lo remoto de la zona (en la frontera sur del país) y el poco acceso a fuentes de información directas. «Tenemos reportes de 9 desaparecidos, más otro grupo que estamos verificando ahora en Santa Elena de Uairén”, expresó.
Romero especificó que solo en el hospital de Boa Vista (Brasil) atendieron a 20 ciudadanos, que resultaron heridos durante las manifestaciones del fin de semana en la zona de Kumaracapay. “Entre ellos, se encuentran en condiciones delicadas Clever Pérez y Rolando García, ambos pemones. García fue herido mientras ayudaba a su esposa Zoraida, la indígena fallecida. No hubo clemencia”, agregó.
Huida a la selva
“Hay un estado de sitio. Las personas están encerradas en sus casas debido a que los pistoleros mantienen amenazada a la comunidad”, expresó Romero, al referirse a la situación de la los comunidades indígenas que son asediadas por grupos civiles armados, además de funcionarios de seguridad del Estado.
Himiob, también directivo de Foro Penal, detalló que actualmente muchos de los habitantes fueron forzados a abandonar sus hogares y refugiarse en las selvas para evitar la persecución y asesinatos. “Hay denuncias de irrupciones ilegales y privaciones arbitrarias de libertad desde que las comunidades indígenas demostraron su apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria al país”, sostuvo.
Enfatizó que hay muy poca comunicación con el sur del país, por lo que las cifras de heridos y asesinados pueden cambiar en las próximas horas. Es muy difícil comunicarse en Santa Elena de Uairén ya que no cuentan con luz, teléfono ni Internet”, sostuvo.
Colectivos en 9 estados
Marco Antonio Ponce, director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), también refirió dificultades para documentar los resultados de la violencia estatal. “Aún no hay confirmación por parte de nuestro equipo sobre los fallecidos en Táchira”, advirtió.
Sin embargo, el OVCS ha contabilizado 295 heridos en todo el país, hasta el sábado 23 de febrero. “Muchos de los ciudadanos fueron heridos con gas lacrimógeno, armas de fuego y a golpes por parte de civiles armados y funcionarios de seguridad del Estado”.
Explicó hay denuncias de participación de colectivos afines al oficialismo en los estados Anzoátegui, Apure, Bolívar, Carabobo, Lara, Táchira, Yaracuy y Zulia. “Hemos podido verificar que la represión ha sido ejecutada por colectivos que actúan junto con funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana”, explicó.
