El gobierno de Nicolás Maduro abandonó la Comisión Interamericana como espacio de interlocución con otros países de la OEA y con representantes de la sociedad civil. Como representante del presidente Juan Guaidó, en las audiencias celebradas en Jamaica participó Mariano De Alba
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Francisco Eguiguren, relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Venezuela, alertó que el Estado venezolano dirigido por Nicolás Maduro no ha cumplido las medidas de protección acordadas durante el primer cuatrimestre de 2019 para preservar los derechos de venezolanos en situación de vulnerabilidad extrema.
“No hemos recibido ninguna comunicación por parte del Estado sobre las medidas cautelares. Suponemos que no hubo ninguna demostración de cumplimiento”, dijo Eguiguren en Jamaica, donde se celebra el 172° Perído de Sesiones de la CIDH.
Durante la audiencia especial para evaluar las referidas medidas de protección, los representantes de la sociedad civil venezolana confirmaron que el gobierno de Maduro continúa violentando los derechos humanos de las víctimas.
Entre las medidas desacatadas están las dictadas a favor del presidente de la República encargado, Juan Guaidó, luego de que fue detenido por funcionarios del Sebin, el 13 de enero de 2019, las cuales fueron extendidas a su familia por el acoso de los cuerpos de seguridad del Estado y en particular de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES).
La CIDH también ha solicitdo salvaguardar los derechos del secretario de Guiadó, Roberto Marrero, y de Sergio Vergara, quienes fueron detenidos luego de un allanamiento ejecutado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el 21 de marzo de 2019.
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Fabiana Rosales, esposa del presidente Guaidó, denunció que persiste el hostigamiento hacia su familia, así como las amenazas por parte del gobierno de Maduro. Asimismo, la esposa del diputado Roberto Marrero, Romy Moreno, aseguró que no ha podido ver a su esposo desde hace 45 días, por la suspensión de las visitas en el Helicoide. “No sabemos si a mi esposo le están dando sus medicinas para el asma”, agregó.
Los militares que se rebelaron contra Maduro el 21 de enero de 2019 y otros que han sido recluidos en los calabozos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) por su presunta participación en el supuesto magnicidio contra Maduro también cuentan con medidas de protección de la CIDH, que el Estado venezolano no ha cumplido.
Sobre las torturas hechas a los presos políticos en el Dgcim, Alonso Medina Roa, representante del Instituto Casla, señaló que el Ministerio Público no ha emprendido las investigaciones sobre los tratos crueles e inhumanos por parte del cuerpo de seguridad contra los detenidos. “En Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones públicas”, sostuvo.
Indígenas, periodistas, parturientas y recién nacidos
Tampoco han recibido protección los indígenas de la etnia Pemón que fueron atacados por funcionarios de los cuerpos de seguridad luego de participar en el ingreso de ayuda humanitaria, en febrero de 2019, así como tampoco el periodista Luis Carlos, quien fue arbitrariamente detenido y estuvo desparecido durante 18 horas, luego de que lo involucraron en el apagón generalizado que afectó al país a partir del 7 de marzo de 2019.
La CIDH también ha solicitado garantizar los derechos de usuarios y trabajadores de la Maternidad Concepción Palacios. Moraima Hernández, representante de la sociedad de médicos de ese centro de salud, informó directamente a los comisionados que actualmente no se cuentan con los insumos necesarios para atender a las personas que se tratan en las instalaciones del hospital.
“Si una paciente sufre una hemorragia no podemos atenderla. No podemos ofrecer un programa de alimentación eficiente. Solo se da almuerzo de lunes a viernes. Si una madre ingresa un fin de semana o feriado no recibe alimentos. No contamos con tubos de muestras, suministro regular de agua y de productos de limpieza y desinfección. Tampoco podemos realizar limpieza de colchones, al extremo de que hemos tenido que descartar camas por presencia de gusanos. Tenemos disponibles 127 camas, es decir, estamos operativos en 43%. En la Maternidad muere un niño cada 48 horas”, aseguró Hernández.
Agregó que los médicos y el personal de trabajadores de la salud están bajo seguimiento por parte de las autoridades gubernamentales por denunciar la emergencia humanitaria compleja. “Los médicos somos perseguidos por denunciar la crisis en los hospitales”, enfatizó.
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La prensa en la mira
Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público, explicó que la situación de la libertad de expresión en Venezuela sigue empeorando. “Desde 1999, el gobierno que considera como enemigo la libertad de expresión. En la actualidad continua ese pugilato. Es una disputa asimétrica. En este momento hay más violencia institucional”, sostuvo.
Destacó el bloqueo gubernamental de páginas web de noticias y redes sociales, para minimizar el flujo de información sobre el acontecer nacional. También, solicitó al Estado mayor trasparencia en la gestión de data por parte de la Asamblea Nacional, con el fin de avanzar en la documentación de las violaciones a los derechos humanos en el país.
Este último exhorto de Correa fue formulado directamente a Mariano De Alba, quien esta ocasión fungió como Agente del Estado venezolano, pero en representación de Juan Guaidó. El 27 de abril se formalizó el retiro de Venezuela de la OEA, por lo cual el gobierno de Maduro también abandono la CIDH como espacio de interlocución con el resto de los países del hemisferio y con los representantes de la sociedad civil.
“El hecho de que en este momento exista un régimen no democrático en Venezuela, no exime a los funcionarios públicos de respetar los derechos humanos de los venezolanos. El Estado debe cumplir sus obligaciones”, advirtió De Alba. “Las posibilidades del presidente Guaidó se encuentran seriamente limitadas por la usurpación de los poderes. Sin embargo, existe una entera disposición de documentar y solventar las violaciones a los derechos humanos, así como, garantizar la justicia y la reparación a las víctimas”, enfatizó.
