El teniente de la Aviación Ronald Alirio Dugarte Silva habría realizado las grabaciones en la sede de Boleíta, entre diciembre de 2018 y enero de 2019. Fueron presentadas por la coordinadora del Instituto Casla, Tamara Suju
Reporte Proiuris
Edgar López
Está tirado en el suelo, tiene los ojos vendados y las manos atadas a la espalda. Mueve lentamente la cabeza de un lado a otro. Se le ve solo y aislado en una habitación de aproximadamente tres metros cuadrados donde todo es blanco excepto un borde del piso que podría acumular los excrementos del prisionero.
Se trataría del coronel Jhonny Rafael Mejias Laya, ex comandante del Batallón Ayala y procesado penalmente por traición a la patria y su imagen forma parte de los registros audiovisuales presentados como prueba de las torturas que se cometen en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por la Directora Ejecutiva del Instituto Casla, Tamara Suju.
En otro de los videos se muestra a un hombre identificado como el capitán Juan Carlos Caguaripano, procesado por el asalto al Fuerte Paramacay, en agosto de 2017. Un funcionario le pregunta si va a desayunar y el recluso le dice que no, porque tiene malestar estomacal y está orinando sangre. Y muestra un recipiente con líquido rojo. El prisionero pide asistencia médica, pero no obtiene respuesta. El carcelero, simplemente, cierra la puerta del calabozo.
Una tercera filmación muestra a tres hombres acostados en el suelo, sobre colchonetas, a quienes se identifican como los coroneles Oswaldo García Palomo y José Acevedo, además del civil Antonio José Labichela Barrios. Los tres son acusados por el gobierno acusa de estar involucrados en actos terroristas.
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Las grabaciones habrían sido realizadas por el teniente de la Aviación, Ronald Alirio Dugarte Silva, entre diciembre de 2018 y enero de 2019. El oficial declaró ante la OEA que durante seis meses y hasta el 27 de febrero de 2019 prestó servicios en la sede del Dgcim, en Boleíta, específicamente como custodia de los prisioneros que allí están recluidos.
Aseguró que pudo ver y hablar con varios detenidos y que uno de ellos le contó que fue sometido a “descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, asfixias con bolsas plásticas, colgamientos con las manos hacia atrás, golpes contundentes en las áreas más vitales (…) me contó que fue inyectado con una sustancia desconocida la cual lo dejó aturdido por varios minutos, mientras lo torturaban”.
El teniente de la Aviación dijo que desertó porque un prisionero lo persuadió de denunciar los atropellos. Aseguró que “todos estos métodos son los que utilizan los torturadores en el área de Investigaciones de la Dgcim”. Negó que él haya ejecutado torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, a pesar de que se lo habrían ordenado. No explicó cómo pudo desobedecer tales órdenes. Más bien aseguró que trató de ayudar a algunas de las víctimas.
Dugarte Silva aseguró que en 2015, mientras estudiaba en la Academia Militar de la Aviación, fue “captado” por la Dgcim y entrenado por militares venezolanos “y principalmente por la Milicia de Inteligencia Cubana”.
“Observé con mis propios ojos como la Milicia de Inteligencia Cubana realiza misiones mixtas entre militares cubanos y venezolanos”, indicó mientras leía.
El oficial desertor precisó que las áreas de tortura en la sede del Dgcim en Boleíta son de acceso restringido y están controladas por funcionarios que identificó como: “coronel Hannover Guerrero, mayor Blanco Hurtado, mayor Gramcko, teniente de navío Abel Angola, capitán Cárdenas, capitán Becerra…”
“Eran apresados con las manos atadas hacia atrás. Con una capucha, apretada con cinta adhesiva alrededor de su cabeza. Quedan de esa forma por un mes, en un cuarto oscuro. Sin derecho a nada; solo a beber agua y comer”, continuó.
Práctica sistemática y generalizada
Dugarte Silva alertó sobre la tortura como una práctica sistemática y generalizada en Venezuela: “Tengo conocimiento de diferentes centros de torturas, dentro de unidades militares ubicadas dentro de Fuerte Tiuna y en lugares clandestinos. Solo tienen conocimiento de su ubicación el personal de la Milicia Cubana y los colectivos (…) que son adiestrados, formados, entrenados, equipados y armados militarmente y, además de eso, portan credenciales de la Dgcim. Ellos extorsionan, secuestran, torturan y asesinan. Así como pasa en el Dgcim, pasa igualmente en el Sebin y en el FAES”.
Tamara Suju abundó sobre otros centros de tortura: “Para la ejecución de las torturas y aplicación de sustancias narcóticas que suprimen la voluntad de los detenidos, los funcionarios del Dgcim utilizan en muchos casos centros de tortura clandestinos. Algunos de ellos son viviendas que han sido incautadas al narcotráfico y asignadas a la Dgcim por órdenes del mayor general Néstor Reverol”.
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Aseguró que en la sede de la Dgcim, en Boleíta, no solo hay presos políticos: “Este lugar es usado para mantener a civiles secuestrados por funcionarios de ese organismo, para extorsionarlos. Venezolanos que están en esas celdas de tortura, que ni siquiera son perseguidos políticos y que están secuestrados para torturarlos y extorsionarlos. Los llevan a este lugar cuando no pagan dichas extorsiones o vacunas. Los torturan por días, semanas y meses, y los familiares no denuncian porque los amenazan con matarlos”.
La coordinadora del Instituto Casla afirmó que los fiscales del Ministerio Público, Angel Betancourt, Farih Mora y Manuel Echenique “planifican y ordenan todas las atrocidades en contra de civiles y militares a quienes consideran sus enemigos”.
Leyó una lista de funcionarios de la Dgcim presuntamente implicados en la aplicación de torturas: coronel Rafael Franco Quintero, coronel Hannover Guerrero, mayor Alexander Gramcko Arteaga, mayor Néstor Blanco Hurtado, mayor José Sánchez Castro, capitán Germán Antonio Sánchez, capitán José Castillo, capitán Jesús Cárdenas, capitán Johnatan Becerra, capitán Keyler Chacón Bautista, teniente Abel Angola, teniente Yoanna González, teniente Isaac Estévez, teniente Deunirte Amaro y teniente Saúl Méndez.
Suju informó que el Instituto Casla ha documentado 40 nuevos casos de tortura, en un lapso de dos meses, y que entre las víctimas hay menores de edad.
La también representante del gobierno interino de Juan Guaidó ante la República Checa, anunció que las pruebas, incluyendo los videos aportados serán consignados ante la Corte Penal Internacional, donde cursa un examen preliminar para determinar la procedencia de juzgar a Nicolás Maduro y otros altos funcionarios gubernamentales por la comisión de crímenes de lesa humanidad.
