Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granko y Hannover Esteban Guerrero, son los funcionarios del Dgcim presuntamente relacionados con la muerte del capitán de corbeta y que fueron sancionados por el Consejo de la Unión Europea
Reporte Proiuris
El Consejo de la Unión Europea agregó a siete miembros de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano a su lista de sancionados por las violaciones de los derechos humanos a los ciudadanos, cuatros de ellos presuntamente implicados en las torturas y posterior muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
Las medidas incluyen la prohibición de viajar a los países del bloque regional y el congelamiento de activos en territorio europeo. “Las personas enumeradas están involucradas en torturas y otras violaciones graves de los derechos humanos. Cuatro de ellos están relacionados con la muerte del capitán Acosta Arévalo”, declaró la UE a través de un comunicado.
Los cuatro funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), sancionados por la muerte del capitán de corbeta, fueron identificados como: Rafael Ramón Blanco, Rafael Antonio Franco, Alexander Enrique Granko y Hannover Esteban Guerrero.
La lista la completan: Néstor Blanco, de la Guardia Nacional Bolivariana; Alexis Enrique Escalona, del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro, y Carlos Calderón, del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), relacionados con las denuncias de torturas ocurridas contra los presos políticos, según informó el Consejo de la UE.
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Acosta Arévalo falleció el 29 de junio, luego de permanecer una semana detenido en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El gobierno de Nicolás Maduro lo vinculaba a un supuesto grupo subversivo integrado por otros militares retirados y dirigido por el presidente encargado Juan Guaidó, que habría planeado un golpe de Estado que se ejecutaría el 23 de junio.
Tras la actualización hecha por los países de la Unión Europea, el número de sancionados por el bloque aumentó a 25, entre ellos está Delcy Rodríguez, vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro.
“Es un seguimiento directo de la declaración emitida por el Alto Representante en nombre de la UE el 16 de julio de 2019, donde la UE indicó que estaba lista para comenzar a trabajar para aplicar medidas específicas para aquellos miembros de las fuerzas de seguridad involucradas en la tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos”, se lee en el comunicado.
Las primeras medidas restrictivas de la UE sobre Venezuela comenzaron el noviembre de 2019, las cuales incluyeron un embargo de armas y equipos para la represión interna, así como una prohibición de viajar a los países de la Unión Europea y un congelamiento de activos, a las personas incluidas en la lista.
“Estas medidas restrictivas están destinadas a fomentar una solución pacífica, política y democrática, a través de elecciones presidenciales creíbles, transparentes y supervisadas internacionalmente, que conduzcan al restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en Venezuela. Son flexibles y reversibles y están diseñados para no dañar a la población venezolana”, concluyó la Unión Europea.
