Nacionales, Reportes

Dos muertos durante el motín de la Zona 7 de Boleita

Familiares de los privados de libertad denunciaron las condiciones inhumanas en las que viven los detenidos.  Erick José Gastón, de 24 años de edad, y Javier Román Castillo, de 34 años, fueron asesinados por los detenidos durante la revuelta

Reporte Proiuris

Erick S. González Caldea

Dos privados de libertad asesinados y un número indeterminado de  heridos fue el resultado del motín realizado por los detenidos dentro del Centro de Detención Preventiva Boleíta, conocido como la Zona 7, en Caracas, desde la noche del martes 3 de septiembre, debido a la falta de traslados a los tribunales, acceso a medicinas y corrupción por parte de los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana a cargo de su custodia.

Los fallecidos fueron identificados como Erick José Gastón, de 24 años de edad, y Javier Román Castillo, de 34 años, quienes fueron asesinados por los privados de libertad durante la revuelta.

Durante 18 horas, los familiares de los recluidos permanecieron a las afueras de la sede policial. Denunciaron los malos tratos recibidos por parte de los funcionarios de la PNB, así como las condiciones insalubres y el hacinamiento en el que viven sus familiares detenidos.

Los familiares relataron que la noche del martes, durante el  horario de visita, los presos se amotinaron por las condiciones del lugar y los funcionarios policiales lanzaron bombas lacrimógenas. “Temíamos que se generara una masacre por eso comenzamos a denunciar y pedir que llegaran a fiscales del Ministerio Público”, explicó Carmen Vallenilla, madre de Joandri Vallenilla, detenido desde hace un año.

Funcionarios de la PNB mantuvieron el piquete para impedir el paso de los familiares al centro de detención | Foto: Alan Márquez 

Para las 10:00 am,  del miércoles, luego de casi 15 horas sin recibir información de los privados de libertad, nuevamente los allegados comenzaron protestar contra los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, en la calle, con el fin de entrar a las instalaciones. Lanzaron botellas de agua contra los oficiales que mantenían el piquete que da acceso al área.

Luisa Poncho, madre de Florentino Antonio Poncho, de 33 años de edad, quien está detenido desde hace 3 años en la Zona 7, fue una de las pocas madres que pudo ingresar la mañana de este miércoles 4 de septiembre al centro de detención preventiva, una vez controlada la situación.

“Vi dos muertos. Pero no nos querían dar más información, solo eso. Lo que piden los presos es que se les hagan los traslados a tribunales y penales correspondiente, porque están hacinados”, explicó Poncho.

Muerto por un robo

Armelis Hernández, esposa de Erick José Gastón, recibió la noticia de que su pareja fue asesinada una hora después de abandonar la Zona 7, la noche del martes 3 de septiembre. “Me llamaron de la misma celda, uno de los presos, para avisarme que mataron a Erick. No solo eso, también me dijo que lo confundieron con un violador; y no lo era”, señaló.

Hernández explicó que su pareja fue detenida el 9 de agosto de 2018 por del delito de hurto agravado, en Guarenas. Desde el 12 de agosto de ese año estuvo detenido en Boleíta. “Quiero que el mundo sepa que él no era ningún violador. Lo mataron porque su causa había robado un teléfono y se vengaron con él”, sostuvo.

Hernández quedó a cargo de sus tres hijos, no tiene un hogar fijo ni empleo | Foto: Alan Márquez 

Explicó que los hechos ocurrieron durante el motín. Detalló que los privados de libertad lo decapitaron. “Sé que hay otro muerto, que supuestamente era un violador, pero no entiendo porque me lo mataron así”, sostuvo.

Aseguró que las condiciones dentro de las instalaciones son inhumanas. “Hay que pagar para pasar todo: ropa, comida, agua, hasta los niños”, agregó.

Gastón dejó tres niños de 5, 4 y un año de edad. Actualmente su familia está en situación de calle. “No tenemos lugar fijo para vivir. Solo comemos de la colaboración de los vecinos y algunos amigos. Es muy duro; a veces no tenía dinero para pasar la comida de mi esposo. Eso me dolía mucho”, sostuvo.

También puedes leer: CIDH preocupada por la vida e integridad personal de los presos políticos

“Solo quieren dólares”

Carlos Villarroel, padre de Junior Villarroel, de 25 años de edad, viaja cada dos meses desde Maturín, estado Monagas para poder visitar a su hijo, quien está detenido desde octubre del año pasado, por la presunta posesión de drogas.

El anciano, de 60 años de edad, explicó que tiene que quedarse en una habitación durante algunas semanas en Caracas para colectar comida y dársela a su hijo. Pero, debido a las “reglas” impuestas por los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, también debe gastar su dinero en comprar dólares.

“De donde voy a sacar dólares para pagarle a los policías. Nos cobran entre 10 y 40 dólares, depende mucho del oficial que este ese día de guardia. Es muy difícil”, explicó Villarroel.

A Junior Villarroel se le ha diferido su juicio ocho veces porque los acusadores no han ido a la sede de los tribuales. “A mi hijo lo sembraron malamente, porque ese día los funcionarios de las FAES no encontraron nada”, sostuvo su padre.

Luisa Poncho agregó que los agentes de la PNB les cobran a las familias para hacer cambios dentro de las celdas o tener el “derecho” de dormir en una colchoneta.

“Nos cobran por todo, para verlos, para llevarles comidas o medicinas, hasta para pasar a los niños. Y ya no es en bolívares, sino en dólares, 20, 30 o 50 dólares. Solo quieren dólares”, agregó.

Sostuvo que, debido al motín, no pudieron ingresar comida la mañana de este miércoles. “Mi hijo no come desde ayer, cuando lo trasladaron a los tribunales. No lo veo desde la tarde de ayer. Sé que está bien, pero, para los que están allá dentro no se sabe nunca”, enfatizó.

También puedes leer: “Las mujeres son quienes más sufren en las cárceles venezolanas”

Hacinamiento y encierro

“Estamos desde ayer aquí, no nos dicen nada. Solo que están bien. Realmente no creemos lo que dice la policía. No sabemos qué pasa allá. Los que están detenidos allí viven en condiciones inhumanas”, explicó Joan Alfonso, familiar de uno de los detenidos, quien explicó que muchos tienen que dormir de pie por la falta de espacio en las celdas.

Actualmente, dentro del Centro de Detención Preventiva, hay 958 privados de libertad, pero solo tiene capacidad para 250, según el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Luego de las conversaciones con los funcionarios de la PNB, se acordó enviarles agua a los detenidos luego del motín | foto: Alan Márquez

“Desde que el Ministerio de Servicio Penitenciario se ha dado a la tarea de cerrar los cupos en las cárceles, los calabozos de los distintos organismos de seguridad se han llenado de presos creando gran hacinamiento, y uno de los más críticos es el de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) ubicado en la Zona 7 de Boleíta en Caracas”, denunció el OVP, a propósito del motín ocurrido desde la noche del 3 de septiembre.

“No cuentan con ventilación, no tienen acceso a la luz solar y deben pagar por todo, por lo que, tras ponerse de acuerdo, comenzaron a alzarse dentro de las celdas”, indicó la ONG.

Fuentes policiales informaron que en horas de la tarde de este miércoles 4 de septiembre serían trasladados 100 privados de libertad de la Zona 7 al Centro de Penitenciario Cárcel San Francisco de Yare, en Yare, estado Miranda.

Related Posts

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.