Un acta policial suscrita por un funcionario del Sebin fue el único elemento de convicción presentado por los fiscales Dinorah Bustamante y Farik Mora para imputar cinco delitos al jefe de Despacho del presidente encargado Juan Guaidó
Reporte Proiuris
Edgar López
La supuesta compra de armas en Colombia y la contratación de mercenarios centroamericanos para desestabilizar el gobierno de Nicolás Maduro es el fundamento de la imputación fiscal contra Roberto Marrero, jefe del Despacho del presidente encargado Juan Guaidó, por la presunta comisión de cinco delitos: conspiración, usurpación de funciones, ocultamiento de armas y explosivos, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
A pesar de que Marrero fue detenido el 21 de marzo, la audiencia de presentación se realizó seis días después, en horas de la noche de este miércoles 27 de marzo.
Joel García, uno de los abogados defensores de Marrero, informó que los fiscales del Ministerio Público Dinorah Bustamante y Farik Mora solamente presentaron un acta policial suscrita por un funcionario del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de apellido Navarro, la misma que utilizaron para solicitar a la jueza Carol Padilla el allanamiento de la residencia del asistente de Guaidó.
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En la referida acta policial, de apenas página y media -acotó Gustavo Limongi, otro de los apoderados judiciales de Marrero- se afirma que el jefe de Despacho de Guaidó viajó a Colombia con el propósito de comprar armas y contratar mercenarios, en ese país y otros de Centroamérica, para ejecutar acciones desestabilizadoras del gobierno de Nicolás Maduro.
“El funcionario del Sebin que suscribe el acta asegura que tuvo conocimiento de que Marrero hizo la compra de armas, que pagó con dólares en efectivo y que logró ingresarlas a Venezuela. Pero no precisó cuándo habría viajado a Colombia, cuántas y qué tipo de armas habría comprado, a quién se las habría comprado, cuándo y cómo ingresaron a Venezuela, ni dónde están”, cuestionó García.
Se supone que una imputación fiscal debe estar sustentada en plurales y concordantes elementos de convicción sobre la responsabilidad penal de una persona por la presunta comisión de un delito. Al respecto Limongi comentó: “Nada de eso. Es un señalamiento genérico que corresponde al montaje que armó el gobierno para desarticular el equipo de asesores de Guiadó. Y en ese orden de ideas, a Marrero le sembraron dos fusiles y una granada, además de algunos doláres, para hacer ver que eran parte del supuesto arsenal que habría adquirido en Colombia”.
Según refirió el abogado García, el imputado tuvo oportunidad de refutarle a los fiscales las imputaciones en su contra; particularmente el delito de usurpación: “Razonó que, según el Tribunal Supremo de Justicia, él sigue siendo primer secretario de la Asamblea Nacional. Y que en virtud de ese cargo solo se ha dedicado a procurar el cese de la usurpación del poder por parte de Maduro, de acuerdo con la ruta establecida por Guaidó para la recuperación de la democracia en Venezuela”.
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Respecto a Luis Páez, chofer del diputado Sergio Vergara (vecino de Marrero), el abogado García precisó que fue imputado por encubrimiento de los delitos de conspiración y asociación para delinquir: “Contra él no hay absolutamente nada, sino, según los dichos de los fiscales, que al momento del allanamiento a las residencias de Vergara y Marrero, lo consiguieron escondido en una jardinera”.
Limongi agregó que Marrero también tuvo oportunidad de denunciar ante la jueza Carol Padilla los atropellos que sufrió durante el allanamiento a su residencia, el 21 de marzo: “Aseguró que más de 30 funcionarios del Sebin irrumpieron violentamente en su apartamento, le sembraron las armas y los dólares, y lo mantuvieron tirado en el piso, boca abajo y esposado. En la audiencia, Marrero dijo que los fiscales no estaban presentes para evitar la brutalidad de la policía política, pues llegaron tarde al lugar, al momento en que lo trasladaban a la sede del Sebin”.
