La noche del 16 de abril el mayor Abraham Suárez, detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) intentó suicidarse. Él, como otros presos políticos que se encuentran en la sede del organismo policial en Boleíta, tienen una medida cautelar de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La noche del 16 de abril el mayor de la Guardia Nacional, Abraham Suárez, detenido en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ubicada en Boleíta, intentó suicidarse.
Suárez fue uno de los ocho militares y un civil imputados en mayo de 2018 por traición a la Patria, instigación a la rebelión, motín y contra el decoro militar, por parte de tribunal 2° de Control Militar del Área Metropolitana de Caracas en Fuerte Tiuna. Fueron recluidos en Ramo Verde y en enero de este año trasladados a la sede del Dgcim en Boleíta.
Tras atentar contra su vida, fue llevado al Hospital Militar de Caracas Carlos Arvelo, donde fue atendido en la unidad psiquiátrica porque tenía un cuadro depresivo, según lo informó Tamara Suju, directora de Instituto Casla, en su cuenta Twitter.
No obstante, ya fue llevado nuevamente a la sede del Dgcim.
El caso provocó la reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recordó que, desde el 21 de marzo de 2019, los privados de libertad que se encuentran en la Dgcim de Boleíta tienen una medida cautelar internacional de protección.
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La CIDH recordó, a través de su cuenta en Twitter, los privados de libertad, recluidos en la Dgcim de Boleíta, tienen una medida cautelar internacional de protección, por lo cual recordó al Estado venezolano su responsabilidad como garante de la vida y la integridad personal de los detenidos.
En su momento la CIDH otorgó la medida cautelar por las denuncias de torturas y tratos crueles e inhumanos por parte de funcionarios a cargo de la custodia de los detenidos. “Hay una serie de presuntas deficiencias estructurales como la ausencia de ventilación y luz solar, y una atención precaria a la población detenida, lo que incluiría la falta de acceso a alimentos y agua durante amplios períodos de tiempo, presuntamente como represalia o castigo”, se lee en un escrito donde expresa su preocupación por el caso.
En esa oportunidad la CIDH observó que “las alegaciones de la solicitante son consistentes con otros asuntos que previamente ha analizado y que la han llevado a considerar cumplidos los requisitos exigidos para otorgar medidas cautelares respecto de personas que se han encontrado detenidas en la Dgcim. En particular, respecto de Santiago José Guevara García, Luis Alejandro Mogollón Martínez, Isbert José Marín Chaparro, Luis Alexander Bandres Figueroa, Oswaldo García Palomo, José Romel Acevedo Montañez, Alberto José Salazar Cabañas, Miguel Ambrosio Palacio Salcedo, José Labichela Barrios, Luis Humberto de la Sota Quiroga y Juan Carlos Caguaripano, respecto de quienes la CIDH consideró que se encontraban en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos” señala la decisión.
Otras cautelares
Son varias las medidas cautelares de protección ha otorgado a presos políticos en Venezuela.
Juan Requesens. El 17 de agosto de 2018 la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares presentada por Carlos Ayala Corao y otros, instando a la Comisión que requiera al Estado de Venezuela la adopción de las medidas necesarias para proteger los derechos de Juan Carlos Requesens. Fueron aprobadas, pero las condiciones del parlamentario continuaron igual, según han denunciado sus familiares y abogados.
Juan Guaidó y su familia. El 25 de enero de 2019 la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Juan Gerardo Guaidó Márquez y los miembros de su núcleo familiar en Venezuela, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Roberto Marrero. El 27 de marzo de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección para Roberto Marrero y Sergio Vergara, el primero detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el segundo víctima de un allanamiento en su residencia por los organismos de seguridad a las órdenes de Nicolás Maduro.
Prisión y muerte
No es la primera vez que un preso político intenta suicidarse.
Boris Quiñones, un médico de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de la ciudad de Maracay, estado Aragua, fue detenido por la Poliaragua, el 2 de julio de 2017, junto a otros 26 estudiantes durante una protesta en las instalaciones de la universidad.
Él y los demás presos fueron juzgados por un tribunal militar. Los estudiantes fueron recluidos en dos recintos penitenciarios: la cárcel 26 de Julio y el Centro Penitenciario de Oriente, El Dorado, donde Quilo es fue encarcelado.
A pesar de que el tribunal militar ordenara su libertad bajo medidas cautelares, un juez dictó una nueva privativa de libertad y fue trasladado la cárcel de Tocuyito en el estado Carabobo.
Quiñones intentó quitarse la vida en dos oportunidades, una ingiriendo cloro y cuatro días más tarde, colgándose con una soga dentro de su celda. Los custodios lo encontraron y lograron reanimarlo.
