Durante el 42° periodo de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, fue aprobado el proyecto de resolución “Fortalecimiento de la cooperación y asistencia técnica en el campo de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, debe mantener el escrutinio ante la documentación de las violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Esta fue una de las solicitudes hechas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas al Estado venezolano, durante el 42° Perí celebrado este 26 de septiembre en Ginebra, Suiza.
En el documento aprobado se estipula que la Alta Comisionada debe presentar una actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, así como un informe escrito exhaustivo sobre la situación de los derechos humanos en su cuadragésimo cuarto período de sesiones, ante al Consejo de Derechos Humanos, en sus períodos de sesiones 43° y 45 °, antes de finales de 2019.
“Deben estar incluidos los resultados de la investigación sobre el terreno de las denuncias de posibles violaciones de los derechos humanos a los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral en el país, garantizar la responsabilidad de los autores y la reparación de las víctimas”, se lee en el documento aprobado.
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Los exhortos a Bachelet forman parte de la resolución “Fortalecimiento de la cooperación y asistencia técnica en el campo de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela”, la cual fue aprobada con 18 votos a favor, 23 abstenciones y seis votos en contra.
Los representantes de Perú, Argentina y Brasil consideraron que el documento es demasiado transigente con Venezuela. “Esto hará que su gobierno no asuma ninguna responsabilidad por las graves violaciones de derechos humanos», reiteraron en conjunto.
Los países de la Unión Europea, por su parte, optaron por abstenerse. “Consideramos que el documento no era suficiente a la hora de responder a la gravedad de la situación en Venezuela», afirmó el embajador danés en representación de los Veintiocho Estados.
“Es responsabilidad primordial del Estado respetar, proteger y garantizar el pleno disfrute de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de su pueblo”, explicó el Consejo de Derechos Humanos, a través de un comunicado.
La resolución aprobada solicita a Venezuela que acate y cumpla con las recomendaciones hechas en el informe presentado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, tras su visita en Venezuela en junio de 2019.
Además, en el documento, la ONU acogió la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de permitir el ingreso de ayuda humanitaria, así como dar acceso ilimitado a los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a los lugares que requieran para documentar violaciones de derechos humanos.
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Sin embargo, instó al Estado venezolano a tomar las medidas necesarias para garantizar el pleno disfrute del derecho a la alimentación, el agua y el más alto nivel posible de salud física y mental, “incluido el acceso a medicamentos esenciales y servicios de salud, sin discriminación”.
El Consejo hizo un llamado al gobierno de Venezuela a continuar cooperando con la Oficina del Alto Comisionado. Pidió a las autoridades venezolanas que cooperen con los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos en el cumplimiento de sus respectivos mandatos y que extiendan una invitación a los titulares de mandatos, según lo acordado con la Oficina del Alto Comisionado.
En el quinto punto, solicitaron: “Acoger con beneplácito los esfuerzos de la República Bolivariana de Venezuela para aplicar las recomendaciones aceptadas durante el segundo ciclo del examen periódico universal, y alienta al Estado a seguir colaborando con el mecanismo”.
En cuanto a la ayuda humanitaria, necesaria para afrontar la emergencia humanitaria compleja que azota al país, se le solicitó al Estado a autorizar gradualmente la asistencia humanitaria de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales pertinentes. El Consejo de Derechos Humanos también “solicita a los gobiernos que faciliten su aplicación y pide a la comunidad internacional, los Estados y los organismos de las Naciones Unidas que apoyen esta importante iniciativa”.
El Consejo de Derechos Humanos se refirió a las sanciones económicas impuestas al gobierno de Nicolás Maduro. “Expresa su preocupación por la imposición de medidas coercitivas unilaterales extraterritoriales en la República Bolivariana de Venezuela, que han exacerbado aún más los efectos de la crisis económica y, por lo tanto, la situación humanitaria del pueblo venezolano”, se lee.
