Como un aporte a la transición democrática que se procura a través del Plan País, Alí Daniels, de la ong Acceso a la Justicia, advirtió que se debe garantizar el debido proceso, incluso a aquellos jueces que hayan cometido infracciones graves
Reporte Proiuris
Edgar López
El saneamiento del sistema de administración de justicia venezolano es una tarea prioritaria del proceso de transición democrática que promueve la oposición liderada por el presidente Juan Guiadó, a través del Plan País.
Para Alí Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia y uno de los expertos reunidos este martes 21 de mayo en la Universidad Católica Andrés Bello para organizar las propuestas que nutrirán al Plan País en materia de reforma judicial, está claro por dónde empezar: por la recuperación de la independencia y autonomía de los operadores del sistema de administración de justicia y, principalmente, de los jueces. “Todos los problemas del Poder Judicial se resumen en cómo pones y quitas a los jueces”, expresó Daniels.
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Daniels advirtió que la “depuración” del Poder Judicial venezolano no puede convertirse en una “cacería de brujas”, como en su opinión, fue el proceso de emergencia judicial emprendido a partir de 1999, en el contexto del proceso constituyente que fundamentó la consolidación del chavismo en el poder.
“Se trata de una evaluación del desempeño de entre 3.100 y 3.200 jueces (no sabemos con precisión cuántos jueces hay en Venezuela, y eso es otra de las tareas pendientes), pero con todas las garantías del debido proceso”, advirtió el experto.
Como quiera que Acceso a la Justicia propone una comisión, Daniels insistió el diferenciarla de la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial derivada de la constituyente de 1999: “Aquella comisión destituyó a muchos jueces sin debido proceso. La idea es que en esta oportunidad puedan tener derecho a la defensa, aún en aquellos casos donde haya infracciones graves a la Constitución, como la afiliación de jueces al Psuv o retardos procesales injustificados”.
En paralelo a la evaluación del desempeño de todos los jueces, prosiguió Daniels, se deben reanudar los ingresos y ascensos en la carrera judicial por concursos de oposición, como lo establece la carta magna. Agregó que hay jurisdicciones menos comprometidas políticamente, como la correspondiente a niños, niñas y adolescentes, donde el proceso de depuración se podría adelantar más fácilmente.
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El director de Acceso a la Justicia admite que las primeras medidas que propone tendrán carácter provisional y serán ejecutadas por funcionarios designados con carácter provisional, a pesar de que la provisionalidad es la principal causa del déficit de independencia y autonomía. Según cálculos de la misma ong, 73% de los jueces desempeñan sus cargos con carácter provisional; es decir, fueron designados a dedo y no tienen estabilidad en sus cargos, de modo que son vulnerables a presiones extrajurídicas.
En ese sentido, como parte de las medidas de la transición a un Poder Judicial cabalmente ajustado a la Constitución, la sustitución de funcionarios en cargos claves, como jueces rectores y presidentes de circuitos judiciales, se realizaría partir de una evaluación rigurosa de sus credenciales, mientras todos obtienen sus cargos por concursos de oposición.
“Esto no va a ser de un día para otro. Tiene que haber un acuerdo político respecto del Poder Judicial, a fin de que en este proceso de transición se respeten las pautas establecidas en la Constitución sobre la idoneidad de los jueces. De lo contrario nos vamos a encontrar con los mismos escollos para recuperar la independencia judicial; es decir la injerencia indebida del poder político”, alertó Alí Daniels.
