18 horas después de que funcionarios del Sebin detuvieron al comunicador social, las autoridades de la Fiscalía General de la República aseguraron no saber nada sobre el lugar y condiciones de reclusión del periodista
Reporte Proiuris
Edgar López
A las 12:30 pm de este martes 12 de marzo, las autoridades de la Fiscalía General de la República informaron a Naky Soto, esposa de Luis Carlos Díaz, que no sabían del paradero del periodista, quien según informaciones extraoficiales fue detenido a las 5:00 pm del día anterior por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Que hayan transcurrido 18 horas y que la institución encargada de garantizar el debido proceso haya prolongado la incertidumbre sobre el lugar y condiciones de detención del comunicador social apunta a la comisión de uno de los delitos más graves establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano: la desaparición forzada de personas.
Soto informó que, cuando allanaron su residencia, en la madrugada de este martes 12 de marzo, pudo ver un acta policial que indicaba que Díaz fue detenido “en flagrancia”. Pero la misma víctima tuvo oportunidad de precisarle que fue interceptado cuando se desplazaba en bicicleta por un sector del Country Club, en Caracas. ¿Cómo, entonces, el Sebin podría afirmar que fue detenido durante la comisión flagrante de un delito? Sería la forma de cubrir una falla de origen que vicia todo el procedimiento, pues Díaz fue detenido sin orden judicial, lo cual constituye una detención arbitraria.
Al parecer, la intervención de un juez penal fue posterior, a efectos de que los funcionarios del Sebin realizaran el registro en la residencia de la pareja de periodistas, de donde se llevaron teléfonos, computadoras y, también, destacó Soto, dinero en efectivo y joyas.
El hecho de que Soto haya podido ver y conversar con Díaz, apenas durante 20 minutos, no salda totalmente la violación del debido proceso. Y no solo se trataría de una detención arbitraria, pues ni antes ni después del allanamiento a la residencia de la pareja las autoridades que practicaron la aprehensión informaron sobre el lugar donde estuvo y estaría recluido, ni los motivos precisos de la acción policial en su contra. Y, además, tampoco le permitieron la asistencia jurídica de un abogado. Todas estas irregularidades constituyen violaciones del derecho al debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución.
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Soto ofreció información que indica que Luis Carlos Díaz fue sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes: “Me dijo que lo golpearon con el casco que usa para manejar bicicleta. Que, para angustiarlo más, le dijeron que yo estaba detenida y que me habían trasladado al Hospital Militar, a propósito de mi condición oncológica”.
La también periodista aseguró que los funcionarios del Sebin fueron enfáticos en su intento de aterrorizarla: “Me advirtieron que también me podían detener a mí. Que nos podían poner un muerto en la puerta de nuestra casa, para acusarnos de homicidio”.
El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), Marco Ruiz, aseguró que, a partir de las 10:00 pm de este lunes 11 de marzo y durante toda la madrugada siguiente, estuvieron recorriendo hospitales y centros de detención preventiva en busca de Díaz: “Fuimos a las sedes del Sebin, en Plaza Venezuela y en El Helicoide, fuimos a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta, a la sede de la Policía Nacional Bolivariana… En todos esos lugares nos negaron que Luis Carlos estuviese detenido”.
Para que se configure el delito de desaparición forzada de personas no es imprescindible que transcurra largo tiempo sin saber del paradero de la víctima.
El delito está establecido en el artículo 181-A del Código Penal: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.
El silencio del fiscal general y del Defensor del Pueblo
Naky Soto aseguró que desde la misma noche del lunes informó al fiscal general de la República, Tarek William Saab, sobre la desaparición de Luis Carlos Díaz. “Solo recibimos como respuesta del fiscal unos stickers de mensajería telefónica”, aseguró la periodista.
El Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, se sumó al silencio oficial, a pesar de que también le corresponde impedir excesos en la actuación de policías y militares .
Soto contó con el respaldo de decenas de periodistas, representantes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de oposición que se concentraron a partir de las 11:00 am de este martes 12 de febrero, frente a la sede de la Fiscalía General de la República, en Parque Carabobo, para expresar su solidaridad y repudiar esta nueva agresión.
El secretario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, destacó que el caso de Luis Carlos Díaz forma parte de una escalada de violencia estatal que ha causado más de 40 detenciones arbitrarias de periodistas durante los dos primeros meses de 2019.
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, reiteró que se trata de una política de criminalización del ejercicio del periodismo en Venezuela y que, en esta oportunidad, se utilizó el patrón de las declaraciones estigmatizantes contra un comunicador social, a partir de las cuales se emprenden agresiones, entre ellas hostigamiento judicial.
El 8 de marzo, en el programa Con el mazo dando, conducido por el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se transmitió un video a través del cual Díaz explicaba las implicaciones de un blackout informativo. Cabello tergiversó el mensaje del periodista y trató de responsabilizarlo de la interrupción del servicio eléctrico en todo el país a partir del jueves 7 de marzo.
Soto recordó que ese video fue elaborado el 15 de febrero y difundido el 17 de febrero, es decir casi tres semanas antes del apagón.
Correa informó que se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para preservar la integridad física y la vida del periodista detenido ilegalmente por la policía política venezolana, y que se hicieron contactos con la comisión de expertos de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que está en Venezuela desde el 10 de marzo, precisamente para constatar directamente la violación de derechos humanos en el país .
Lo más concreto y grave es que hasta el mediodía de este martes, 18 horas después de la detención de Luis Carlos Díaz, las autoridades fiscales y policiales negaron información sobre su paradero, lo cual es un elemento constitutivo del delito de desaparición forzada de personas.
