Las acciones contra los diputados opositores tienen como telón de fondo el recrudecimiento de la represión gubernamental. El abogado Omar Tosta advirtió que la sistematicidad y generalidad de los ataques corresponden a crímenes de lesa humanidad
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Ni los familiares ni los abogados de los diputados Gilber Caro y Edgar Zambrano saben dónde y cómo están. La única certeza es que ambos fueron detenidos por funcionarios de los cuerpos de seguridad, en ejecución de un recrudecimiento de la represión gubernamental contra los líderes de oposición.
En la reforma del Código Penal venezolano de 2000 se incluyó el delito de desaparición forzada de personas en los siguientes términos: “La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquier persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo, el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a veinticinco años de presidio”.
El artículo 181-A del Código Penal es claro. Negar información sobre el destino o la situación del detenido constituye el delito de desaparición forzada. Y en forma expresa se agrega: “El delito establecido en este artículo se considerará continuado mientras no se, establezca el destino o ubicación de la víctima”.
Caro, por segunda vez
Desde hace 17 días, no se sabe del paradero de Caro, quien fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la noche del 26 de abril. Theresly Malavé, una de sus defensoras, señaló que en este caso se ha violado el debido proceso. “Estamos en presencia de un caso de desaparición forzada”, afirmó sin dudas.
Es la segunda vez que Caro es detenido por razones políticas y al margen de los procesos establecidos en la Constitución para investigar, y juzgar a diputados por la presunta comisión de delitos en ele ejercicio de sus cargos. El 11 de enero de 2017 le imputaron los delitos de traición a la patria y sustracción de efectos de la Fuerza Armada Nacional Bolivarina (Fanb). El 3 de junio de 2018, fue excarcelado por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (lo cual confirma el origen político de su encarcelamiento) y quedó en libertad condicional.
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El 6 de mayo, diez días después de esta nueva detención arbitraria, el juez militar Jaime Montoya, del Tribunal Militar Sexto de Valencia, informó a los abogados sobre el revocamiento de la libertad condicional. “El juez informó que revocó la medida el 23 de abril porque el diputado no se presentó el día anterior. Es injusto. Ese juzgado estuvo cerrado por las vacaciones de Semana Santa. Además, desde que la jueza anterior se fuera de vacaciones y no regresara, no estaba operando”, enfatizó.
La abogada Malavé interpuso un recurso de amparo (hábeas corpus). “Uno de los funcionarios administrativos nos informó que por órdenes superiores no podían ingresar el recurso. Todo esto es una obstaculización del derecho a la defensa”, aseguró.
La defensa de Caro insiste en requerir información. Pero, en palabras de Malavé: “Ni el Tribunal sabe sobre el paradero de Gilber”.
Y ahora Zambrano
Edgar Zambrano, primer vicepresidente de la AN, fue detenido por funcionarios del Sebin la tarde del miércoles 8 de mayo, en las afueras de la sede del partido Acción Democrática, ubicada en La Florida, en Caracas.
Zambrano es uno de los siete diputados que fueron despojados de su inmunidad parlamentaria por la Asamblea Nacional Constituyente, durante la sesión del martes 7 de mayo. Previamente, el Tribunal Supremo de Justicia, mediante una interpretación acomodaticia de las normas, había determinado que no era necesario un antejuicio de mérito, porque Zambrano había sido detenido en comisión flagrante de un delito
No fue hasta el viernes 10 de mayo, que las autoridades informaron que sería presentado ante los tribunales penales de Caracas, para ser imputado por su participación en el alzamiento cívico militar del 30 de abril.
El vicepresidente de la Asamblea Nacional y cuatro personas más fueron privadas de libertad durante la madrugada del 10 de mayo, por el Tribunal Especial Segundo de Primera Instancia en Función de Control, con competencia en casos vinculados al terrorismo, de Caracas, sin la presencia de sus abogados, Lilia Camejo, Doria Benaim y Neida Pérez Morillo.
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Se estableció como sitio de reclusión la sede de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, para proceder a que se les designe formalmente como su defensa. Sin embargo, las defensoras de Zambrano no han recibido confirmación por parte de la jueza Carol Padilla. En definitiva, la defensa no sabe dónde ni cómo está su representado.
Para el abogado Omar Tosta el hecho de que las autoridades judiciales no hayan permitido que el diputado hable con sus abogados y familiares, representa una continuación del delito de desaparición forzada. En su opinión, el gobierno de Nicolás Maduro ha desarrollado una persecución contra sus adversarios, que ha adquirido carácter sistemático y generalizado, en los términos establecidos en el Estatuto de Roma sobre crímenes de lesa humanidad.
La noche del domingo 12 de mayo, la hija de Zambrano, Soley Zambrano, exigió a las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro una “fe de vida”, a través de un video que colgó en su cuenta de Twitter. Allí, la joven expresó que no ha tenido información sobre su padre, ni de su estado físico y su lugar de detención. “No nos quieren dar información de él. Queremos una fe de vida”, reiteró.
