La presidenta de Uniandes, Rosa Acevedo, manifestó su rechazo a los obstáculos impuestos por el gobierno de Ecuador a los que huyen de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela
Reporte Proiuris
Alejandro Romero
Tras la entrada en vigencia del decreto 826, que exige una visa humanitaria a los venezolanos para ingresar a Ecuador, la presidenta de la Asociación Civil Uniandes, Rosa Acevedo, alertó sobre el incremento de la vulnerabilidad en que se encuentran los migrantes venezolanos que intentan cruzar la frontera colombo ecuatoriana.
La advertencia de Acevedo se fundamenta en la tensión entre un grupo de venezolanos que insistían en ingresar al país sin el nuevo documento y los cuerpos de seguridad que les cerraban el paso, en la víspera de la entrada en vigencia del referido decreto. Christian Krüger Sarmiento, Director General de Migración Colombia, informó que entre el 24 y el 25 de agosto 11 mil venezolanos ingresaron a Ecuador a través del Puente internacional de Rumichaca.
Según Acevedo, los migrantes insisten en avanzar hasta Ecuador para reunirse con sus familiares, sobre todo luego de que muchos agotaran los fondos económicos que disponían para el viaje y quedaran varados en la zona limítrofe.
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“En este tipo de situaciones las bandas organizadas de tráfico de personas encuentran sus víctimas con mayor facilidad. Todos los grupos son vulnerables, especialmente si hay mujeres y niñas”, precisa Acevedo.
La visa humanitaria implica la previa obtención de otros documentos y trámites engorrosos (pasaporte original, apostillado), así como el pago de 50 dólares por gestión, monto que Acevedo considera “inalcanzable” para la mayoría de los migrantes que salen de Venezuela en situación de extrema precariedad económica.
Ecuador se suma a un grupo de países de América Latina (Chile, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras y Perú), que han implementado el visado como requisito de ingreso de venezolanos a sus territorios.
“Estas medidas violan las obligaciones de esos países en materia de derechos humanos y derechos de los migrantes. En el caso de Ecuador, la restricción la sufren principalmente los venezolanos con bajos recursos económicos y un nivel educativo básico, una población en condiciones críticas”, indicó Acevedo.
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A través de un comunicado conjunto, las organizaciones no gubernamentales integrantes del grupo de trabajo Movilidad Humana Venezolana, advirtieron que estos obstáculos “obedecen a una tendencia regional que contradice los compromisos políticos a los que los mismos Estados se comprometieron por medio del Proceso de Quito”.
El comunicado también señala que se violenta “el principio de no devolución y la no admisión, lo que pone en riesgo otros derechos fundamentales como la vida, libertad e integridad de quienes se ven forzados a abandonar Venezuela, en contravención a las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano en materia de derechos humanos”.
