Mediante la documentación directa de casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales, Proiuris confirmó la sistematicidad de los abusos policiales y militares contra sectores empobrecidos de la población venezolana. El Estado se aparta de los estándares internacionales y nacionales sobre el uso progresivo, proporcional y diferenciado de la fuerza pública y públicamente respalda la actuación brutal de organismos como las FAES
