Maduro omitió los planteamientos de fondo sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela y se concentró en descalificar a la Alta Comisionada, a la cual acusó de alinearse a los intereses de Estados Unidos
Reporte Proiuris
Edgar López
La airada reacción de Nicolás Maduro al informe elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documento en que se describen las gravísimas violaciones de derechos humanos en Venezuela, indica que el gobierno y todas las instituciones cooptadas por el oficialismo no acatarán las recomendaciones para detener las acciones u omisiones en perjuicio de la dignidad de los venezolanos.
A través de una misiva fechada el 11 de julio, Maduro se concentró en descalificar el trabajo de Bachelet y de su equipo en Venezuela: “Ha presentado usted un informe plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes; un reporte carente de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado que –a la vez presenta un panorama distorsionado de la situación de los derechos humanos en nuestro país- no recoge las informaciones y datos aportados por el Estado sino por manidas directrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial”.
Sobre el reclamo de equilibrio por parte del gobierno, Bachelet, en la conferencia de prensa que ofreció antes de partir de Venezuela, el 21 de junio de 2019, advirtió que no se trataba de política partidista, sino del sufrimiento de la gente, independientemente de si son afectas o no al oficialismo.
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En la misiva, Maduro nova al fondo de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Niega la existencia de una emergencia humanitaria en el país y culpa de todos los males que sufren los venezolanos al gobierno de Estados Unidos y, en general, a lo que él llama la derecha internacional. “Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington, que agrede simbólicamente a Venezuela al repetir el guión acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria…”.
Maduro no se refiere a que 96% de los presuntos violadores de derechos humanos están libres por la ineficiencia de las investigaciones que habría realizado el Ministerio Público, según se desprende de los datos estadísticos suministrados a Bachelet por el propio fiscal general de la República designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab.
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Maduro no habla de las ejecuciones extrajudiciales atribuidas a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, ni de los niños, niñas y adolescentes que han muerto en espera de un trasplante, ni de los más de 4 millones de venezolanos que han huido del país .
Sobre situaciones concretas, Maduro apenas se refiere al carnet de la patria y solo para negar que sea un mecanismo de control social, con lo cual desconoce la sujeción de los subsidios que otorga el Estado a la lealtad al chavismo, que, sobre todo, se pone de manifiesto en procesos electorales.
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Maduro asegura que el informe de Bachelet le hace daño al pueblo, en vez de indicar con precisión qué medidas ha de tomar el gobierno que ilegítimamente ejerce para atender las urgencias de los venezolanos, que en los casos más extremos, ponen en riesgo su vida.
En todo caso, las recomendaciones de Bachelet siguen vigentes, pues corresponden a la profundización de la emergencia humanitaria compleja que afecta a todos los venezolanos, especialmente a los sectores de la población en situación de mayor vulnerabilidad.
Entre la lista de tareas pendientes indicadas en el informe de Bachelet destacan diez:
1.- Garantizar la disponibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y servicios de atención a la salud, así como que los programas sociales se implementen de manera “transparente, no politizada y no discriminatorio y, además, sujetos a supervisión y rendición de cuentas.
2.- Detener las ejecuciones judiciales y torturas
3.- Investigar y sancionar las violaciones de derechos humanos de pueblos y comunidades indígenas.
4.- Liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente.
5.- Detener la persecución y la represión selectiva por razones políticas.
6.- Disolver las FAES.
7.- Garantizar la independencia de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo.
8.- Garantizar el acceso a la justicia y la reparación de daños por violaciones de derechos humanos.
9.- Revocar las clausuras de medios de comunicación.
- Desarmar a los “colectivos oficialistas” e investigar y sancionar sus delitos.
