A un año de la muerte del concejal Fernando Albán, sus familiares y abogados insisten en que el dirigente opositor fue asesinado por funcionarios del Sebin
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
Este 8 de octubre se cumplió un año del fallecimiento del concejal Fernando Albán. Los familiares insisten en que el dirigente opositor no se suicidó sino que fue asesinado por los funcionarios del Sebin que lo mantenían bajo prisión. Sin embargo, la representación legal de los deudos no ha tenido acceso al expediente, denunció el abogado Ramón Alfredo Aguilar.
“La Fiscalía General de la República no nos ha permitido el acceso al expediente. Hemos hecho más de 50 solicitudes para que sea entregado el expediente a la defensa con el fin de adelantar las investigaciones relacionadas con el asesinato del concejal”, señaló Aguilar, quien está exiliado en Colombia, debido a las persecuciones por parte el gobierno de Nicolás Maduro.
Dijo que también formalizaron solicitudes a la jueza Carol Padilla, a cargo del Tribunal Especial 1 de Control en Materia de Terrorismo, para que se repitiera la autopsia de Albán, esta vez con estricto apego a los estándares establecidos en el Protocolo de Minnesota. “La autopsia debe ser practicada por médicos forenses independientes, y también tiene que estar la representación de la familia, para, de una vez, confirmar los indicios de torturas que mostraba el expediente”, sostuvo Aguilar.
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Las dudas sobre la posibilidad de que el concejal Fernando Albán haya sido sometido a torturas antes de su muerte podrían disiparse a través de una exhumación realizada con rigor técnico por expertos independientes.
El concejal Albán fue detenido la tarde del viernes 5 de octubre de 2018 en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del Sebin, cuando regresaba de Estados Unidos luego de visitar a unos familiares. Sus allegados denunciaron el domingo 7 de octubre que desconocían su paradero y exigían les informaran dónde se encontraba recluido.
Aquel domingo, el ministro de Relaciones de Interior y Justicia, Néstor Reverol, aseguró, a las 4:00 p.m. en su cuenta de Twitter, que Albán iba a ser trasladado a los Tribunales de control para ser presentado ante un juez y que se llevaría a cabo la audiencia de presentación.
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El lunes 8 de octubre, el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab y el ministro Reverol, aseguraron que esa tarde, que el concejal del Distrito Capital, Fernando Albán, se lanzó desde el piso 10 de la sede del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela.
Los familiares del edil descartan la tesis oficial, pues aseguraron que Albán no demostraba señales de un estado emocional que lo condujera al suicidio. Joel García, representante legal del fallecido, llamó la atención sobre el apresuramiento con que se realizó la autopsia.
El acta de defunción del concejal Albán indica que murió por traumatismo craneoencefálico severo, shock hipovolémico y traumatismos toraco-abdomino-pélvico cerrado por caída de altura.
“Tenemos fundados indicios de que fue un asesinato, porque su cuerpo fue encontrado sin esposas y sin zapatos. Si hubiera sido un traslado a tribunales debería estar calzado. Además, hay indicios de tortura por electrochoque”, señaló.
Explicó que la defensa necesita participar en una segunda autopsia y verificar, a través de las fotos del cadáver de Albán, las torturas que sufrió. “Estamos por confirmar si Fernando falleció por asfixia mecánica, antes de ser lanzado por la ventana del Sebin…”, aseguró.
Enfatizó que ha consultado con varios expertos quienes afirman que en el cuerpo del concejal existen marcas que corresponden a tortura con electrocución. “Hay indicios de que fue asfixiado y de que estuvo varias horas en una sola posición. Así pues, en vez de morir por caída de altura, habría sido arrojado al vacío después de morir por torturas”, señaló.
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El 3 de septiembre de 2019, el Ministerio Público acusó al inspector Miguel David Dos Santos Rodríguez, de 29 años, y al detective Keyberth José Cirelli Moreno, de 30 años, ambos funcionarios Sebin, por incumplimiento de mecanismos de seguridad, durante la custodia del concejal del municipio Libertador, Fernando Albán. La pena por este delito no excede los seis meses de cárcel.
El argumento de la Fiscalía fue que los funcionarios “no consultaron a sus superiores al momento de despojar de las esposas al concejal ni tampoco activaron otros mecanismos durante su custodia”.
Para Aguilar, esa acusación representa una burla para la familia y para todos los deudos de Albán. “Todo esto terminó como una parodia del proceso penal. La falsa de acusar a los funcionarios por incumplimiento de mecanismo de seguridad, no tiene nada que ver con la muerte y tortura de Albán. Nunca estuvieron detenido ni estarán, los delitos que ocurrieron fueron otros. Fue homicidio”, explicó el abogado.
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