El anuncio fue hecho este lunes 2 de diciembre por Coly Seck, presidente del Concejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, quien informó que el grupo lo conformarán Marta Valiñas, de Portugal, Francisco Cox, de Chile, y Paul Seils, de Irlanda
Reporte Proiuris
Erick S. González Caldea
El presidente del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Coly Seck, anunció la composición de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos para investigar las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas en Venezuela.
El anuncio fue hecho este lunes 2 de diciembre por Seck, quien informó que el grupo está conformado por Marta Valiñas, de Portugal, Francisco Cox, de Chile, y Paul Seils, de Irlanda.
Valiñas, quien presidirá la misión, es especialista en democracia y justicia transicional, con experiencia en el caso Yugoslavia; Cox, fue experto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ayotzinapa, en México; mientras que Seils lidera el Programa de Conflicto, Justicia y Reconciliación, del Instituto Europeo de Paz.
La decisión de crear la misión de investigación fue tomada en el contexto del 42° Período de Sesiones, celebrado del 9 al 27 de septiembre de 2019, a través de la resolución A/HRC/42, con base en el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, así como el seguimiento que realiza su oficina a la situación de los derechos humanos en Venezuela.
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La Misión tiene como mandato expreso “asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”. El Concejo de Derechos Humanos estableció un plazo inicial de un año para realizar su labor y sus miembros serán designados por el Presidente del Consejo de Derechos Humanos.
Uno de los principales asuntos que investigará la ONU serán las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales en el país. Proiuris, a través del análisis de 51 casos de presuntas ejecuciones, identificó 16 mecanismos habituales en la actuación de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, fiscales y jueces.
En cinco meses las FAES fueron responsables de 167 muertes de ciudadanos en presuntos enfrentamientos, de los 269 fallecidos registrados y documentados en la investigación.
