Las presuntas ejecuciones extrajudiciales de menores de edad fueron oficialmente registradas como casos de “resistencia a la autoridad”. La situación fue advertida en el “Informe sobre muertes violentas y otras formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Venezuela”
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
287 niños, niñas y adolescentes, los que cabrían en diez salones de clase, murieron a manos de funcionarios policiales durante 2018. 20 eran menores de 12 años de edad.
Los decesos, oficialmente registrados como casos de “resistencia a la autoridad”, fueron analizados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) para el “Informe sobre muertes violentas y otras formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes en Venezuela” presentado por el Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), este viernes 17 de mayo.
Para Roberto Briceño León, director del OVV y uno de los autores del informe, las muertes de niños, niñas y adolescentes, catalogadas como resistencia a la autoridad, en verdad, corresponden a ejecuciones extrajudiciales. “La calificación que le dio el Estado a estas muertes de niños y niñas fue de resistencia a la autoridad, como justificación de la actuación de los cuerpos policiales, pero estas muertes se dieron bajo el contextos de la política bélica, violenta e inquisitoria de los cuerpos de seguridad, en donde los funcionarios actúan como jueces y verdugos. Son ejecuciones extrajudiciales”, afirmó Briceño León.
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Briceño León recordó en 2017 se registraron 108 ejecuciones extrajudiciales de niños, niñas y adolescentes, de modo que en un año aumentaron 265%.
El criminólogo cuestionó la actuación de los agentes estatales, quienes violaron uno de los principios fundamentales establecidos en la Ley de Servicios Policiales, artículo 65, numeral 9, que estipula: “Extremar las precauciones, cuando la actuación policial esté dirigida hacia los niños, niñas y adolescentes, así como hacia los adultos y adultas mayores y las personas con discapacidad, para garantizar su seguridad e integridad física, psíquica y moral”.
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“¿Cómo una niña o un niño se resiste a la autoridad? ¿Acaso ese niño o niña atentaba contra la vida del funcionario? Hablamos de funcionarios supuestamente capacitados, pero actúan de forma violenta contra niños y niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad”, examinó Briceño León.
Denunció que la calificación de estos hechos como resistencia a la autoridad revictimiza a los niños, niñas y adolescentes víctimas de la brutalidad policial. El Ministerio Público no investiga eficientemente los excesos y continúa “el mensaje bélico, violento y discriminatorio por parte de las autoridades del Estado”, acotó el experto.
A través de la investigación “100 sentencias de muerte”, Proiuris determinó que la Fiscalía General de la República no investiga 85% de las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
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En 2018 1.484 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados, lo cual equivale a 120 menores de edad por mes y cuatro por día. “Equivalen cuatro salones de clases asesinados cada mes del año. Son estimaciones que deberían estremecer la conciencia de la sociedad. 6% del total de muertes violentes en el país son muertes de niños, niñas y adolescentes”, enfatizó Carlos Trapani, director de Cecodap.
Violencia familiar
Angeyeimar Gil, trabajadora social, explicó que durante la investigación para el informe sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes, descubrió que, actualmente, los principales victimarios son los padres de las víctimas. “Vemos a mamá y papá siendo agresores, mucho más que antes”, agregó.
Enfatizó que debido al estrés producido por la emergencia humanitaria compleja, que obliga a las familias a buscar métodos de supervivencia, en muchos hogares aumentó la represión física de actos tan básicos como comer a destiempo.
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Señaló que hubo un incremento de la violencia por negligencia, abandono y desnutrición asociadas a las carencias económicas producto de la emergencia humanitaria compleja. “Estas realidades afectan el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, porque deben ser ingresados, en la mayoría de los casos, a Entidades de Atención y muchos de ellos deberán ser sometidos a procesos de Colocación Familiar en Familia Extendida o en Familia Sustituta. Esto interfiere en su derecho a ser criado y permanecer junto a su madre y padre. Adicionalmente, se ven afectados otros derechos relacionados con el desarrollo como la Identidad y la salud”, sostuvo.
